Registro Mercantil de Madrid. Foto: Google

Las nuevas obligaciones del abogado con el Registro Mercantil podrían chocar con su secreto profesional

08/9/2018 06:15

Actualizado: 07/9/2018 23:58

Auténtico terremoto en la abogacía ha producido la aprobación del RDL 31/2018 que, entre otras cuestiones traspone con retraso la Cuarta Directiva de prevención de blanqueo de capitales y lo hace con otra exigencia para los abogados que asesoren a empresas, tal y como comentaba ayer CONFILEGAL .

Las primeras reacciones indican que esta obligación podría vulnerar el secreto profesional del abogado.

Sonia Gumpert, abogada, socia directora del despacho Monereo Meyer Abogados y decana del Ilustre Colegio Abogacía Madrid durante 2012-2017, se ha enterado por este medio de la noticia.

“Siempre lo he dicho, la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales conculca el secreto profesional de los abogados, con lo cual lo que se quiere hacer ahora es un registro para luego hacer una labor de fiscalización de los abogados que estén más cerca de estructuras societarias”.

A su juicio este conflicto está sin resolver. “No es una cosa formal sino una obligación que nos generará trabajo y que estrecha el control del poder sobre el abogado”.

Necesitamos de forma urgente un desarrollo reglamentario que aclare la norma y la dote de seguridad jurídica a todos los abogados implicados

«Me indigna», dice, «que el propio Jesús Pellón desde CGAE haya advertido que en el texto final no se tuvieron en cuenta las aportaciones de la abogacía institucional. Este gesto político de no recabar nuestra opinión sobre un asunto tan importante como este no es de recibo”.

Al mismo tiempo, advierte que este Real Decreto Ley excede de las directrices de la propia directiva. “La lucha contra el blanqueo de capitales es importante pero no se puede criminalizar a los abogados”.

Para esta jurista «esta normativa debe respetar el derecho a la defensa, que es un derecho tan importante como otros. Sabemos que los abogados somos siempre contestatarios frente al poder. Al final se produce un fenómeno que es trasladar a la sociedad civil, en especial a abogados y notarios una labor de fiscalización de estos asuntos, para los que no estamos preparados ni deberíamos ser utilizados”.

Gumpert recuerda que se vive en un entorno global cada vez más complejo “pero este tipo de situaciones invade el derecho a la defensa de los ciudadanos y el secreto profesional de los abogados”.

El poder quiere controlar a la Abogacía

Para José Muelas, abogado de Cartagena, donde fue muchos años decano, y uno de los promotores de la Brigada Tuitera y de Red de Abogados de España, “la sensación es que con esta nueva obligación se quiere controlar aún más a los abogados. Realmente cada ley que aprueban de alguna forma ayuda a ese control sobre nuestra profesión. Pero tienen que darse cuenta que controlando a los abogados no se controla el delito”.

Lejos de ponernos más controles, el poder político debería buscar la forma por la que pudiéramos ejercer la abogacía con más libertad

A su juicio “todas las obligaciones formales que llegan al abogado están haciendo que el coste de transacción suba considerablemente. Esta medida va para la mayor parte de abogados del país que de alguna forma son asesores de empresa. Qué abogado, por pequeño que sea, no está asesorando, por ejemplo, a un taller mecánico que es una Sociedad Limitada”.

Y recuerda la obligación de definir la protección de datos como política, a la que ahora se añade otra sobre la prevención del blanqueo de capitales. «Con esta obligación del Registro Mercantil, otra vuelta de tuerca más. A esto hay que añadir otras obligaciones formales que nos llegan. Más trabajo de control que tendremos que hacer”.

Para Muelas esta medida le recuerda “aquella otra en la que supimos que desde la plataforma del Ministerio de Justicia. Lexnet, Hacienda podría recoger datos de abogados y su trabajo. Lo que pretenden es saber quién defiende a quién, por qué y cuánto se cobra. No podemos vivir en un Estado de libertad vigilada que no es agradable”.

En su opinión, esta medida es un control innecesario que se quiere incorporar a otros ya existentes. “Los abogados para el poder sí somos importantes. Es la barrera que tiene el Estado frente a los derechos fundamentales de las personas”.

Desde su punto de vista frente a “esa expansividad que tiene el poder, el primer límite que tienen los ciudadanos son los abogados. Por eso hemos sido siempre molestos”.

Para Muelas lo primero que “debería hacer el Estado es dejar de considerar sospechosos a los abogados. Lejos de ponernos más controles, deberían buscar la forma por la que se pudiera ejercer la abogacía con más libertad. Sin embargo, el problema latente es que los intereses de la población con los del Estado no suelen coincidir en muchas ocasiones”.

En esta situación «no queda otra que desde el CGAE se hable con todos los grupos parlamentarios y fijar públicamente su postura para que se conozca por todos los abogados de España. Debemos aprovechar la capacidad de influencia de los 150.000 abogados del país, pero por desgracia no se utiliza como se debiera”. Para Muelas “es necesaria una reunión con Economía para que conozca la opinión de la Abogacía. La mayor parte de abogados ejerce su profesión sin figura societaria pero les va a afectar esta nueva obligación ”.

Obligaciones excesivas

Pere Huguet, abogado de Reus, donde fue decano durante muchos años y ahora presidente de la asociación de juristas Llibertas, muestra su preocupación ante este RDL que ya ha entrado en vigor.

“Excede de lo que se dice en la Cuarta Directiva que ahora se traspone fuera de plazo. Que en agosto, sin negociar con el CGAE, se apruebe esta norma, me parece muy desleal por parte del Gobierno”, manifiesta.

Es fundamental preservar a los Colegios de Abogados de cualquier presión para tener una abogacía independiente

A juicio de este jurista, “esta medida puede vulnerar el secreto profesional del abogado, si todos los que están implicados en esta norma, que somos la mayoría porque asesoramos empresa, tenemos que inscribirnos en el Registro Mercantil y una vez al año entregar los datos de nuestras operaciones con terceros y facturación”. La falta de privacidad es alarmante y “terceros interesados o mi competencia, están enterándose de cuál es mi problemática. Esto no agrada ni a los abogados ni a sus clientes”.

Otra cuestión es que la competencia es dura y

Para este letrado “ la comunicación de estos actos de asesoramiento que hacen la mayor parte de abogados del país no es lógico que tenga publicidad, puede incurrir en problemas de competencia importantes”. «Con esta medida de apertura puede saber tus problemas y cómo trabajas, e incluso darle pistas para que pueda intentar conquistar a tus clientes si lo ve factible”.

Para Huguet “aprobar una norma que regule o vaya a incidir en una profesión sin contar con los interesados y sus opiniones, me parece una barbaridad que debiera evitarse”.

A este respecto también coincide con otros expertos consultados por Confilegal en que esa falta de lógica jurídica y confusión del Real Decreto aprobado viene dada por no haber oído a la abogacía institucional y sus propios planteamientos jurídicos. También entiende que dicha obligación supone una carga de trabajo importante para cualquier afectado.

Que el abogado esté en el punto de mira del poder Ejecutivo es algo que a Huguet no le extraña porque “siempre hemos estado en el ojo del huracán. Estoy seguro que al poder le gustaría poder contar con la información que disponemos. Es una lucha histórica la de nuestra independencia en favor de los derechos de nuestros clientes”

En este escenario cree fundamental preservar a los Colegios de Abogados de cualquier presión para tener una abogacía independiente. “El CGAE debe volver a reunirse con Economía para ajustar el alcance de esta norma indiscriminada que, tal y como es, supone un error grave su publicación”.

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