PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

El fiscal general de Colombia enfila a uno de sus mejores clientes de su época como abogado

El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez Neira, y su antiguo cliente, cuando dirigía el bufete DLA Piper Martínez Neira, Carlos Mattas, al que ahora busca la Fiscalía que él dirige.
|

La historia tiene todos los ingredientes de un «thriller» de John Grisham. Un antiguo abogado convertido en fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez Neira, enfila a uno de los empresarios más importantes del país, Carlos Mattos, quien había sido uno de sus grandes clientes en el despacho de abogados que dirigió hasta que la Corte Suprema de Justicia lo eligió en agosto de 2016.

Una historia en la que la confidencialidad que debe regir entre el cliente y su abogado parece no tener ninguna importancia.

PUBLICIDAD

A lo que contribuye, además, la inexistencia de los Colegios de Abogados en ese país.

PUBLICIDAD

Desde su bufete –DLA Piper Martínez Neira-, Martínez Neira asesoró a Mattos cuando la Hyundai Motor Company decidió cambiar de socio en Colombia el 15 de septiembre de 2015, despojando al empresario del monopolio del que había disfrutado durante 25 años para comercializar vehículos y repuestos de la empresa coreana a través de su sociedad Hyundai Colombia Automotriz, S.A.

La sociedad beneficiada fue Neocorp, propiedad del magnate ecuatoriano Juan Eljuri. 

PUBLICIDAD

Como era de esperar, Mattas presentó batalla judicial, interponiendo una demanda contra los coreanos en febrero de 2016, con el asesoramiento de Martínez Neira y de otros abogados. 

En la misma, Mattos exigió una indemnización de 770.000 pesos colombianos (223,2 millones de euros), con la argumentación de las enormes inversiones que había tenido que hacer para posicionar la marca.

Hyundai, como era de esperar, se negó a pagar esa cantidad.

PUBLICIDAD

Sin embargo, un hecho inesperado vino a poner presión a Hyundai: la medida cautelar que impuso el juez sexto civil del Circuito de Bogotá, Reinaldo Huertas, ordenando que mientras se resolvía la demanda sólo la empresa de Mattos podía seguir distribuyendo y vendiendo vehículos de la marca en Colombia.

La decisión fue confirmada en segunda instancia por el juez Orlando Ramírez Fuentes. 

PUBLICIDAD

9.143 vehículos importados por Neocorp quedaron bloqueados en las zonas francas durante varias semanas.

Finalmente Mattos y Hyundai llegaron a un acuerdo en noviembre de 2016 por 29,7 millones de euros, que desbloqueó definitivamente la situación.

Cuando eso ocurrió, Martínez Neira hacía tres meses que era fiscal general del Estado.

Pero su hijo, Camilo Martínez Beltrán, siguió asesorando a Mattas hasta septiembre de 2016.

CLÁUSULA DE ÉXITO

La cláusula de éxito pactada en su momento por Martínez Neira, antes de asumir su nueva responsabilidad, era de un 10 por ciento, casi 3 millones de euros.

PUBLICIDAD

Una cantidad que, al parecer, no llegó nunca llegó a cobrar su antiguo despacho, según ha podido saber Confilegal.

Es ahí cuando comenzaron los desencuentros entre el empresario y su exabogado, convertido en fiscal general de la Nación, que, para mantener su apariencia de imparcialidad delegó el caso en una segunda persona.

El hilo del que tirar contra el empresario lo facilitó el abogado de Neocorp, Jaime Lomana, quien presentó una denuncia partiendo de la publicación de una columna de la revista Semana, firmada por el periodista Daniel Coronell.

En la misma cuestionó la medida del juez Huertas y afirmó que una semana después de tomar su decisión se compró un coche nuevo por 73 millones de pesos (21.018 euros) pagados al contado.

A consecuencia de las investigaciones iniciadas en aquel entonces por la Fiscalía, dos años después, en mayo de este año, fueron detenidos el juez, 5 funcionarios de justicia y Luis David Durán, abogado de Mattos.

Un acontecimiento que pilló al empresario en España, país del que tiene la nacionalidad y en el que suele pasar la mitad del año por poseer también aquí negocios.

