El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha confirmado la investigación a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a cuatro miembros de la Mesa de la Cámara catalana por haber votado a favor de tramitar las leyes del referéndum y de transitoriedad los días 6 y 7 de septiembre.
En un auto, la Sala Civil y Penal ha desestimado los recursos de súplica presentados por las defensas de Forcadell y los miembros de la Mesa Lluís Guinó y Joan Josep Nuet –también están siendo investigadas Anna Simó y Ramona Barrufet– al rechazar sus argumentos para paralizar la investigación, abierta tras una querella de la Fiscalía.
Los abogados de la defensa apelaban a la supuesta inviolabilidad parlamentaria, a los derechos a la libertad de expresión y al debate político, y al derecho de autodeterminación de los pueblos, y consideraban que no podían ser acusados por desobediencia ni prevaricación, delitos por los que se les está investigando.
El magistrado Carlos Ramos recoge en su auto la posición de la Fiscalía –que dice que no hace suya, pero que la acepta solo a efecto de validar la investigación– de que la inviolabilidad «no es un privilegio personal que les inmunice de responsabilidad por actos manifiestamente ilegales».
Además, subraya que quedan fuera del ámbito de protección del principio de inviolabilidad aquellas conductas en las que «además de la opinión, sea necesaria la concurrencia de otra actuación», como la desobediencia a resoluciones judiciales.
En cuanto al derecho de autodeterminación de los pueblos, la Fiscalía consideraba que no puede ser esgrimido para interpretar las normas constitucionales en materia de derechos fundamentales y libertades públicas.
De esta forma, el TSJCat avala la querella de la Fiscalía, que ya en su momento se unió a la causa ya abierta contra Forcadell y varios miembros de la Mesa –por aceptar llevar a pleno con anterioridad varias resoluciones independentistas– para que se hiciese una investigación conjunta.
Además, en su escrito, recuerda que el Tribunal Constitucional advirtió a los miembros de la Mesa del Parlament querellados por permitir que se aprobara la ley del referéndum de las «eventuales consecuencias penales» y las «eventuales responsabilidades incluida la penal» en que incurrirían en caso de incumplimiento de sus determinaciones.
