El principal problema de los barceloneses es el acceso a la vivienda. Es una evidencia que la especulación ha contaminado un derecho tan básico como es un techo para poder vivir.
Hablamos de dignidad, y lo que es absolutamente impresentable es que en los últimos tres años, coincidiendo con la entrada en el Consistorio del gobierno de Ada Colau el precio medio de alquiler se haya disparado un 24%, fijándose en el más alto y caro del Estado.
La derivada a tan calumnioso incremento es la salida de miles de jóvenes incapaces de poder encontrar una vivienda, así como los miles de «seniors», que con la precaria pensión que reciben no pueden hacer frente a un tsunami especulativo de esta naturaleza.
Cualquiera que quiera alquilar un piso en Barcelona habrá sufrido la angustiosa experiencia de encontrarse un parque de viviendas del todo inaccesible, y lo que queda muchas veces roza el despropósito.
Así las cosas, el gobierno municipal trata de atribuirse como éxito la aprobación del Plan por el Derecho a la Vivienda de Barcelona 2016-2025 cuando, por contra, nada ha hecho con respecto el aumento del precio del alquiler entre 2015 hasta día de hoy.
Sin pretender asustar, según datos publicados por la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat, el precio medio actual ha alcanzado la preocupante cifra de 916,30 euros, suponiendo, reiteramos, un aumento del 24% respecto del de 2015.
No hay muchas familias que puedan permitirse pagar estos precios y la lamentable consecuencia de esto es la expulsión de los barceloneses de su propia ciudad. Esto es una vergüenza.
LA LISTA DE LA VERGÜENZA
Pero el drama no acaba ahí. La capital catalana ha registrado entre 2015 y 2017, según datos del Consejo General del Poder Judicial, la escalofriante cifra de 12.322 desahucios.
Sin embargo, lo que es más preocupante es que la mayoría de los desalojos, un 84%, se producen por impago de alquileres.
Este problema se agrava por las deficientes políticas de vivienda pública impulsadas por el Consistorio, que apenas representan un 1,5% de todas las de Barcelona.
Este triste porcentaje queda muy lejos de los de otras capitales europeas, que ascienden al 15 o 20 por ciento.
Tenemos una lista. La llamamos la lista de la vergüenza, porque en ella hay la escalofriante cifra de 36.000 personas que, según el Síndic de Greuges, están en lista de espera en Barcelona para obtener una vivienda protegida.
La Mesa de Emergencias no puede dar respuesta a esta descomunal demanda, pero es más, lo que se esconde detrás de esta preocupante realidad es que miles de familias pueden ser desahuciadas en cualquier momento sin que se les concedan alternativas habitacionales. No es necesario recordar el drama que se produce cuando hay menores de por medio.
Así pues, la pobre persona que ostenta el puesto 35.999, ya si eso de aquí dos cientos años va a tener la oportunidad de vivir en una vivienda protegida.
13.000 VIVIENDAS VACÍAS
Además, ¿sabía usted que en Barcelona hay 13.000 viviendas vacías? No obstante, entre 2015 y 2017, hasta donde disponemos de datos, el número de personas homeless ha ascendido a 1.026.
Sinceramente, a uno le cuesta entender esa paradoja. Es una realidad que en cajeros, portales, bancos, cada día duermen más personas, todo ello con el impacto moral y social que eso significa.
En mi opinión, nadie, y digo nadie, debería carecer de un techo donde vivir, un trabajo para funcionar y aire limpio que respirar. Son tres derechos básicos.
Barcelona dispone actualmente de 82 solares vacíos donde pueden construirse aproximadamente unas 2.000 viviendas.
No voy a entrar a hacer eco de las promesas electorales realizadas por el actual Consistorio, porque verdaderamente es de risa.
MENOS TWITTER Y MÁS LADRILLO
Lo que verdaderamente urge es poner manos a la obra, arremangarse, y ponerse de una vez a construir viviendas sociales protegidas que den respuesta a las necesidades de los barceloneses. Menos twitter y más ladrillo.
Y qué decir de la proliferación de la oferta ilegal de pisos turísticos y narcopisos que ha sacudido de arriba a bajo la ciudad de la mano de plataformas digitales. Aún presumiendo de la brillante cifra de 2.355 apartamentos ilegales cerrados en los últimos dos años, la oferta sumergida no deja de ser una obviedad.
Pues no debemos olvidar que la teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, estimó que en Barcelona hay entre 6.000 y 8.000 pisos turísticos ilegales, así que al final uno piensa que le están dando gato por liebre.
Es bochornoso que barrios tan emblemáticos como el Eixample, el centro histórico o Poblenou estén al borde de dejar de ser de los propios vecinos de la ciudad.
EN BUSCA DE UN JUSTO EQUILIBRIO
Barcelona debe encontrar su justo equilibrio, pero en cualquier caso siempre deberá prevalecer el barcelonés y sus derechos básicos a cualquier otro tipo de especulación económica, por más rentable que resulte.
En el mismo sentido, y a modo de reseña, mencionar el coste que ha supuesto la paralización de las obras de Glorias y su posterior reanudación. 1.7 millones es la dramática cifra de lo que ha costado tener el túnel cerrado.
¿Nos imaginamos lo que se puede hacer con 1.7 millones de euros?
Solo para que la gente lo sepa, probablemente nadie dormiría en la calle.
No quería finalizar en el campo urbanístico sin mencionar la esperpéntica propuesta de la superilla del Poblenou.
Como ya he manifestado en numerosas ocasiones el gobierno Colau ha demostrado cómo se destroza un barrio. Lo que bajo ningún concepto se puede tolerar es la implantación de una estructura urbanística que vaya en contra del consenso vecinal.
Y si estos vecinos deciden pronunciarse sobre la viabilidad del proyecto, qué menos que participe e impulse el Ayuntamiento de Barcelona dicha consulta. Como sabemos, el Consistorio se ha negado a participar en la consulta vecinal, que finalmente se llevó a cabo con un casi 85% en contra de la implantación de la infraestructura.
Si a lo que aspira Barcelona es a convertirse en la capital del Sur de Europa, deberá, necesariamente, corregir la deriva en materia urbanística, y centrarse, inequívocamente, en defender los intereses de su gente y sus barrios. Nada más.
