La defensa de Juana Rivas ha presentado este jueves objeciones a la pericial encargada por el Tribunal de Cagliari (Italia) en el proceso que se sigue en este país por ser la jurisdicción competente para decidir sobre la custodia de sus dos hijos, de cuatro y doce años que residen allí con su padre.
Su argumento es que está «incompleta» y debe «ampliarse» o «reformarse completamente».
El proceso queda así en suspenso ante la petición de los nuevos exámenes y, por su parte, la defensa de Francesco Arcuri, padre de Gabriel y Daniel, ha solicitado que se vaya directamente a conclusiones y se termine el proceso.
Precisamente, la vista prevista esta mañana en el Tribunal de Cagliari era para abordar el informe pericial como parte esencial del proceso de solicitud de custodia.
A partir de este informe el juez puede concluir cuál es el régimen de custodia más beneficioso para los niños entendiendo que siempre va a actuar protegiendo adecuadamente el interés de los menores.
El informe incluye, entre otros elementos, las entrevistas que el perito designado por el juez ha mantenido con los niños y con los padres para analizar la relación entre todos ellos y la situación más idónea para los menores.
Según declaraciones de la abogada de Juana Rivas en Italia, María Eugenia Álvarez, a Europa Press el informe proponía que los niños se quedaran con el padre pero «con un amplio derecho de visitas de la madre en España», pero se han hecho objeciones y el juez ha optado por «estudiar el asunto en sede colegial».
Lo “normal” es que la custodia sea para el padre
Para la abogada especializada en Derecho de Familia Isabel Winkels, esta medida es una “huida hacia adelante. Juana Rivas está agotando todas las opciones, teniendo en cuenta que la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Granada no es firme y que ella cree que se le concederá el indulto”.
En su opinión, “lo normal” es que la custodia de estos dos menores recaiga en el padre porque, “lógicamente, el tribunal italiano tendrá en cuenta lo sucedido”, es decir, que Rivas sustrajo a sus hijos durante casi un mes el año pasado, incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre para que regresaran a Italia, donde tenían fijada su residencia.
Además hay que contar con todos los documentos que los progenitores suelen presentar en estos procesos para probar cómo es la convivencia con los menores, como por ejemplo informes de los profesores, de vecinos y, en definitiva, del entorno donde se socializan.
En este sentido, y según explica esta experta, difícilmente podrá Rivas aportar pruebas de este tipo cuando los niños residen y están escolarizados en Italia y ella en España.
No obstante, cuando la custodia solo puede acordarse a favor de un progenitor, como es el caso, los jueces siempre van a actuar protegiendo adecuadamente el interés del menor, precisa Winkels, por lo que también admite que habiendo de fondo supuestos malos tratos, podría hacer que el tribunal se decantara por concedérsela a la madre.
Si se entendiera que este es el régimen de custodia más beneficioso para los dos niños y Juana Rivas entrara en prisión, la custodia se revertiría automáticamente, o lo que es lo mismo, los menores volverían a Italia con su padre Francesco Arcuri.
El tribunal italiano es el “verdaderamente” competente
A la cuestión de por qué es un tribunal italiano el que decidirá sobre este procedimiento cuando Rivas ha sido sentenciada por la justicia española, Winkels explica que cuando como consecuencia de un divorcio hay un proceso de solicitud de custodia, el lugar de residencia de los hijos es el que se fija como tribunal natural.
Por eso, en este caso la única jurisdicción capacitada es la italiana.
La razón de que fuera juzgada y sentenciada en España es porque Juana Rivas “intentó modificar el tribunal competente forzando un cambio que trajera su proceso a los tribunales españoles”. Ese cambio que explica Winkels lo forzó precisamente con la sustracción de sus hijos.
