El juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, del que es titular Juan Ramón Reig Purón, ha visto delito en las declaraciones realizadas en televisión por Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma, denunciando supuestos abusos policiales y ha abierto un procedimiento abreviado sobre el caso, según publica la Cadena SER.
Ruiz-Huerta es una activista, profesora y abogada española, especialista en derecho penal y de familia, actualmente diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y portavoz en la misma.
Fue candidata en elecciones al Colegio de Abogados de Madrid 2012, por la Asociación Libre de Abogados (ALA), de la que fue presidenta.
Sus declaraciones sobre supuestos abusos policiales se produjeron en 2014, cuando ejercía como abogada. Un año después fue cuando se metió en Podemos.
Las hizo en el programa Salvados, en La Sexta, en una entrevista con Jordi Évole.
Ruiz-Huerta aseguró que muchos de sus clientes le transmitían la existencia de «maltrato» durante sus detenciones.
Según esas denuncias, la letrada dijo que «la policía maltrata a los detenidos de manera sistemática durante la dentención. Desde el momento en que se produce la detención, durante la conducción, en los calabozos. No solamente de forma física, no solo les golpea, sino que veja, les insulta y les humilla».
Afirmó que es «una acusación gravísima» que ella «recibía del 90% de los clientes que asistía» entonces como letrada.
También destacó que «jamás por parte de la Fiscalía se hace una sola pregunta ni se inicia una investigación sobre cuál es el origen de esas lesiones que trae esa persona».
El Juzgado de Instrucción número 48 dictó auto de procedimiento abreviado el pasado enero, y a mediados de junio la Audiencia Provincial de Madrid, en un auto al que ha tenido acceso la SER -en respuesta al recurso de apelación interpuesto por la defensa de la política-, asegura que habrá que estudiar la «intención» de Ruiz-Huerta y «las cirunstancias que rodearon» a sus declaraciones.
El citado medio recuerda que se produce después de que el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid dictase el sobreseimiento provisional del caso a finales de 2014, «con la duda de si debería ser llevado ante el Tribunal Superior de Justicia al ser diputada regional y, por tanto, aforada».
LA DEFENSA RECALCA QUE RUIZ-HUERTA EXPRESÓ LAS DENUNCIAS QUE LE TRANSMITÍAN LOS DEFENDIDOS
La defensa de la diputada hace hincapié en que Ruiz-Huerta se limitó a expresar las denuncias que le transmitían sus defendidos.
En los recursos que ha interpuesto en los últimos meses solicita el archivo de la causa. Niega la existencia de delito en sus declaraciones y afirma que están amparadas por el derecho a la libertad de expresión.
«Doblemente reforzado por su condición de abogada y por tratarse de un asunto de interés general», subraya.