Tras conocer que Durán había declarado a la Fiscalía, a cambio de un trato benigno, que a principios de 2016 había repartido sobornos entre los funcionarios de justicia y el juez, Mattas decidió quedarse en España.

Se temía una encerrona. No confiaba en el poder omnímodo de su antiguo abogado, quien ansía llegar, un día a la Presidencia de la República. Su gran objetivo.

Y no iba a ser a su costa.

APARIENCIA DE CULPABILIDAD

Sus abogados en Colombia, Camilo Ortiz y Mildred Hartmann, han sido citados mañana ante un tribunal de garantías en lo que allí se denomina audiencia para la imputación de cargos.

Todo indica que la Fiscalía posiblemente imputará a Mattos por un supuesto delito de cohecho, tres delitos informáticos y un delito de soborno.

Y que después solicitará que sea declarado en rebeldía y solicitará al Gobierno colombiano que inicie los trámites de extradición para traerlo desde España.

Sin embargo, las cosas no están, en absoluto, tan claras como, al parecer, pretende la Fiscalía colombiana.

Las investigaciones realizadas por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) -una especie de CSI de la Fiscalía colombiana que hace servicios forenses de todo tipo-, concluyeron, en 5 informes diferentes, que no se había podido probar que se manipulara informativamente el sistema de reparto de causas para redireccionarlo hacia el Juzgado del que era titular el juez Huertas.

Sí informaron de que entre 15 y 30 casos del grupo AVAL sí habían sido direccionados a un juez en participar y que ese juez manejaba esos casos de hipotecas y pagarés. Un dato que no interesó a la Fiscalía en absoluto.

Querían las pruebas del caso Hundai, que no existían.

El equipo mencionado, formado por cinco profesionales, fue luego disuelto y sustituido por otro que, al parecer, certificó la manipulación.

EL FISCAL GENERAL CONTRA LAS CUERDAS

Al margen de las 30 denuncias penales acumuladas contra Néstor Humberto Martínez Neira ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el único órgano que puede investigarle, el fiscal general ha sufrido recientemente un gran revés personal con la publicación de un artículo del periodista Gonzalo Guillén, en el diario La Nueva Prensa, de Colombia, el pasado 24 de septiembre. 

En el mismo, Guillén acusaba a Martínez Neira de esconder bienes y dinero en España y tener una sociedad en Panamá, llamada Amanda Advisors, S.A.

El inmueble, en Madrid, se halla en el número 17 de la calle Ortega y Gasset, cuarto piso, puerta izquierda; 121 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de la capital de España valorado en 3 millones de euros. Y también fondos bancarios en el Banco de Santander, recibidos, mediante transferencias provenientes presuntamente de paraísos fiscales, según fuentes judiciales españolas, afirma Guillén.

Esta circunstancia ha dejado en muy mala situación a Martínez Neira. De ser español, la oposición y los medios de comunicación estarían pidiendo su dimisión inmediata. 

La respuesta del fiscal general colombiano ante esta publicación fue la detención de un segundo abogado relacionado con Mattas, Alexandre Philip Vernot, amigo de Guillen, a quien la Fiscalía acusó de ofrecerle a Luis David Durán casi 600.000 euros por su silencio y porque dejara de colaborar con la Fiscalía. 

Una acusación que Vernot niega por completo. 

En su declaración, Vernot afirmó que «la verdadera motivación de este caso es una conspiración urdida desde la Fiscalía General de la Nación y por Fiscales corruptos que tienen relación con el caso, que trabajan en equipo con el abogado Jaime Lomana y su cliente, el señor Eljuri, y que quieren evitar que se sepa que el caso de las más de 10 detenciones realizadas en este caso se hicieron sobre una prueba falsa construida por los abogados de Eljuri, Malo y Lomana».

Lo dicho, una conspiración en toda regla. Como en una de las novelas de John Grisham de la que todavía se desconoce el desenlace.

por Carlos Berbell.

Carlos Berbell es director de Confilegal. Periodista, consultor internacional en comunicación y escritor, está especializado en el campo de la justicia, la investigación criminal y la comunicación institucional.