Firmas
Sensación de indefensión y abandono a propósito del asunto Llarena
Sobre estas líneas, el autor de esta columna, José Luis Sariego Morillo, abogado especialista en derecho de familia.
28/8/2018 06:15
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Actualizado: 28/8/2018 00:06
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Hace unos días, la ministra de Justicia se hacía a un lado en cuanto a la posibilidad de defender la independencia judicial española, ante una demanda formulada en Bélgica de forma torticera, por quien ha intentado dar un golpe de estado contra la soberanía del estado español y robarnos parte de nuestro territorio, al resto de los españoles.
La sensación que tengo es contradictoria: Todos los que nos movemos en el entorno de la Justicia, los abogados en general y los jueces y resto de operadores jurídicos, nos hemos sentido de alguna forma abandonados por un gobierno que ha mirado a otro lado, lanza un globo sonda mediático, espera la respuesta más o menos institucional de las personas afectadas o de sus representantes, y una vez tomado el pulso, toma una decisión.
En absoluto me refiero a los periodistas que deciden opinar sobre una realidad que desconocen, salvo aquellos que han resultado afectados por una demanda por libelo o despido procedente, y muestran un cierto ánimo de opinar (interesadamente) en vez de informar, que es su función en esta sociedad.
El desgaste de este gobierno, que parece que funciona a golpe de “a ver qué se me ocurre hoy” frente al nulo programa gubernamental, está rozando el ridículo.
Pero no pasa nada, porque mantener el sillón y tener el BOE en sus manos, es más importante que gobernar para los ciudadanos para mejorar su calidad de vida.
Por otro lado, me siento esperanzado, ya que he visto cómo muchos operadores jurídicos y sus instituciones representativas, salvo la Abogacía y Procuraduría (salvo a título individual), han emitido comunicados de apoyo no al Juez Llarena, sino también de apoyo a la independencia judicial y a la soberanía del estado español, para poder juzgar a los que cometen un presunto delito en nuestro territorio.
Muchos ciudadanos de a pie, nos sentimos abandonados por el gobierno y por sus ministros. No digamos por los legisladores, que se han convertido a su pesar en impugnadores de decretos ley, dejando a un lado el trabajo por el que se les paga, que es proponer y aprobar leyes para mejorar la vida de los españoles.
Improvisación
Hasta ahora el Gobierno y sus seguidores en el Congreso, no han hecho otra cosa que improvisar.
El Gobierno, para seguir ahí, se debe apoyar en seguidores que no hacen otra cosa que coaccionarle con exigencias que, en un estado democrático europeo, no serían ni propuestas y escuchadas.
Me refiero a cosas como mantener un diálogo con quien te amenaza con una nueva Declaración Unilateral de Independencia, diálogo con quien quiere romper la democracia retirando las atribuciones constitucionales a quien las tiene -en este caso el Senado- o negociando con gente que no ha pedido perdón a ninguna víctima, y otras cosas en las que no voy a entrar.
Un Gobierno que no quiere anular la subida salarial de los políticos, ni ha decidido negociar para derogar la reforma laboral o la ley mordaza.
Un gobierno que apoya la propuesta de un partido de establecer la censura previa a través de la nueva ley de protección de datos, o un Gobierno que, ante la inoperancia de la Ley de Memoria Histórica, apoya la idea de que hay que resucitar la figura del dictador, mientras sigue por otro lado, llamando a la inmigración a la vez que expulsa en caliente, a otra gente necesitada.
Igual que llegaron a la Moncloa con una improvisación que se trataba más de echar a alguien que, de programar un buen gobierno para el país, llevan tres meses improvisando con un gobierno que cree que gobernar es esperar los retos de quienes los apoyan, para ver qué decisión toman sobre la marcha, ante esos retos.
No quiero creer que el Gobierno tenga todo esto planeado, porque entonces, el peligro que corre nuestro país sería más que preocupante.
No creo que el presidente sea tan inteligente.
Creo más bien que está como jugando a las casitas, y sólo Europa a modo de mamá controladora, es capaz de llamar la atención a este niño caprichoso que lleva dentro nuestro presidente.
España no se puede permitir el lujo de esperar que nuestro presidente madure y se haga mayor, mientras usa el BOE a diestro y siniestro.
Como todo infante inmaduro, nuestro presidente se ha rodeado de las “titas” que rodean a todo niño mimado, que le dicen todo lo que tiene que hacer.
Luego está rodeado de típicos “primos” que bailan al son de los que mandan las “titas”.
El problema es que algunas de estas titas no se les conoce una relación sana con hombres y con los hijos. Algunas, incluso destrozaron sus hogares y pretenden organizar la vida de las familias españolas, partiendo desde sus propias experiencias vitales, proyectando en la ciudadanía, sus neurosis, como vienen haciendo determinadas consejeras en el CGPJ, desde hace unos años.
No tenemos ni hombres y mucho menos mujeres en el gobierno con sentido de estado. Ni siquiera aquellos políticos con buena formación, talante y credibilidad que están en este gobierno, lo han perdido, al participar en él.
