Francisco Aramburu Landa, exconcejal de EH en Mallabia (Vizcaya) ha aceptado hoy una condena de dos años de prisión por su pertenencia a Ekin, brazo socio cultural de ETA.
En su declaración ante el juez Alfonso Gevara, titular de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha reconocido que era el responsable socio-económico para la provincia de Guipúzcoa.
La Fiscalía pedía 15 años por un delito de integración en organización terrorista, pero la defensa ha llegado a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público de una pena 2 años de prisión.
Aramburu fue procesado en el 2000 por el exjuez Baltasar Garzón dentro del sumario que siguió contra Ekin, un órgano creado por la banda terrorista después de que se declarara la ilicitud de Kordinadora Abertzale Socialista (KAS) para ser la «vanguardia política» de la izquierda abertzale y dinamizar el movimiento de masas.
En 2010, antes de su disolución, la organización incrementó notablemente su actividad en el País Vasco y en Navarra, estando sus miembros en comunicación con la organización terrorista, tal y como acreditan documentos incautados en la operación, como el ‘Manual de Formación’, ‘Evolución del modelo organizativo de la izquierda abertzale’, ‘Ejes de la estrategia de cara al proceso democrático’ o ‘Proceso democrático’, referido al camino que ETA consideraba necesario emprender para lograr la independencia y el «respeto de los Estados».
Este exconcejal de EH debió sentarse en el banquillo en 2007, cuando se celebró el macro juicio que condenó a los responsables de Ekin.
Estaba entonces en busca y captura, y quedó apartado del procedimiento, que concluyó con 47 condenados a penas que sumaban 525 años de cárcel. Se encontraba fugado en Francia, país que negó su extradición.
A falta de un año para la prescripción de los delitos por los que se le acusaba, se entregó reconociendo los hechos, lo que ha tenido en cuenta el Ministerio Fiscal como colaboración con la Administración de Justicia a la hora de rebajar la pena que solicitaba inicialmente.
14 MIEMBROS DE EKIN ELUDIERON LA CÁRCEL TRAS UN ACUERDO DE CONFORMIDAD CON LA FISCALÍA EN 2016
El 14 de abril de 2016 cinco miembros de Ekin en Navarra, que fueron detenidos en enero de 2011, acusados de dirigir, coordinar y dinamizar las organizaciones de la izquierda abertzale entre 2009 y 2010, llegaron a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público.
Se trata de Gorka Zabala Cia, Gorka Mayo Hermoso de Mendoza, Iker Moreno Ibañez, Iñigo González Etayo y Juan Francisco Arratibel Garciandia. Se enfrentaban a penas de 10 años de cárcel y aceptaron una condena de dos años e inhabilitación especial por pertenencia a organización terrorista.
Firmaron una declaración que ya habían suscrito otros 35 miembros de la reconstruida Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca en un juicio celebrado en enero de ese año. En ella, expresaron «compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado».
El fiscal José Perals, que pedía inicialmente para ellos 10 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación, aplicó el reformado artículo 579 bis 4 del Código Penal que prevé imponer la pena inferior en uno o dos grados cuando el hecho sea «de menor gravedad» y no exista violencia. Sus condenas fueron rebajadas a dos años de cárcel.
Posteriormente, el 17 de mayo de 2016 otros 9 acusados de pertenecer a Ekin, que se enfrentaban a 9 años de cárcel, también aceptaron penas de entre un año y nueve meses, y dos años, con las que eludieron ingresar en prisión.
Son Rosa Iriarte Aniaiz Ariznabarreta, Ugaitz Elizaran, Eneko Compains, José Aldarsolo, Egoitz Garmendia, Urko Asier Ayerbe, Erika Bilbao y Sandra Barrenechena.
El acuerdo de conformidad con el fiscal y las acusaciones, ejercidas por la Asociación Víctimas del Terrorismo y por Dignidad y Justicia, se selló después de que estos 9 integrantes de Ekin aceptaran su participación «contraria a la legalidad» en las actividades de esta organización.
Se comprometieron a renunciar a cualquier actividad que haga uso de la violencia y reconocieron el «sufrimiento causado», mostrándose a favor de la reparación de las víctimas del terrorismo.
Estas 9 personas se encargaron hasta su detención, en 2010, de la estructura territorial que Ekin tenía en Navarra y el País Vasco, y que se financiaba a través de las cuotas y aportaciones de los militantes y simpatizantes, así como de la venta de papeletas de rifas o los beneficios obtenidos en ‘txoznas’ durante fiestas locales.
