La ministra Dolores Delgado se reúne esta tarde con la consejera de Justicia de Cataluña, Ester Capella

En el orden del día se han incluido asuntos relativos al funcionamiento de la Administración de Justicia, así como cuestiones relacionadas a la Ley de Memoria Histórica y en particular, el censo de víctimas del franquismo en territorio catalán.

En este contexto, se hablará de la posible reforma de la norma para declarar la nulidad de Consejos de Guerra y sentencias franquistas que para ERC tienen su máxima expresión en el fallo por el que fue condenado a muerte y fusilado el 15 de octubre de 1940 el entonces presidente de la Generalitat, Lluís Companys.

El pasado mes de julio, en su primera comparecencia como ministra ante el Congreso de los Diputados, Delgado anunció su intención de promover una reforma de la Ley de Memoria Histórica para anular este tipo de sentencias.

Oficina Judicial

Por otra parte, el orden del día incluye un punto sobre la implantación de la nueva oficina judicial, ya que el Ministerio tiene que aprobar la relación de puestos de trabajo.

Desde la Consellería catalana, explican que Capella y Delgado abordarán los retos conjuntos de la Administración de Justicia ya que «las profundas diferencias que hay entre ejecutivos no han de ser obstáculo para explorar vías de acuerdo para la mejora de los servicios y las políticas públicas». Aguran la búsqueda de posibles acuerdos en materia de Justicia.

Los presos independentistas

La reunión llega después de que este lunes el vicepresidente de la Generalitat y adjunto a la Presidencia de ERC, Pere Aragonès, avisara al Gobierno de que «no tiene sentido pedir el voto de ERC y avalar la prisión de su líder», y aseguró que el Ejecutivo central puede jugar un papel clave en el proceso judicial contra políticos independentistas marcando la «orientación» a la Abogacía del Estado y la Fiscalía General.

Capella, que siendo diputada de ERC en el Congreso era una de las habituales en las concentraciones de apoyo a los investigados por su participación en el ‘procés’ frente a las sedes de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo a las que los políticos ahora procesados acudían a declarar, es actualmente la máxima responsable de Prisiones en Cataluña.

En este cargo, el Partido Popular la acusa de proporcionar «trato de favor» a los políticos encarcelados, permitiendo, entre otras ventajas, gozar de mayores y más amplios horarios de visitas.

La consellera, al igual que en su etapa de diputada, sostiene públicamente que se trata de «presos políticos» y reivindica su libertad, en línea con el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, quien hace pocas fechas advertía de que no aceptaría una sentencia condenatoria en el Tribunal Supremo a los líderes del ‘procés’ y abría la puerta a promover una huelga general si eso ocurría. Con información de EP.