Hace poco más de un año, los días 6 y 7 de septiembre de 2017, los catalanes vivimos uno de los peores momentos de nuestra historia democrática, cuando en el Parlamento catalán se aprobaron las llamadas «leyes de desconexión»: la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad y Fundacional de la República Catalana.
Ambas leyes fueron redactadas sin transparencia parlamentaria. Los proyectos de ley permanecieron ocultos por sus autores, sin que los diputados, los profesores o los ciudadanos pudiéramos saber lo que estos textos legales, tan importantes para nuestro futuro, preveían.
Los proyectos de ley fueron publicados el 28 de agosto de 2017, tan sólo unos días antes de su aprobación.
Cuando se publicaron los proyectos, los juristas catalanes nos quedamos perplejos ante el contenido de estas dos leyes que implicaban una grave violación de los derechos y libertades de todos los catalanes.
El colectivo de juristas catalanes «Llibertats» advirtió con una nota de prensa urgente que estas dos leyes eran contrarias al sistema jurídico catalán, español y europeo.
La «Ley de Transitoriedad y Fundacional de la República catalana» era especialmente preocupante pues preveía la instauración de una República de carácter autoritario, en la que no había la necesaria separación de poderes que caracteriza a cualquier Estado democrático.
En la nueva República que dicha ley pretendía establecer, los miembros de su poder judicial, de su Tribunal Supremo y de su Tribunal Constitucional eran nombrados por una mayoría parlamentaria que correspondería al gobierno de la República.
Además, la ley Fundacional de la República catalana proclamaba que los catalanes conservaríamos la nacionalidad española, cuando obviamente esta es una cuestión que depende del Estado español.
Del mismo modo, la ley dejaba entender que el nuevo Estado catalán sería un Estado miembro de la Unión Europea, cuando la realidad es que las normas europeas establecen -y así lo han reiterado las autoridades de la Unión- que si una región se separa de un Estado miembro de la Unión europea, este nuevo Estado no se convierte automáticamente en Estado miembro y debe realizar todos los trámites para su proceso de admisión (entre ellos conseguir el voto favorable unánime de los actuales Estados miembros).
Estas leyes «de desconexión» fueron aprobadas sin que los diputados de la oposición pudieran realizar enmiendas y sin respetar la opinión del Consejo de Garantías Estatutarias.
La imagen del Parlamento catalán, con la mitad del hemiciclo vacío, es la prueba indiscutible de la profunda y dolorosa fractura social y democrática que vivimos en Cataluña y que el proceso independentista ha provocado.
Los tristes acontecimientos posteriores al 6 y 7 de septiembre de 2017, que sufrimos todos los catalanes, son la consecuencia de este golpe a la democracia y al sistema jurídico que se cometió aquellos días en el Parlamento catalán.
