Los opositores de Gestión y Tramitación del ‘territorio Justicia’ siguen batallando para no ir obligados a Baleares
El Ministerio de Justicia está distribuido en tres edificios a lo largo de la madrileña calle de San Bernardo; este es el principal. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Los opositores de Gestión y Tramitación del ‘territorio Justicia’ siguen batallando para no ir obligados a Baleares

Han interpuesto un recurso de reposición contra el Concurso de traslados de 2018
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27/8/2018 06:15
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Actualizado: 26/8/2018 23:04
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El pasado 10 de agosto se confirmaban los peores presagios para los más de 300 opositores de Gestión y Tramitación Procesal dentro del ámbito del Ministerio de Justicia al ver reflejada en la publicación del BOE su «condena» a irse obligados a las Islas Baleares como primer destino y no poder elegir en qué juzgados trabajar dentro de las otras 4 CCAA no transferidas, como son Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia, más Ceuta y Melilla.

Para parar lo inevitable, a principios de agosto presentaron un escrito al Ministerio de Justicia solicitando que se les ofertaran todas las plazas sobrantes del concurso de traslado de 2017 y que han sido incluidas en el concurso de traslado de 2018, y que tuvieran la oportunidad de elegir dónde quieren trabajar.

Sin embargo, el departamento que dirige Dolores Delgado dice que no ha tenido «margen legal de maniobra” porque «es una oposición diseñada y cerrada por el anterior equipo”.

Así, el 70% de los puestos ofertados a quienes han superado este proceso selectivo no es que les obligue a salir de sus provincias, algo con lo que ya cuentan, sino a irse a Baleares.

Las razones,  según ha explicado una de las opositoras afectadas a Confielgal, tienen que ver con los retrasos en las diferentes convocatorias y la altísima temporalidad que existe en Baleares y que “el Ministerio quiere solucionar a nuestra costa”.

Las consecuencias sobre ellos son directas: con un salario medio de 1.200 euros y un complemento de destino medio de 80 euros no pueden hacer frente a los costes que supone vivir en un lugar tan turístico como Baleares donde la poca disponibilidad de alquileres y su elevado precio hacen que tenerse que ubicar en un plazo de 20 días desde que se publique la resolución de destino definitivo sea todo un problema.

En lugares como Ceuta o Melilla el complemento alcanza los 670 euros.

Los aprobados para los diferentes cuerpos mencionados que han obtenido su plaza en este año pertenecen a la convocatoria correspondiente a la Oferta de Empleo Público (OEP) para el año 2016 y coincide, además, con la convocada para el Concurso de traslados 2018.

Recurso contra el concurso de traslados 2018

Ahora como nueva medida de presión, y antes de que se agote el plazo legalmente establecido de un mes, han interpuesto un recurso de reposición ante el Ministerio de Justicia contra la Orden JUS/779/2018, de 6 de julio y publicada en el BOE el 23 de julio de 2018, que convoca el Concurso de traslados 2018 porque, según han manifestado a este medio, tras desgranar todas las plazas ofertadas en este concurso y las ofrecidas a resultas, han averiguado que en estas últimas también se han incluido vacantes de península «para así no ofertárnoslas a nosotros».

En el texto del recurso al que ha tenido acceso CONFILEGAL, este grupo de opositores exige su «derecho constitucional a la igualdad en el acceso a la función pública» y poder así optar a las plazas desiertas ocupadas por funcionarios interinos que, dicen han sido ofertadas en «la inmensa mayoría a los funcionarios del Concurso de traslados 2018, bien en condición de vacantes o en condición de resultas».

Y es que una vez hechas las estimaciones con concursos de traslados de años anteriores, entienden que la de 2018 «ha sido desproporcionada y premeditada y, por tanto, manifiestamente ilegal».

Lo que para ellos justifica el recurso es que en la oferta de vacantes del Concurso de traslados 2018 se ha ofertado la mayoría de vacantes de 2018 para destinos a elegir por los cuerpos de Gestión y Tramitación promoción interna y que, posteriormente, se ofertarán a libre. Se detraerán a los aspirantes aprobados del cuerpo de Auxilio Judicial de la OEP 2016, «haciéndonos una posible oferta de destinos mínima en Península y ofertándonos un elevadísimo porcentaje de vacantes en Islas Baleares para así elegirlo como destino forzoso y no poder optar a las cientos de vacantes desiertas en el resto de Península de las que sabemos que están ocupadas en gran número por personal interino».

Bajo su criterio, esto quebranta el principio de proporcionalidad y obliga a la gran mayoría de aspirantes aprobados de la OEP 2016 a elegir con carácter forzoso como destino alguna de las vacantes de Islas Baleares, sin poder optar a más vacantes desiertas en el resto de Península».

