Con preocupación y expectación se espera el Pleno Ordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGAE) convocado en Pamplona, donde también se celebrará el 200 aniversario de la creación del Colegio de Abogados de la ciudad navarra, porque uno de los asuntos a abordar, según confirmaron a CONFILEGAL fuentes del CGAE, son las nuevas obligaciones de los abogados con respecto al Registro Mercantil.
La preocupación por este asunto ha hecho que desde el Consejo se haya aprovechado este Pleno para introducirlo en el orden del día.
Al finalizar la reunión, a la que acudirán decanos y consejeros de los 83 Colegios de Abogados de España, se espera una postura única ante la medida que la gran mayoría de los decanos consultados por este medio consideran «excesiva e injustificada».
Hace una semana se publicaba en el BOE el Real Decreto Ley de 31/2008 que abordaba diferentes cuestiones. En el argot jurídico ya lo llaman “Decreto potaje” por incluir asuntos muy diferentes entre si.
Uno de ellas tiene que ver con la trasposición fuera de plazo de la Cuarta Directiva de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, donde en una de las últimas disposiciones del Real Decreto se habla de nuevas obligaciones para los abogados que asesorasen empresas en relación con el Registro Mercantil.
En esta reunión serán escuchadas las opiniones de Jesús Pellón, consejero y presidente de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del CGAE, quien presumiblemente, como ya lo hizo en CONFILEGAL, informará al resto de decanos y consejeros de dicha medida.
De “excesiva e innecesaria porque supera lo que realmente pide la propia cuarta Directiva”, calificó la medida en este medio.
Es bastante previsible que en esta tormenta de ideas del Pleno se busque una solución para evitar una nueva obligación más que fiscalice el trabajo de muchos abogados que ejercen su actividad relacionada con la asesoría de empresas.
Algunos de los decanos con los que ha hablado esta publicación muestran su enfado por la nueva obligación que la Administración quiere imponer a la abogacía.
“Siempre hay un velo de sospecha sobre nuestro trabajo”, señala uno de ellos. Desde esta perspectiva creen que lo mejor es mantener un próximo contacto con Economía a fin de aclarar la norma y muy posiblemente establecer reuniones con los partidos políticos que tendrán que convalidar dicha norma en los próximos treinta días.
Las relaciones entre la abogacía institucional y la Administración siempre ha tenido momentos de cierta tensión. La última tuvo que ver cuando desde el Ministerio de Economía, tras la interpretación de una resolución de la Dirección General de Tributos de enero del 2017, se fijó la obligatoriedad de gravar el IVA en el Turno de Oficio. Tras diferentes reuniones con Economía y Justicia, la Ley 2/2017 de modificación de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita garantizaba que los abogados y procuradores del turno de oficio no estén sujetos al pago del IVA.
Ahora, parece que se ha vuelto abrir otro frente con el propio Ministro de Economía.
Pese a que hasta donde se conoce del citado Real Decreto Ley, ya está en vigor, se abre un plazo de un año para que el abogado que está en contacto con las empresas se inscriba en el Registro Mercantil, desde el CGAE se observa que «ahora es el momento para aclarar una norma confusa y amplia», según indican desde esta entidad, «y ver la forma de que su alcance se limite de forma más racional».
