CSIF critica que el Ministerio de Justicia «pretenda utilizar» los 7 millones de euros que se incrementaron en el último momento en los presupuestos de este Departamento para 2018 «para aplicar en exclusiva una subida salarial a jueces y fiscales», en vez de hacerlos extensivos a las retribuciones de todo el personal de la administración de Justicia.
Así lo ha denunciado en un comunicado este sindicato presidido por Francisco Lama. En él, enlaza a una información publicada por Confilegal el pasado 30 de agosto que informa de que el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, ha fijado para el 27 de septiembre la reunión constitutiva de la comisión encargada de revisar las retribuciones de jueces y fiscales.
Dicha comisión estudiará una mejora salarial mediante nuevas retribuciones variables, a través del complemento de productividad para aplicar el próximo diciembre, a repartir entre jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y médicos forenses, en una sola paga.
Francisco Lama señala a Confilegal que «no se opone a que se actualicen las retribuciones de jueces y fiscales», pero «exige» al Departamento del que es titular Dolores Delgado «que el mismo criterio se aplique a todos los cuerpos de la administración de Justicia, que también han sufrido en los últimos años la misma pérdida de poder adquisitivo con unos salarios infinitamente menores», puesto que ése era el compromiso que les trasladó el anterior equipo ministerial.
Asimismo, advierte al Ministerio de que las condiciones laborales y retributivas de letrados y médicos forenses deben abordarse en la mesa de negociación y con los sindicatos que son sus legítimos representantes.
LAS REIVINDICACIONES DE ESTE SINDICATO
CSIF destaca que en materia de retribuciones hay varias cuestiones «urgentes e inaplazables» que deben ser abordadas de inmediato en la negociación.
En primer lugar, pide la «eliminación de la sangrante discriminación salarial en el complemento específico entre los funcionarios del ámbito del Ministerio de Justicia que son de su competencia y los destinados en las comunidades autónomas transferidas».
Las comunidades que dependen del Ministerio son Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Baleares, Murcia, Ceuta, Melilla y órganos centrales.
Lama pone como ejemplo que un funcionario destinado en el País Vasco, realizando las mismas funciones que uno destinado, por ejemplo, en la Audiencia Nacional, cobra casi 600 euros más de media mensual.
Por otra parte, CSIF también reclama «revisar y actualizar las cuantías que se perciben por guardias y sus retribuciones, que no se actualizan desde 2003″.
Asimismo, solicita el establecimiento de la carrera profesional para los funcionarios de la administración de Justicia. El presidente de esta central recuerda que son los únicos empleados públicos que no tienen regulado este concepto retributivo.
Francisco Lama informa de que han trasladado a todos los grupos parlamentarios varias propuestas de enmiendas a la modificación de la Ley orgánica y que «Ciudadanos ha sido el único partido que se ha hecho eco de esta demanda y ha propuesto dentro de sus enmiendas establecer el concepto retributivo para el personal de Justicia de carrera profesional».
Otra de las reivindicaciones de CSIF es el «reparto justo» de la productividad a toda la oficina judicial. «En la actualidad esa productividad sólo la están cobrando los letrados de la administración de Justicia», denuncia Lama.
También pide el restablecimiento de los planes de actuación de los Juzgados de Violencia de Género. Al respecto, el presidente de CSIF indica que éstos son «unos órganos judiciales donde la gente permanece muy poco tiempo, porque se está permanentemente de guardia».
Recuerda que el Ministerio estableció un plan de actuación «para mantener a los titulares dentro de sus juzgados y abonaba unas cantidades que variaban en función de la cantidad de asuntos que se tratasen»; ese complemento fue suprimido en 2012, y «a día de hoy la mayor parte de los titulares de juzgados de Violencia de Género es personal interino y no hay estabilidad en la plantilla», y por el contrario, en varias comunidades transferidas sí se percibe dicho complemento.
Otro asunto que preocupa a este sindicato son las retribuciones de los letrados. Pide una revisión acorde a su grupo profesional y las funciones asumidas, «empezando por la marginada tercera categoría».
Cabe recordar que los letrados -antes denominados secretarios judiciales- son los únicos funcionarios pertenecientes al grupo A1 que tienen unas retribuciones «básicas e inferiores».
También demanda la revisión de las retribuciones de cuerpos especiales: médicos forenses, facultativos y ayudantes de laboratorio.
