El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia están negociando el acuerdo para determinar la carga de trabajo de los órganos judiciales con unos nuevos módulos de entrada de asuntos que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2019.
En el borrador de acuerdo al que ha tenido acceso Confilegal, los módulos de carácter nacional y general en los que trabajan los equipos de Carlos Lesmes y Dolores Delgado serán la referencia para las propuestas organizativas de la Administración de Justicia de aquí a cinco años.
Con estos nuevos módulos que sustituirán a los fijados en 2003 actualmente vigentes, ambas instituciones contarán con «un instrumento adecuado» para decidir si es necesaria la creación de órganos, incrementar las plazas judiciales, aprobar de medidas de refuerzo o planes de urgencia, y, en su caso, medidas de prevención de riesgos laborales.
Y es que en estos 15 años, la variación que se ha producido en las cargas de trabajo de los órganos judiciales ha sido significativa, tanto por cambios normativos como por la entrada de determinados tipos de asuntos.
Para dibujar esta nueva realidad judicial, se han tenido en cuenta las medidas de refuerzo adoptadas hasta ahora, las situaciones de sobrecarga y las peticiones de creación de plazas realizadas por el CGPJ y por los Tribunales Superiores de Justicia, entre otras cuestiones.
Superación del módulo más de un 30% de media
El módulo de entrada de asuntos que se fija es general si bien en el borrador de acuerdo se matiza que podrá ser complementado con otros criterios coyunturales que afecten de forma puntual a la situación de un juzgado o tribunal, o de realidades socioeconómicas de determinados partidos judiciales.
En relación con la planta judicial se tendrán en cuenta criterios como complejidad de la litigiosidad en función del número de procedimientos de una u otra clase, concentración de zonas urbanas, empresariales o turísticas, adopción de medidas excepcionales en casos de litigios masivos o dotaciones de personal de la Administración de Justicia.
Aunque, el borrador deja claro que superar el módulo de entrada en un órgano judicial «no conllevará de manera automática la obligación de asumir la creación de órganos o unidades judiciales».
La creación de planta, además de depender de que haya o no presupuesto, «precisará la superación del módulo en más de un 30% de media, en los cinco años anteriores», recoge el documento.
La nueva medición se revisará en un plazo de cinco años siempre que no se produzca un cambio normativo o doctrina jurisprudencial que varíe las competencias de algún tipo de órgano judicial.
Asimismo, si se detecte alguna desviación de los módulos fijados con la carga real de trabajo de los órganos judiciales, con el acuerdo de ambas partes e independientemente del tiempo transcurrido se iniciará la revisión.
