Los abogados Adolfo Prego, Ignacio Gordillo y Nicolás González-Cuéllar, durante la presentación del Movimiento 24DOS como asociación el 18 de enero de 2018. Carlos Berbell/Confilegal.
El Movimiento 24DOS se querella contra la juez belga, los 5 fugados y Boyé, por 3 supuestos delitos
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04/9/2018 16:44
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Actualizado: 04/9/2018 16:44
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Tal como anunciaron hace unos días, la asociación de juristas y abogados Movimiento 24DOS, va a presentar hoy una querella ante la Audiencia Nacional contra la juez belga Anne Dessy, los cinco políticos fugados, Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig, y el abogado chileno radicado en España, Gonzalo Boyé, por los supuestos delitos de prevaricación, usurpación de funciones y presentación de traducción falsa y/o falsedad documental.
Este es el acuerdo que ha tomado hoy su Junta Directiva tras conocer la decisión tomada hoy por la jueza Dessy, titular del Juzgado de Primera Instancia Francófono de Bruselas, de fijar para el 25 de septiembre la primera vista formal sobre la demanda presentada por los políticos huidos contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés», por una supuesta vulneración de su derecho de defensa.
«Ya advertimos que nos querellaríamos de plano contra la juez del caso si no admitía de plano la demanda. No lo ha hecho, y hemos actuado en consecuencia«, explica el presidente de Movimiento 24DOS, Nicolás González-Cuéllar, abogado y catedrático de derecho procesal.
Los dos vicepresidentes de esta asociación son Adolfo Prego, abogado, magistrado retirado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo -la misma en al que sirve Llarena- y exvocal del Consejo General del Poder Judicial, e Ignacio Gordillo, igualmente letrado, y exfiscal de la Audiencia Nacional.
«El caso es equivalente a un allanamiento de morada y no cabe que el propietario tenga que estar aguardando a lo que decida el invasor», explica González-Cuéllar a Confilegal.
FILIBUSTERISMO JURÍDICO POR PARTE DE LOS DEMANDANTES FUGADOS
Desde el punto de vista del presidente de Movimiento 24DOS, «esto, de lo que estamos siendo testigos, es filibusterismo jurídico y no entendemos cómo el poder ejecutivo ha estado en el juego como si este fuera un proceso normal, cuando es una clara usurpación de la jurisdicción española», añade.
Sobre la inclusión del abogado Gonzalo Boyé -representante de los demandantes Meritxell Serret y Antoni Comín-, para Movimiento 24DOS «Boyé es el que puede tener el dominio del hecho en la inducción a la juez belga y porque es, indiciariamente, al menos, el único que parece el posible autor de la manipulación de la traducción. Dado que es el único abogado que no tiene el francés como lengua materna».
En la querella, ha avanzado González-Cuéllar, también han incluido a la traductora para garantizar su derecho de defensa, «ya que existe una versión contradictoria entre lo que dijo Boyé y lo que ha traducido. Hay un delito específico de falso testimonio al aportar una traducción mendaz. Esto exige que la traductora haya sido mendaz y que actuara bajo las órdenes de Boyé».
Las declaraciones realizadas por Llarena el 22 de enero pasado en Oviedo fueron estas: “No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados”.
La traducción al francés modificó la frase en negrita, “si es que ha sido así”, expresada en condicional, por la de “como en efecto sucedió”, lo que cambió por completo el sentido de las manifestaciones del magistrado.
UN ERROR PEDIR UN TRIBUNAL DE 3 MAGISTRADOS
A Movimiento 24DOS también le parece un error que el doctor Hakim Boularbah, socio del despacho Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, contratado por la Abogacía del Estado, haya pedido que el caso lo enjuicie un tribunal de tres jueces.
«Lo que tenían que haber dicho es que no reconocemos este procedimiento para nada. Creemos que el poder ejecutivo tenía que haber dejado claro que España no reconoce validez jurídica alguna a ese procedimiento y haber pedido que se archivara sin entrar en la trampa que se le ha tendido para ver si el tribunal tiene que ser de 3, de 5 o de 40. Cuando el tema no ofrece absolutamente ninguna dificultad debe rechazarse de plano, y este es el caso. Y si eso, a la juez la ley se lo impide, que venga aquí y que nos lo explique», relata el catedrático.
Desde su punto de vista, lo que se pretende es «poner al juez Llarena es con un cepo en la Grand-Place de Bruselas, con las manos y la cabeza atrapadas, para escarnio y vergüenza pública. Eso no se puede tolerar ni un solo minuto».
El organo ante el que Movimiento 24DOS va a presentar la querella es la Audiencia Nacional, «porque la acción sucede en el extranjero, pero con resultados en España en la totalidad del territorio».
La pasada semana, VOX presentó una querella contra la juez belga por no haber rechazado de plano en su presentación la demanda de los 5 fugados, cometiendo los supuestos delitos de rebelión (del artículo 472 del Código Penal), o alternativamente de sedición (de los artículos 544 y 545 del Código Penal) y contra la paz e independencia del Estado español (del artículo 589 del Código Penal).
El abogado Boyé, por su parte, presentó ayer un escrito de amparo ante el Colegio de Abogados de Madrid, en el que está colegiado, por las amenazas vertidas contra su persona en los últimos días tras conocerse que la traducción al francés de las declaraciones de Llarena no se correspondían con las que había hecho en español.
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