‘HABILITACIÓN LEGAL PARA UTILIZAR FONDOS ADICIONALES PARA INCREMENTAR LAS RETRIBUCIONES’
CSIF recuerda al Ministerio de Justicia que existe una habilitación legal para utilizar fondos adicionales, conforme al acuerdo firmado en la Mesa General de Función Pública por CSIF, UGT y CC OO el pasado 9 de marzo, para incremento de retribuciones de todos los empleados públicos de la Administración de Justicia, para, entre otras medidas, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones análogas.
Francisco Lama apunta que «cuando se firmó dicho acuerdo se habilitaron fondos adicionales para trabajar en la equiparación de ese complemento específico».
Asimismo, subraya los funcionarios de Justicia destinados en el ámbito del Ministerio no han visto actualizado el complemento específico desde 2008, y recuerda que esa actualización se logró tras una huelga de más de dos meses.
«Sin embargo, en 2010, en el decreto de mayo del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero se recortaron las retribuciones en una media de un 5%», recuerda.
Por otra parte, Lama también destaca en que las distintas comunidades transferidas, como Canarias, Comunidad de Madrid, Cantabria, La Rioja, Navarra, Asturias, Galicia y la Comunidad Valenciana, han actualizado recientemente el complemento específico de los funcionarios destinados en estas autonomías, «incrementando esa diferencia retributiva en el complemento específico respecto de sus compañeros destinados en el ámbito del Ministerio».
Este sindicato expresa que la ministra Dolores Delgado no puede alegar desconocimiento sobre todas estas cuestiones para «una mejora de las condiciones laborales y retributivas del personal al servicio de la Administración de Justicia», puesto que el mismo día que fue nombrada ministraCSIF ya le remitió un escrito solicitándole abordar las citadas cuestiones en la negociación.
Y volvió a reclamárselas en la reunión que mantuvieron el pasado 27 de julio. En ella, Delgado anunció a los sindicatos de Justicia que se recuperarán los 3 días de asuntos propios.
Pinchando aquí puede conocer la reacción de este sindicato tras el encuentro.
CSIF AMENAZA CON MOVILIZACIONES
El presidente de CSIF ha anunciado a Confilegal que ayer mandó otra misiva a Delgado exigiendo por enésima vez que «de manera inmediata» convoque la mesa de negociación para abordar estos incrementos retributivos.
En ella, advierte a Delgado de que «si no hay un cambio claro de rumbo hacia la negociación colectiva efectiva y real«, CSIF convocará movilizaciones, «si esa es la única fórmula para que el Ministerio atienda las reivindicaciones del personal«.
Francisco Lama relata a este diario que en CSIF salieron esperanzados de la reunión que mantuvieron con la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, la fiscal Esmeralda Rasillo, quien «como empleada pública de la administración entendió perfectamente las carencias y los agravios económicos que tienen respecto a otras comunidades».
«Esmeralda Rosillo nos trasladó que la intención del Ministerio era abordar de manera inmediata tanto las mejoras laborales, como retributivas del personal de la administración», especifica Lama.
Dice que no tuvieron esa impresión positiva en la reunión que mantuvieron con la ministra, ya que Delgado «únicamente tuvo buenas palabras, pero de compromisos nada». Detalla que «la ministra sólo se comprometió con las organizaciones sindicales a constituir grupos de trabajo».
Ahora, el sindicato ha sentido un mazazo al conocer que los 7 millones que se añadieron al presupuesto del Ministerio para 2018 no se repartan entre todos los funcionarios, y CSIF relama que de forma urgente se abra una negociación.
Critica que lo único que se ha hecho hasta la fecha desde el Ministerio ha sido convocar para el próximo 12 de septiembre a los grupos de trabajo de oficina judicial y justicia digital.
Por ello, CSIF entiende que «no es una cuestión prioritaria para este nuevo equipo la homologación de los funcionarios de la administración».
«Entendemos que el Ministerio sólo atiende a las reclamaciones de los distintos colectivos si hay movilizaciones, y por ello desde CSIF anunciamos que si no hay un giro en su calendario de negociación y aborda de manera inmediata estas cuestiones planteadas, las llevará a cabo», expresa.
Este sindicato da ahora «un plazo prudencial» al Ministerio de Justicia a la espera de que abra la negociación, y «de no abrir la mano», Delgado tendrá a CSIF en pie de guerra en la calle.
