IU promoverá que la reprobación al Rey aprobada por el Parlamento catalán se extienda por toda España. Ha anunciado que presentará mociones de reprobación a la Monarquía en más de mil ayuntamientos.
El texto de la moción exige, además, un referéndum para que la ciudadanía diga si quiere República o Monarquía como forma de organización del Estado, y «la investigación de los posibles delitos fiscales del ciudadano Juan Carlos de Borbón«.
«Más del 1.000 municipios van a ver cómo registramos mociones de reprobación a la Monarquía», anunció el sábado el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón.
Aquí lo tienen:
Anunciamos la moción que presentaremos @iunida en más de 1.000 ayuntamientos para reprobar a la corona, exigir un referéndum sobre la monarquía y la investigación de los posibles delitos fiscales del ciudadano Juan Carlos de Borbón. #RepruebaLaCorona pic.twitter.com/HPMxHS3J8O
— Alberto Garzón? (@agarzon) 27 de octubre de 2018
La campaña se denomina ‘#RepruebaLaCorona’ y, según ha informado el partido, se va a desarrollar en los más de 1.000 municipios de todo el Estado donde tiene presencia IU.
Con esta actuación, IU busca «cortocircuitar la deriva autoritaria que pretende blindar a la Monarquía y hacerla impune de sus crímenes».
IU también enmarca esta iniciativa como respuesta al recurso que el Gobierno presentará ante el Tribunal Constitucional contra la reprobación de Felipe VI en la Cámara Catalana.
Para Garzón, es una decisión «claramente antidemocrática, que vulnera la libertad de expresión» y que «no tiene ni siquiera el amparo del Consejo de Estado».
Fue el pasado viernes cuando el Consejo de Ministros decidió impugnar ante el Constitucional la resolución del Parlamento de Cataluña en la que se reprobó al Rey y se reclamó el fin de la Monarquía. Fue aprobada el pasado 11 de octubre con los votos de los comuns, JxCat y ERC (69), la abstención de la CUP (4) y el rechazo de PP, PSC y Cs (57).
Garzón se refiere a que el Ejecutivo acordó recurrir la reprobación del Rey a pesar del criterio en contra expresado por el Consejo de Estado en el dictamen encargado por el Gobierno.
El Consejo entiende que la resolución del Parlamento catalán es «netamente política, no jurídica» y destaca que ese tipo de mociones parlamentarias «no se integran en el ordenamiento ni producen efectos jurídicos».
De cualquier modo, el dictamen del Consejo de Estado es “preceptivo pero no vinculante para el Gobierno”, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dijo que «esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico, pero sí tiene que tener una respuesta política».
El AYUNTAMIENTO DE BARCELONA TAMBIÉN REPRUEBA AL REY Y PIDE LA ABOLICIÓN DE LA MONARQUÍA
El mismo día que el Consejo de Ministros anunció este recurso, el Ayuntamiento de Barcelona, en manos de Ada Colau (En Comú Podem), siguió los pasos del Parlamento catalán y acordó «rechazar y condenar el posicionamiento del Rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre».
Además, apostó por la abolición de la Monarquía.
Se acordó mediante una declaración institucional promovida por la CUP y que firmaron el Gobierno de Ada Colau, PDeCAT, ERC y los dos concejales no adscritos –Gerard Ardanuy (Demòcrates) y Joan Josep Puigcorbé-.
Cs, el PSC y el PP la rechazaron.
Esta declaración también reprueba «los actos represivos en contra de la ciudadanía» y condena «las amenazas de aplicación del artículo 155 de la Constitución» y «la amenaza de la ilegalización de partidos políticos catalanes».
EXIGE LA LIBERTAD DE LOS SEPARATISTAS PRESOS Y GARANTÍAS PARA LOS POLÍTICOS Y ACTIVISTAS QUE ESTÁN HUIDOS Y MIEMBROS DE LOS CDR
El Pleno también dio luz verde a otra declaración institucional, promovida por el PDeCAT, que pide la libertad inmediata de los separatistas en prisión preventiva; exige terminar con la judicialización, y reclama que se den «todas las garantías jurídicas» a políticos y activistas en el extranjero investigados y miembros de los CDR.
Reclama también una reforma del sistema judicial español que «garantice su independencia y pleno sometimiento a sus instituciones del Estado de Derecho y a los principios democráticos, evitando arbitrariedades y persecuciones ideológicas», y pide dialogar con el Gobierno para encontrar una salida y celebrar un referéndum que permita a los catalanes decidir libremente su futuro.
Ciudadanos se ausentó del pleno en el momento de la lectura de la declaración, porque no son competencia del Ayuntamiento y son inaceptables, según denunció la líder de la formación en Barcelona, Carina Mejías.
Alberto Fernández, líder del PP, advirtió que no guardarán silencio ante quienes quieran desprestigiar las instituciones y destruir lo que es y representa España, y lamentó que la formación de la alcaldesa, Ada Colau -que no estaba en el pleno en ese momento- haya firmado una declaración que representa un «menosprecio a la Corona y a la unidad de España».
El republicano Jordi Coronas le replicó que el respeto se gana, no se hereda, y la socialista Carmen Andrés defendió las «instituciones legítimas y democráticas».
Por su parte, el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, publicó en Twitter que el Parlament ya reprobó al Rey y que el viernes lo volvieron a hacer en el Ayuntamiento, porque «la Monarquía se ha convertido en un obstáculo para los avances democráticos que necesita el siglo XXI», según él.
También el Ayuntamiento de BCN reprobará hoy a Felipe VI. Porque efectivamente somos libres de hacerlo, y porque como bien explica Pérez Royo la Monarquía se ha convertido en un obstáculo para los avances democráticos que necesitamos en el siglo XXI.https://t.co/0KUflu1Ysm
— Gerardo Pisarello (@G_Pisarello) 26 de octubre de 2018