«No existen precedentes de lo que está ocurriendo deliberadamente, por eso exigimos la igualdad que nos corresponde de poder elegir las vacantes desiertas o que se haga de manera proporcional y no de manera forzosa para solventar un problema que este Ministerio comporta, solventándolo de manera injusta y desigual, sin obedecer a causas justificables y proporcionadas y por tanto constitucionalmente inadmisibles», denuncian.

Tasa de temporalidad

Las OEP de 2017 a 2019 serán concurso oposición con el objeto de lograr, como mínimo, una tasa de temporalidad inferior al 8% en el conjunto de la Administración de Justicia incluido el ‘territorio Justicia’, es decir, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares, más Ceuta y Melilla que no tienen las competencias transferidas.

Fue el compromiso del exministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, con las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSI-F incorporando un proceso de estabilización del empleo temporal para reducir la tasa de temporalidad en tres años. En este acuerdo la Administración de Justicia se consideró un sector prioritario con una tasa de reposición prevista del 100%.

A fecha 1 de marzo de 2018, este objetivo de reducción de la temporalidad se recoge en los diferentes Cuerpos, según datos del Ministerio de Justicia.

Los Presupuestos de 2016 fijaron el cómputo de la tasa de reposición en la Administración de Justicia y con un número máximo de plazas autorizado en función del total de plazas de plantilla aprobadas con dotación presupuestaria, ocupadas por funcionarios interinos durante al menos los 3 últimos años.

En consecuencia, se autorizó la OEP en aquellos cuerpos de funcionarios en el que el porcentaje de plazas con este tipo de ocupación superara el 8% del total y un número máximo que, acumulado para todos los cuerpos, no podría ser superior al 20% de las vacantes.

‘Mala fe’ de la Administración en la discrecionalidad 

También los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia (Gestión, Tramitación y Auxilio) se fijaron según estos criterios, con lo que la OEP 2016 en cuanto a promoción interna y turno libre se publicó con 178 plazas para gestión; 294 para tramitación; y 186 para auxilio.

No obstante, había que tener en cuenta que los puestos de trabajo que se ofertaran a los funcionarios de nuevo ingreso debían haber sido objeto de concurso de traslado previo entre los funcionarios.

El 8 de febrero de 2018 se hizo pública la resolución del concurso de traslados 2017.

Y, según se recoge en el recurso, parece que las vacantes declaradas desiertas tras la adjudicación de plazas a los funcionarios de este concurso no se ofertaron «en su gran mayoría» a los aprobados de la OEP 2016.

«Hemos comprobado que la inmensa mayoría de vacantes han vuelto a ser ofertadas en Concurso de traslados 2018, además de darnos cuenta de que incluso vacantes ofertadas y no adjudicadas para los aspirantes de nuevo ingreso de la OEP 2015 han sido ofertadas como resultas en el concurso de traslados 2018», explican.

Las vacantes ofertadas en condición de resultas se consideran vacantes supeditadas a que un titular de esa vacante ofertada como resulta obtenga destino en otra vacante.

Por todo ello, este grupo de opositores afirma que ha habido «mala fe» en la discrecionalidad de la Administración de Justicia a la hora de ofertar las posibles vacantes a los aprobados en la OEP 2016, «ya que se han incluido como vacantes condicionadas a resultas, aquellas desiertas de anteriores ofertas de empleo público y concursos».

Desigualdad e injustificada autoorganización

Tal como se recoge en el recurso, los opositores consideran vulnerado su derecho a la igualdad como ciudadanos y en el acceso al empleo público, al ofertar en el Concurso de traslados 2018 y «de manera desproporcionada» en comparación a los aprobados en la oferta de 2016 la mayoría de vacantes en la Península, «detrayendo la inmensa mayoría para ofertar a los aprobados destinos en las Islas Baleares.

Asimismo, «el principio de eficacia con el que la Administración de Justicia quiere solventar un problema de autoorganización no puede realizarse a expensas de vulnerar ningún derecho fundamental de los aprobados de la OEP 2016″, señalan.

En su opinión, esta cuestión pone de relieve una «disparidad objetiva entre la potestad de autoorganización» que el ordenamiento jurídico reconoce a las Administraciones Públicas, ya que la inmensa mayoría de vacantes ofertadas «premeditadamente» en la Península a los funcionarios del Concurso de traslados 2018 «quedarán desiertas y seguirán estando cubiertas presupuestariamente por personal interino».

Esto evidencia, concluyen, «una intencionalidad de perjudicar a los aprobados de la OEP 2016, constitutiva de una clara desviación de poder y determinante de la nulidad de la Orden JUS/779/2018, de 6 de julio».

Amenazan con volver a la carga una vez finalizado agosto.

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