Como ya adelantó ayer Confilegal, la asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), segunda en orden de importancia por su número de afiliados, ha calificado hoy de «correcta y ajustada a derecho» la personación del Gobierno en el procedimiento judicial que se sigue ante los tribunales de Bélgica por la demanda presentada contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
Las 6 asociaciones restantes de jueces y fiscales no coinciden con este pronunciamiento y reprochan al Ejecutivo su «dejación de funciones» en su decisión de no defender a Llarena, así como el «desconocimiento absoluto» de los trámites procesales de la Justicia belga en la demanda contra el magistrado.
JJpD, a través de un breve comunicado remitido hoy, destaca»su compromiso en defensa de la soberanía e integridad de la jurisdicción española».
Y manifiesta su «rotunda oposición al uso de las normas y mecanismos judiciales para lograr el enjuiciamiento ante tribunales extranjeros de un magistrado español por los actos realizados en ejercicio de sus funciones».
‘Ciudadano’ Llarena
Asimismo, según las declaraciones hechas ayer a este medio, JJpD hace hincapié en que es «razonable, aunque innecesaria, la referencia de que se distinga al juez Llarena del ciudadano Llarena”.
«No estamos ante un caso de independencia judicial sino de defensa de la soberanía del Estado y de inmunidad de jurisdicción», añaden.
Hay que recordar que Pablo Llarena fue presidente de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) entre 2012 y 2014.