Asociaciones de jueces y fiscales
Pero me congratulo de que varias asociaciones de jueces y de fiscales, hayan hecho pública su protesta por el abandono del gobierno a uno de sus máximos responsables en el poder judicial, como es un magistrado del Tribunal Supremo encargado del asunto más escabroso que ha habido en nuestra Justicia, desde el asunto de los GAL.
Por ello, escribo este pequeño artículo, para intentar hacer un ejercicio de empatía social con los jueces y fiscales, que ahora alzan su voz ante la sensación de abandono por parte de las instituciones del Estado.
Y quiero por este artículo que ellos hagan lo mismo, y muestren un poco de empatía con miles de justiciables.
En este país, cada día cientos de hombres, muchos de ellos que son padres responsables y ciudadanos respetables, son detenidos arbitrariamente tras una simple denuncia de supuestos malos tratos, sin que nadie controle la legalidad de su detención.
Y no me refiero en ningún caso a ese casi 20 % de hombres condenados cada año, o a ese menos de 400 hombres condenados por delitos graves de malos tratos cada año, sino a ese 80% de hombres denunciados a los que se les arruina su vida familiar e incluso laboral, en menos de 24 horas, gracias a la LO 1/2004, y cuyas denuncias resultan archivadas, sobreseídas o simplemente son absueltos.
A estos hombres se les destroza la vida de tal forma, que no son capaces de alzar la voz ni de asociarse a otros de forma efectiva. Se quedan sin recursos y sin fuerza y lo que es peor, sin fe en la administración de Justicia, uno de los pilares básicos de nuestra democracia.
En los 14 años de LO 1/2004 ha habido casi 1.600.000 denuncias.
Hagan Uds. la cuenta.
Podemos deducir por las enrevesadas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial que los hombres denunciados sobrepasan los 800.000 hombres de todo tipo.
800.000 hombres denunciados, de los que sólo menos de 5.000 han sido condenados por un delito grave de malos tratos en 14 años, y no al resto de los condenados sólo por un empujón puntual en una discusión o por un insulto, que son la mayoría.
Esos hombres tienen madre, padre, hermanos y hermanas, amigos e hijos. Todos ellos han visto con sus ojos el abandono de la justicia y de las FCSE en sus vidas. De la clase política, ya ni hablamos.
Basta una simpe denuncia para que un hombre lo pierda casi todo en menos de 72 horas:
1º.- Su libertad, en la medida cautelar policial.
2º.- Su casa y su hogar.
3º.- Sus hijos o el contacto con ellos.
4º.- Gran parte de sus ingresos.
5º.- Su imagen y su honor ante la sociedad.
6º.- Su derecho humano a un buen trato y a un trato igualitario
7º.- Su trabajo, en muchas ocasiones.
8º.- Su propia vida (suicidios).
Miedo en la judicatura
Y no hablo de refugiados sirios o de cualquier otra parte del mundo donde la ciudadanía lo pierde todo y debe huir de la catástrofe, sino que hablo de personas con las que nos cruzamos todos los días de nuestra vida, en nuestras ciudades.
Sabemos que los jueces están obligados a aplicar la ley, en este caso la LO 1/2004, pero también tienen el recurso de plantear cuestiones prejudiciales ante los Tribunales internacionales.
Sabemos que existe miedo en la judicatura, salvo raras excepciones, como existe miedo en parte de la sociedad a cuestionar leyes que se han aprobado por el parlamento en nombre de la lucha contra la violencia de género, pero los tratados internacionales están ahí y son de directa aplicación en nuestro país una vez ratificados, y éstos están por encima de las leyes internas.
La lucha contra una lacra social, no puede estar fundamentada en oprimir a un grupo de personas por su raza, edad, origen, etnia, credo, ideas políticas, sexo etc.
No se puede luchar contra la violencia de género, legislando contra los hombres que viven en este país.
No es extraño que miles de familias no apoyen a las asociaciones de jueces y fiscales, cuando éstas se sienten abandonadas, y no pueden esperar comprensión de los cientos de miles de familias afectadas por estas injustas leyes que Uds. han venido aplicando, pese a saber que no son acordes a la Declaración Universal de Derechos Humanos ni a la Convención de Derechos Civiles y Políticos.
Por ello, debemos tener presente que gran parte de la ciudadanía no sólo se siente abandonada por parte de este gobierno en este momento, sino que también se siente abandonada por quienes administran la justicia.
Si un gobierno aprueba leyes injustas, la judicatura debe rectificar esos desaciertos para equilibrar el sistema y ejercer la defensa de los derechos individuales y del estado de derecho, que nos ha permitido vivir en una paz y armonía razonable, a todos nosotros y a nuestros hijos.
No digo que la mayoría de los jueces lo estén haciendo mal, pero sí que colaboran de alguna forma, a la sensación de abandono y desesperanza que siente una parte de la ciudadanía.
Por eso, me solidarizo con los jueces en el asunto Llarena, pero pido comprensión para los miles de personas que, cada día, son afectadas directamente por leyes dudosamente respetuosas con los tratados internacionales de Derechos Humanos.
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