No, no me he vuelto loco ni me he tomado una botella de whisky, ni me he metido «un tripi», ni se me ha ido la olla, ni se me ha aparecido Jesucristo, como le ocurrió a San Pablo, y he visto la luz. Tampoco es que a estas alturas de la película haya decidido dar un giro de 180 grados a mi actitud crítica.
Nada de eso.
Simplemente soy justo. Al César lo que es del César.
El discurso del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, hoy, en el Acto de Apertura de Tribunales, me parece el mejor de todos lo que le he escuchado a lo largo de los cuatro años y medio desde que ha venido ocupando «la silla de San Pedro en el Vaticano Judicial español».
A lo largo de los doce folios, y sin nombrar ni una sola vez el conflicto independentista catalán, Lesmes ha materializado el viejo dicho de que «lo evidente es lo que nadie ve hasta que alguien lo explica con claridad».
La esencia de la idea que ha desarrollado es que sin estado de derecho no puede haber democracia.
Y ninguna democracia es posible sin un estado de derecho.
De cajón, que diría un castizo.
Esto tan evidente es lo que niegan los separatistas catalanes cuando hablan de democracia.
Lo han demostrado con hechos.
Muchas veces.
De un modo claro y específico con las llamadas «leyes de la desconexión»: la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad y Fundacional de la República Catalana, que fueron aprobadas el 6 y el 7 de septiembre del pasado año por el Parlamento Autonómico -desbordando los límites de sus competencias- y que, después, fueron anuladas por el Tribunal Constitucional.
La profesora de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, Chantal Moll de Alba, recordaba el domingo en Confilegal: «Cuando se publicaron los proyectos, los juristas catalanes nos quedamos perplejos ante el contenido de estas dos leyes que implicaban una grave violación de los derechos y libertades de todos los catalanes».
Y añadió: La ‘Ley de Transitoriedad y Fundacional de la República catalana’ era especialmente preocupante pues preveía la instauración de una República de carácter autoritario, en la que no había la necesaria separación de poderes que caracteriza a cualquier Estado democrático».
«En la nueva República que dicha ley pretendía establecer, los miembros de su poder judicial, de su Tribunal Supremo y de su Tribunal Constitucional eran nombrados por una mayoría parlamentaria que correspondería al gobierno de la República».
CONTRAPONER ESTADO DE DERECHO Y DEMOCRACIA ES UNA FALACIA
Lesmes, en ese sentido, lo tiene claro.
«Nuestro estado no será democrático si no garantiza el respeto al Derecho», dijo Lesmes en su discurso, mientras el Rey Felipe VI, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y todos los presentes, escuchaban con atención.
«Por eso, supone una falacia contraponer Estado de derecho y democracia . Quienes esto mantienen olvidan que los derechos civiles y políticos se respetan, precisamente, porque la ley los preserva», recordó.
«Derecho y democracia son dos principios co-originarios. El uno no es posible sin el otro. La democracia no puede definir lo que es democracia si no es a través del respeto a la ley que expresa la voluntad de la mayoría, como tampoco podemos aceptar como democráticos aquellos actos de poder publico que pretenden convalidar la ilegalidad o la ausencia de derecho«.
No nombró al actual presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, ni a su antecesor, el prófugo Carles Puigdemont, ni a los políticos presos ni a los fugados, pero todos en la sala entendimos a qué se estaba refiriendo.
Era el abc del sistema político constitucional.
La historia ha demostrado que pueden haber leyes sin democracia pero que no puede existir democracia sin leyes.
DESOBEDIENCIA
Lesmes hizo referencia al ensayo «Cinco minutos de filosofía del derecho», del alemán Radbruch, publicado en 1945, que supuso «un aldabonazo» sobre la conciencia atormentada de la comunidad jurídica alemana, «al llamar la atención sobre el peligro de identificar la ley con la voluntad del gobernante, pues tal proceder dejaría a los ciudadanos indefensos ante las arbitrariedades del poder».
