El Consejo de Ministros acordó este viernes la inadmisión del recurso de reposición interpuesto por la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos contra el Acuerdo de fecha 31 de agosto de 2018 que inicia el procedimiento de exhumación y traslado de los restos mortales de Francisco Franco.
Según señala el acuerdo de inadmisión «no cabe hablar de indefensión en este momento del procedimiento, que se encuentra en su fase inicial, habiéndose otorgado audiencia a los interesados a fin de que puedan efectuar las alegaciones y presentar los documentos que estimen oportunos», señala el acuerdo .
Y añade que «en modo alguno dicho acuerdo decide directa o indirectamente el fondo del asunto y desde luego no genera un perjuicio irreparable de derechos o intereses legítimos, porque ni crea una situación jurídica concreta, ni prejuzga el fondo del asunto».
Asimismo, y en relación a la solicitud de suspensión del acto impugnado, el Acuerdo concluye que «no concurre ninguna de las circunstancias para ello, dada la inadmisión a trámite del recurso en que se formula».
Contra esta resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala III del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses.
Por su parte, los Benedictinos explicaron a través de un comunicado que el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno prevé la exhumación inmediata de 19 monjes benedictinos enterrados en el Valle así como de 172 fallecidos después de la finalización de la Guerra Civil.
«Este hecho, que no ha sido fuente de información en la mayoría de los medios quedando olvidado ante la notoriedad de la exhumación del anterior Jefe del Estado, es para esta Abadía motivo fundamental de preocupación por lo que se ha visto obligada a recurrir las actuaciones emprendidas en defensa de la Comunidad benedictina, de aquellos que en vida pertenecieron a ella y aquellos otros fallecidos después de la Guerra Civil cuyos restos mortales nos fueron entregados y de los que somos custodios», matizan.
Desestimada la recusación de la familia
Por otro lado, el Consejo de Ministros tomó conocimiento de la desestimación por parte del Ministerio de Justicia del incidente de recusación presentado por María del Mar Martínez Bordiú Franco.
Fue presentado el pasado 30 de octubre contra la instructora del procedimiento «para reconocer y ampliar derechos y establecer medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura».
Es la ministra de Justicia, Dolores Delgado, «como superiora jerárquica inmediata de la instructora del procedimiento, previas las manifestaciones y comprobaciones oportunas» quien ha resuelto desestimar el incidente de recusación, según recoge el acuerdo del Consejo de Ministros.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dijo que el Ejecutivo lo que quiere es «avanzar con absoluta normalidad» hacia dicha exhumación. Para ello, el Consejo de Ministros del próximo 9 de noviembre dará «el último paso administrativo» para «acabar con una tumba de Estado» y con el «capítulo más negro» de la historia de España.
