La Abogacía madrileña estrecha lazos institucionales con los demás operadores jurídicos
Hoy se han reunido con la fiscal General del Estado, María José Segarra
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05/9/2018 19:33
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Actualizado: 05/9/2018 19:33
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“Ser, estar, demostrar. Por un mayor reconocimiento, prestigio y protección de la profesión, clave en la sociedad civil y en el Estado de Derecho”.
Así se iniciaba el programa electoral con el que José María Alonso llegó al decanato del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en el que como uno de los puntos estrella decía querer «recuperar el orgullo de ser abogados y dignificar al máximo nuestra profesión» con el Colegio como «cauce y el motor».
Esta declaración de intenciones se tradujo pronto en una política de gestos plasmada en las reuniones que ha venido manteniendo desde su toma de posesión con los máximos representantes institucionales del mundo jurídico y judicial. Desde Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, a Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional, pasando por el entonces juez decano de Madrid -y hoy secretario general del Ministerio de Justicia- Antonio Viejo.
En esos encuentros, además de trasladarles propuestas con mejoras que faciliten el día a día de los abogados madrileños en juzgados y tribunales, parece que ha querido dejar constancia de cuál es el peso que quiere dar al ICAM en relación con el resto de operadores jurídicos.
Coordinación entre abogados y fiscales
Hoy, «en aras de seguir fortaleciendo las relaciones del ICAM con todos los operadores jurídicos», según señalan en un comunicado, el decano acompañado de la vicedecana, Begoña Castro, se ha reunido con la fiscal general del Estado, María José Segarra, y el teniente fiscal de la Secretaría General, Guillermo García, en la sede de la Fiscalía.
Como ya hicieran en el encuentro mantenido el pasado mes de marzo con su antecesor Julián Sánchez Melgar, han transmitido a Segarra la necesidad de promulgar una Ley Orgánica del Derecho de Defensa que fortalezca el secreto profesional, así como la importancia de revitalizar el protocolo de conformidades, con especial incidencia en el relativo a la Audiencia Nacional.
También le han propuesto articular sistemas de Defensa de las víctimas de trata potenciando de manera conjunta mecanismos ya existentes como el Turno de trata de seres humanos o la Mesa de trabajo sobre esta materia que el ICAM impulsa junto a otros organismos.
Espera, asimismo, contar con el apoyo de la Fiscalía para implantar mecanismos de justicia restaurativa, en particular la mediación penal en juzgados y tribunales, y ha planteado la redacción de forma coordinada de un código de buenas prácticas para la atención y aplicación a las víctimas de delitos.
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