José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), se ha pronunciado, de una forma personal, contundente y sin matices, a favor de apoyar al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés», contra la demanda presentada contra su persona en Bruselas por los 5 fugados.
«Apoyo todas las acciones del poder ejecutivo ajustadas a Derecho que, en las antípodas de la dejación de funciones, pasen por una respuesta positiva y con total diligencia con arreglo a la legislación vigente en defensa de las actuaciones desarrolladas por D. Pablo Llarena en el ejercicio de la función jurisdiccional«, dice en su comunicado.
Alonso defiende, asimismo, la integridad de los jueces españoles, «la independencia del Poder Judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, que bajo ninguna circunstancia puede ni debe ser fiscalizada por los tribunales de un tercer Estado«.
El decano madrileño se posiciona así públicamente, 24 horas antes de que tenga lugar la vista preliminar del caso ante el titular del Juzgado de Primera Instancia Francófono de Bruselas, Primera Sala.
Los 5 huídos, el expresidente de la Autonomía catalana, Carles Puigdemont, y los exconsejeros, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig y Clara Ponsatí, acusan a Llarena de haber vulnerado su derecho a un juez independiente e imparcial, a un juicio justo y equitativo y al derecho a la presunción de inocencia.
«Expreso mi solidaridad a D. Pablo Llarena por haber sido objeto en el pasado reciente de ataques intolerables que enérgicamente rechazo, con subrayado énfasis por traer causa estas gravísimas ofensas de la actuación del juez en defensa de la Constitución», añade Alonso.
El decano del ICAM comparte la decisión del Gobienro de poner en marcha todos los mecanismos necesarios defender la soberanía jurisdiccional española en este y en todo proceso, atendiendo las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial.
Alonso termina expresando su convencimiento de que Llarena es un magistrado responsable e independiente, que está sometido sólo al imperio de la ley.
Recientemente, el exvicedecano del Colegio, Manuel Valero, recriminó a Alonso su silencio en la defensa de Llarena. El decano le respondió a través de Twitter anunciándole que hoy haría pública una declaración.
Es la primera vez que uno de los decanos de los 83 Colegios de Abogados existentes en España se pronuncia de forma tan abierta y pública sobre el caso.
El Consejo General de la Abogacía Española, el órgano que los representa a todos, no ha hecho, hasta ahora, ningún pronunciamiento en este sentido.
UNA DEMANDA POLÉMICA
La demanda presentada en nombre de los 5 fugados por un equipo de abogados formado por el español Gonzalo Boyé y los belgas Christophe Marchand, Michèle Hirsch y Paul Bekaert, se ha visto rodeada de polémica tras conocerse que la traducción al francés de las declaraciones realizadas por Llarenael 22 de enero pasado en Oviedo habían sido manipuladas.
“No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados”, dijo el magistrado.
La traducción al francés de los demandantes modificó la frase en negrita, “si es que ha sido así”, expresada en condicional, por la de “como en efecto sucedió”, lo que cambió por completo el sentido de las manifestaciones del magistrado.
España y Llarena estarán representados por el despacho belga Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, bajo la dirección de uno de sus socios, el doctor Hakim Boularbah.
Según ha podido saber Confilegal, la posición del bufete en su país es equivalente a un Garrigues, Uría o Menéndez o Cuatrecasas en España.
