Las conocidas como ‘Las 8 de Becerril’, activistas vinculadas a la Asamblea de Vivienda de Villalba investigadas por las protestas propalestinas durante el paso de La Vuelta Ciclista a España 2025 por Becerril de la Sierra, han reclamado el archivo de la causa abierta contra ellas y han acusado al Gobierno de actuar con “hipocresía” al respaldar públicamente el “boicot” a Israel mientras se mantiene la investigación judicial sobre los hechos.
Tres de los ocho encausados han comparecido este miércoles en una rueda de prensa frente a la sede de la Fiscalía General del Estado, donde han presentado la campaña ‘Las 8 de Becerril’, impulsada desde la Asamblea de Vivienda de Villalba, así como una iniciativa de ‘crowdfunding’ con la que pretenden recaudar al menos 20.000 euros para afrontar los costes del procedimiento judicial.
El abogado de los investigados, Diego Redondo, ha denunciado que el procedimiento constituye “un escarmiento” contra las protestas propalestinas y ha advertido de que los hechos investigados podrían derivar en “importantes penas de prisión”.
Asimismo, ha informado de que los ocho encausados están citados a declarar el próximo 21 de octubre en un juzgado de Collado Villalba y ha subrayado que niegan “de manera rotunda” los hechos que se les atribuyen.
Uno de los encausados, Pablo González, detenido durante la jornada del 13 de septiembre, coincidiendo con la penúltima etapa de La Vuelta, ha asegurado que su arresto fue “arbitrario” y ha denunciado un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Guardia Civil.
“Me detuvieron a mí como podrían haber detenido a cualquier compañera. Tengo mi parte de lesiones y en la detención me aplastaron la cara contra la cuneta y me rompieron las gafas”, ha afirmado.
Las protestas se produjeron en el marco de las acciones de boicot dirigidas contra el equipo Israel Premier Tech durante la competición ciclista. Según han recordado los encausados, dos personas se descolgaron desde un puente con una pancarta mientras alrededor de un centenar de manifestantes cortaban la carretera.
Un «juicio político» tras sus acciones en La Vuelta Ciclista
El letrado de la defensa ha definido el procedimiento como “un juicio político”, aunque ha precisado que, a su juicio, la politización no proviene de los investigados, sino de “un Estado hipócrita que anima al boicot y la movilización y luego encausa a activistas”.
Los encausados están siendo investigados por presuntos delitos de atentado y resistencia a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos.
Durante la comparecencia, los activistas de la Vuelta Ciclista criticaron también la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que “instó al boicot, pero solo al que él quería”.
En este contexto, aseguraron que, “dadas las circunstancias”, afrontarán el procedimiento desde una perspectiva política.
Los investigados defendieron igualmente que las protestas se desarrollaron de manera pacífica y reivindicaron la desobediencia civil como “una herramienta en cualquier democracia”, reclamando el sobreseimiento y archivo de la causa.
En apoyo a los encausados intervino también Daniel Canales, miembro del área de investigación de Amnistía Internacional España, quien afirmó que “protestar no es un delito” y expresó su confianza en que “este procedimiento no tenga más recorrido”.
