Ione Belarra e Irene Montero protagonizaban una de las fuertes protestas que se han producido en Madrid ante el paso de la Vuelta ciclista a España. Una participación ante la que agentes de la Policía no dudaron en apercibir a ambas representantes de Unidas Podemos que podrían ser denunciadas por un delito de desobediencia.
La vuelta ciclista a España de este 2025 ha estado envuelta, sin duda, en un fuerte conflicto político, debido al conflicto armado que se está produciendo en Gaza por Israel a Palestina. Un contexto en el que han sido muchas las protestas que se han producido durante toda la edición en diferentes puntos de España, debido a la participación del equipo Israel Premier Tech en este evento deportivo.
Unas protestas que, este fin de semana, se producían en Madrid. Y que contaban con dos protagonistas de la política entre sus participantes. En concreto, la diputada del Congreso de los Diputados, Ione Belarra, y la eurodiputada por Podemos, Irene Montero.
Así pues, ambas políticas se encontraba en el intento de «boicot» a la Vuelta cerca de Navacerrada, en la sierra de Madrid. Una manifestación a favor de Palestina en la que ambas podemitas fueron vehementes en sus afirmaciones. Ello, hasta el punto de ser apercibidas en varias ocasiones por los agentes de la Policía Nacional.
Una actitud que llevó a los agentes a advertirlas que, de no modificar su actitud, podría llevarlas a ser denunciadas por un delito de desobediencia. Ello, al haber increpado presuntamente a los agentes. Y, del mismo modo y según se ha afirmado en diversos medios de comunicación, haber «instigado» a los protestantes.
Un presunto «delito de desobediencia» en la Vuelta
«Creo que la conducta de increpar a un policía o Guardia Civil, o incluso instigar a otros manifestantes, no tiene por qué constituir directamente un delito de desobediencia», explica ante estos hechos Paloma García Jiménez, abogada penalista.
Así pues, tal y como explica la letrada a Confilegal, esto dependerá de «la gravedad y naturaleza de la acción» realizada en las protestas de la Vuelta ciclista.
«Para que se considere un delito del artículo 556 del Código Penal, de delito de desobediencia grave tendrían que haberse resistido o desobedecido gravemente a la autoridad. Bajo mi humilde punto de vista una “actitud airada” o una discusión acalorada no alcanza ese umbral pena», valora.
Así, para Paloma García Jiménez, estas actuaciones podrían haberse calificado «como infracción grave del artículo 36.6 de la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. O bien una infracción leve del artículo 37.4 de la misma ley».
Ello, debido a que esta conducta, sin existir una negativa a una orden legítima, «se inclinaría más hacia una sanción administrativa que hacia un delito».
De considerarse una infracción administrativa, ambas podrían tener una multa económica. Y, de considerarse un delito de desobediencia grave, «pena de prisión de 3 meses a un año o multa de 6 a 18 meses»:
«Su condición de representantes públicas no las exime de responsabilidad penal o administrativa», recuerda la letrada. Algo que hace que sí puedan ser sancionadas. Eso sí, la pérdida de su posición política «no es una consecuencia automática de una sanción administrativa».
«Sin embargo, una condena penal firme por un delito doloso, que lleve aparejada la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, sí podría suponer la pérdida de su condición». Algo que, sin embargo, no contempla de forma expresa el delito de desobediencia.
Las sanciones a los manifestantes más radicales
Sin embargo, las políticas no son las únicas que podrían tener consecuencias tras sus actos en la Vuelta Ciclista. Y es que las acciones de los manifestantes más radicales también pueden ser constitutivas de varios delitos.
Uno de ellos, por desórdenes públicos. «Un delito que se aplica a quienes, actuando en grupo, atentan contra la paz pública con actos de violencia o intimidación»
«La acción de descolgarse de un puente encajaría claramente en este supuesto», asegura la abogada, en relación a lo sucedido en las protestas de la Vuelta ciclista.
Del mismo modo, también estas acciones podrían implicar un delito de «atentado contra la autoridad«. Ello, «si los manifestantes agredieran, intimidaran gravemente o se opusieran con resistencia grave a los agentes».
En el caso de negarse de forma persistente a acatar órdenes legítimas de los agentes, se podría hablar de un delito de «resistencia y desobediencia grave«.
«Estos delitos conllevan penas de prisión y/o multa. Delitos que pueden agravarse si se portan instrumentos peligrosos o se cometen en el seno de una multitud organizada», concluye la abogada penalista.
