La vicefiscal general de la Nación de Colombia, María Paulina Riveros Dueñas, finalmente ha acusado al empresario hispano-colombiano Carlos Mattos Barrero de cuatro delitos ante el Juez 27 penal municipal con función de control de garantías, quien lo declaró contumaz (en rebeldía), lo que ha abierto el camino para activar el Convenio de Extradición entre Colombia y España.
Esto conlleva, indefectiblemente, la activación de la circular roja de Interpol que conlleva la detención o el arresto preventivo de la persona buscada en el país donde se halle.
«Hemos iniciado los trámites pertinentes tendientes a obtener la entrega en extradición del señor Mattos para que comparezca ante las autoridades judiciales colombianas», dice el comunicado hecho público por la Fiscalía General de la Nación, de la que es titular el abogado Néstor Humberto Martínez Neira.
Hasta agosto de 2016, cuando fue nombrado para ese puesto, Martínez Neira era el abogado principal de Mattos Barrero.
El fiscal general colombiano ha sido puesto en tela de juicio en los últimos días merced a una información publicada por el periodista Gonzalo Guillén, el pasado 24 de septiembre en el diario La Nueva Prensa, en la que afirmaba que Martínez Neira tenía un piso en Madrid, a través de una sociedad opaca radicada en Panamá, Amanda Advisors, S.A., así como diversos fondos.
El diputado del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Mareas, Ricardo Sixto, dirigió el pasado viernes una batería de preguntas al Gobierno, a través de la Mesa del Congreso de los Diputados, sobre dichas propiedades y sus orígenes, que apuntaba, podían estar relacionados, con sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
El exrepresentante legal de Mattos durante largos años no lleva directamente la instrucción del caso sino que la ha delegado en su número dos Riveros Dueñas.
CASO HYUNDAI
El caso Hyundai, que así se denomina este asunto, fue iniciado por Martínez Neira.
La decisión de actuar contra Mattos, que se encuentra en España, se debe, según explica Riveros Dueñas en el comunicado citado, a que Mattos no asistió a dos interrogatorios por videoconferencia desde España, una fijada para el 14 de septiembre y la segunda, el 3 de octubre de 2018, y que estaba previsto que se realizaran desde la embajada de Colombia en Madrid.
Aunque Mattos primero confirmó su presencia, debido a la posibilidad de que pudiera ser detenido en territorio colombiano -la embajada de ese país es, a todos los efectos, parte de Colombia-, rechazó presentarse.
Su abogado en España, el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, dirigió un escrito a los abogados de Mattos en Bogotá que leyeron ante el juez de garantías, en el que explicaba que dicha comparecencia debía hacerse en territorio español y ante las autoridades judiciales nacionales.
La ausencia de Mattos provocó que el juez 27 penal municipal con función de control de garantías -allí la instrucción la llevan los fiscales y los jueces están limitados a su función de jueces de garantías- aceptara la imputación de 4 delitos a Mattos: Cohecho por Dar u Ofrecer en grado de autoría (artículo 407 del Código Penal colombiano) y, Utilización Ilícita de Redes de Comunicaciones (artículo 197), Acceso Abusivo a un Sistema Informático (artículo 269A) y Daño Informático (artículo 269D ), en grado de determinador.
De acuerdo con la acusación, «El procesado habría pagado, a cambio de que un juez de la República adoptara una decisión en su favor, sobornos a múltiples funcionarios del área de sistemas de la judicatura y a funcionarios judiciales, para direccionar el reparto de una demanda de la empresa colombiana Hyundai Colombia Automotríz S.A. (de la cual Mattos era el mayor accionista) contra la Compañía Coreana Hyundai Motor Company. El propósito de la demanda era que se prohibiera a esta última la comercialización de sus automóviles y repuestos, en territorio colombiano, con cualquier empresa distinta a Hyundai Colombia Automotriz».