«Y al fin y al cabo, si arbitrario es lo que no se ajusta a una regla preexistente, la desobediencia a la Constitución es la máxima expresión de arbitrariedad».
Lo podría decir más alto, pero imposible más claro.
Quizá los señores del jurado del Premio a la Desobediencia del Instituto Tecnológico de Massachussets, de Boston, Estados Unidos, tendrían que repensarse la nominación de la alcaldesa de Berga de la CUP, Montse Venturós, a la que el Juzgado de lo Penal 2 de Manresa condenó a 6 meses de inhabilitación por negarse a retirar la bandera separatista del consistorio que ondeó durante los comicios de 2015.
Un premio que, según las bases, «está abierto a cualquier persona o grupo vivo que esté o haya participado en actos de desobediencia ética, responsable y de principios a la autoridad, con el objetivo de beneficiar a la sociedad». No veo que encaje mucho en lo que hizo Venturós. Porque más que beneficiar a la sociedad, la dividió aún más.
EL RESPETO AL DERECHO ES IRRENUNCIABLE
Y esto es justamente lo que el separatismo no respeta.
El presidente del órgano de gobierno de los jueces reconoce que es mediante la acción política como se pueden hacer cambios significativos a la sociedad, o encontrar soluciones a los más graves conflictos.
Pero el «respeto al derecho es irrenunciable, como lo es también su constante salvaguarda judicial, que materializa la fórmula del Derecho como medida y límite del poder».
«Estas premias se desconocen cuando, desde determinados poderes públicos -y ya sabemos todos a quien se estaba refiriendo-, en lugar de preservar ese Derecho en el marco de una sociedad inclusiva, se alimenta la desafección del ciudadano respecto del poder judicial -nuevamente, sobre la desenfocada visión de que ningún juez puede decidir en contra de la voluntad popular- demostrando una absoluta ignorancia de la dimensión y del significado del Estado de Derecho y del ejercicio democrático de la libertad«.
Y a continuación advirtió, con acierto que «frente a la posverdad, que persigue la impunidad bajo el cobijo aparente de la voluntad popular, los ciudadanos han de percatarse de que la respuesta del poder judical se encamina a evitar el daño que supone desarbolar ni más ni menos que todo un pacto de convivencia intergeneracional pues, si tal respuesta se produjese, el efecto sería demoledor y el sistema de libertades resultaría fatalmente debilitado».
PREOCUPACIÓN POR LAS DECISIONES JUDICIALES DE ALEMANIA Y BÉLGICA
El presidente saliente del CGPJ y del Supremo también se refirió a las inquietantes resoluciones de los tribunales alemanes y belgas y a la incertidumbre que han generado «al interpretar de forma unilateral conceptos jurídicos autónomos del denominado espacio europeo de libertad, seguridad y justicia».
Sin especificarlo de forma detallada, se refirió a las dudas sobre la Euroorden Europea de Detención y Entrega, que supuestamente se basan sobre la confianza mutua, y que no han funcionado en el caso de la entrega de los políticos prófugos separatistas.
LA CONSTITUCIÓN SE PUEDE CAMBIAR
Lesmes, por último, admitió que la Constitución se puede cambiar. Nada es inmutable.
Pero sobre la base de la lealtad constitucional, que se traduce en una actitud sincera y positiva a la hora de interpretar y aplciar sus reglas.
«Nuestra norma fundamental se liga indisolublemente a la garantía de los valores supremos de una sociedad libre, sin los cuales, esta no resulta reconocible como tal», avanzó.
Y apeló a un diálogo fructifero y tolerante a todos los niveles, «sin perversiones ni ambigüedades en el uso del lenguaje, dando a las palabras el sentido que se corresonde con la realidad de lo que con ellas se quiere decir».
Lo dicho, una lección magistral de lo que es una democracia y en lo que se basa.
Al César lo que es del César. Es de justicia.
