La portavoz del PP, Dolors Montserrat. PP.
El PP reprocha al Gobierno hacerle el juego a los separatistas en el tribunal belga
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04/9/2018 18:06
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Actualizado: 04/9/2018 18:06
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Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados y exministra de Sanidad, ha reprochado hoy al Gobierno que el abogado contratado por la Abogacía del Estado para defender a España y al magistrado del Supremo, Pablo Llarena, en la demanda de los 5 separatistas, no haya pedido el archivo de la causa en la vista preliminar que ha tenido hoy lugar ante la Primera Sala del Juzgado de Primera Instancia Francófono de Bruselas.
A través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, Montserrat afirma: «Nos sorprende que la defensa del juez no haya pedido el archivo de la causa por la vulneración de la independencia y de la jurisdicción del Poder Judicial, entrando en las triquiñuelas procesales de Puigdemont. Reclamamos al Gobierno que cierre la causa».
En el mismo «hilo», la portavoz del PP calificada de «Gobierno desnortado» al Ejecutivo de Sánchez por haber dejado al pie de los caballos al magistrado Llarena.
«Gracias al PP, al clamor social y a la[s] asociacion[es] de jueces y fiscales, conseguimos que se defendiera al juez», afirma.
Nos sorprende que la defensa del juez no haya pedido el archivo de la causa por la vulneración de la independencia y de la jurisdicción del Poder Judicial, entrando en las triquiñuelas procesales de Puigdemont.
Reclamamos al Gobierno que cierre la causa.— Dolors Montserrat (@DolorsMM) September 4, 2018
Esta es, precisamente, la misma tesis que argumenta la asociación Movimiento 24DOS, que ha presentado hoy una querella ante la Audiencia Nacional contra la juez belga, Anne Dessy, los cinco políticos fugados, Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig, y el abogado chileno radicado en España, Gonzalo Boyé, por los supuestos delitos de prevaricación, usurpación de funciones y presentación de traducción falsa y/o falsedad documental.
La línea de ataque es muy similar: “Esto, de lo que estamos siendo testigos, es filibusterismo jurídico y no entendemos cómo el poder ejecutivo ha estado en el juego como si este fuera un proceso normal, cuando es una clara usurpación de la jurisdicción española”, explicó Nicolás González-Cuéllar, presidente de la asociación a Confilegal.
“Ya advertimos que nos querellaríamos de plano contra la juez del caso si no admitía de plano la demanda. No lo ha hecho, y hemos actuado en consecuencia», añadió.
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