El Gobierno «no tiene ningún plan para modificar el delito de rebelión» ni ve motivos para que el mundo judicial se sienta presionado ni ofendido por las recientes reflexiones del Ejecutivo acerca de este delito y su actual tipificación en el Código Penal.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en Sevilla, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, ha explicado que cuando el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el curso de un debate parlamentario esta semana recordó que en 1994 el diputado del PP Federico Trillo defendió que el delito de rebelión sólo lo podían cometer militares o civiles armados que siguieran órdenes de militares, no hizo ese comentario para tener «ningún gesto» con el independentismo, que sabe que el Gobierno no pretende incidir en el poder judicial.
Lo sacó a colación, ha argumentado, del debate sobre «la creciente derechización» de PP y Ciudadanos, que sostienen que en Cataluña ha tenido lugar un golpe de Estado.
Por supuesto, ha añadido, tampoco Sánchez con ese comentario «pretendía orientar» al poder judicial hacia ninguna parte, pese a que fuentes del Tribunal Supremo citadas por el diario El Mundo hayan manifestado bajo la condición de anonimato su malestar por lo que consideran un intento de presión al poder judicial.
«Esto es una cuestión tremendamente subjetiva», ha dicho Celaá, que ha señalado que «hay personas que se sienten más vulnerables, heridas u ofendidas por manifestaciones que se puedan hacer desde un ámbito o desde otro».
‘EL GOBIERNO NO MARCA EL PASO A LA JUSTICIA’
Y aunque «todo el mundo es libre para tener sus sentimientos», ha remarcado que Sánchez «para nada se refirió al poder judicial», por lo que en esos comentarios «no hay ningún tipo presión al poder judicial».
«El Gobierno no marca el paso a nadie. Y si verdaderamente los tribunales son independientes no tienen por qué alterar su paso», ha replicado.
Preguntada por el convencimiento manifestado por Sánchez siendo líder de la oposición de que lo sucedido en Cataluña constituye un delito de rebelión y las dudas que en la actualidad ha parecido apuntar a este respecto, Celaá ha contestado que el Ejecutivo «ni tiene dudas ni deja de tenerlas» y se mantiene a la espera de conocer los escritos de acusación que la Fiscalía y la Abogacía del Estado tienen que presentar contra los encausados por el proceso independentista.
La portavoz ha insistido en que la Fiscalía «no recibe ningún tipo de instrucción del Gobierno» y «actúa en defensa de los intereses generales siendo autónoma e imparcial».
Por lo que se refiere a la Abogacía del Estado, que tiene intención de tener su escrito preparado para el 2 de noviembre, está trabajando con «criterios estrictamente jurídicos» y «técnicos».
«Este Gobierno no da instrucciones a la Abogacía del Estado», ha sentenciado. Con información de EP
