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Una cadena de acontecimientos condujeron a la suspensión de los abonos al turno de oficio

En territorio Ministerio
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La historia bien podría titularse “entre todos la mataron y ella sola se murió”. Porque lo sucedido, la suspensión de lo adeudado a los abogados que prestan sus servicios en el territorio Ministerio -las Comunidades Autónomas de Murcia, Islas Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla-, solo puede explicarse como una concatenación de acontecimientos que tienen su origen en el cambio de Gobierno, y, por lo tanto, de equipo Ministerial en Justicia, del pasado mes de junio.

Para dejar las cosas claras. Al Ministerio de Justicia le corresponde pagar a todos los abogados del turno de oficio que prestan sus servicios en esas Comunidades y ciudades autónomas. Y también a los que lo hacen en los llamados órganos centrales, léase la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

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Esos pagos se realizan a través del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

En las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas (Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y Madrid) los pagos se realizan desde la Consejería de Justicia correspondiente a los Consejos de la Abogacía Autonómicos.

En lo que se refiere al Tribunal Supremo o a la Audiencia Nacional, situados en Madrid, le corresponde al Colegio de Abogados de la capital certificar las horas trabajadas por los abogados del turno de oficio para luego enviárselo al CGAE, quien, a su vez, lo manda al Ministerio de Justicia.

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El caso que introduce esta distorsión que ha llevado a este estado de cosas, de ausencia de pago del turno de oficio, es el de la Gürtel, primera época, que se celebró en la Audiencia Nacional, en Madrid, a lo largo de un año.

En el mismo intervinieron 19 letrados del turno de oficio con los que se había pactado el pago de 30.000 euros a cada uno, lo que sumaba un total de 570.000 euros.

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El entendimiento entre el CGAE y el Ministerio de Justicia saliente era fluido.

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El CGAE entregaba los certificados al Ministerio y este se encargaba de pagar los emolumentos en base al Convenio existente -Ministerio-CGAE-ICAM- que firmaba un límite de 570.000 euros y que tenía su base en la Ley de Subvenciones.

En las semanas previas a la moción de censura del PSOE y de la mayor parte de los partidos de la oposición, el Ministerio verificó que se habían transferido al CGAE 591.297 euros por encima del límite de los 570.000 euros establecido en el Convenio, en un afán de darle celeridad al asunto ya que se era muy consciente de que para un abogado del turno un juicio de un año como el de Gürtel suponía abandonar todo.

Una anormalidad que la Dirección General de la Administración de Justicia había detectado mucho antes del cambio de Gobierno y por la que ya se había pedido formalmente al CGAE explicaciones mediante la apertura del consiguiente expediente.

Era preciso solucionar el entuerto cuanto antes porque la Ley de Subvenciones prohíbe a la Administración dar nuevas subvenciones si no se está al corriente de pago.

“En el momento de hacer el traspaso de poderes, el asunto estaba absolutamente documentado. Los nuevos responsables, la nueva directora general, Esmeralda Rasillo y el secretario de Estado, Manuel Jesús Dolz, fueron informados”, explican fuentes del equipo saliente.

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El CGAE, y el Colegio de Abogados de Madrid, tenían que explicar por qué se había sobrepasado la cantidad establecida en el Convenio en esos 591.297 euros.

Y tenían que regularizar la situación.

Había dos caminos: 1. Explicarse y devolver de inmediato lo cobrado en exceso; y 2. Explicarse y pactar la devolución de lo cobrado en exceso a plazos, una solución que requería entendimiento por ambas partes. En puridad, lo lógico era exigir la devolución inmediata del dinero.

El cambio de equipo ministerial, con el consiguiente aterrizaje en tierra ignota, el verano, la paralización de todo, las precauciones, el caso mismo, las relaciones humanas, todo, en su conjunto, contribuyó a la paralización de los pagos al turno de oficio en territorio Ministerio, convertido en la víctima principal de esta situación, que lleva cuatro meses sin cobrar lo que se le debe.

Ayer en Confilegal informábamos que el Ministerio había desbloqueado 7.835.117 millones de euros y que a lo largo de las próximas dos semanas se pagaría lo correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre.

“La oficina presupuestaria del Ministerio no permitía pagar ese dinero hasta que el CGAE no devolviera esa cantidad. Una vez que se ha producido, se va a proceder a su abono”, concluyeron.

Desde el Ministerio se recordó después que, de acuerdo con el artículo 35 de la mencionada Ley de Subvenciones, hasta que no se reintegraran las cantidades cobradas indebidamente, los 591.297 euros, no podían conceder nuevas subvenciones, a riesgo de ser acusados de malversación de fondos y de prevaricación.

Para hacer la cosa más suave, indicaron al CGAE que el reintegro debían hacerlo en el marco del artículo 90 de ese mismo Reglamento, que contempla la devolución voluntaria.

El CGAE no entendían nada, puesto que en este caso no han hecho más que de mensajeros entre el Colegio de Abogados de Madrid y el Ministerio de Justicia.

“Nosotros, en esto, no certificamos nada. Nos limitamos a pasar al Ministerio la documentación que nos entrega el ICAM”, explicaron ayer fuentes del CGAE. “La cuestión es que el nuevo equipo ministerial no está de acuerdo con el asunto y ordena no pagar”.

Y una cosa llevó a la otra. Al no encontrar una explicación plausible se paralizó todo tipo de pago, incluidos los abonos a los abogados del turno de oficio del territorio Ministerio quienes, después de tres meses sin cobrar, comenzaron a movilizarse, como en Toledo o Murcia.

La explicación de “problemas técnicos”, planteada en un principio, comenzó a dejar de tener sentido. Lo que llevó al CGAE a tirar de chequera y a pagar al Ministerio los 591.297 euros de su cuenta para desbloquear la situación y permitir que los abogados cobraran lo que les pertenece por los servicios prestados.

Un asunto, este, que todavía está por resolver.

Lo dicho. Es el viejo cuento de, entre todos la mataron y ella sola se murió.

Porque explicación, no hay otra.

por Carlos Berbell.

Carlos Berbell es director de Confilegal. Periodista, consultor internacional en comunicación y escritor, está especializado en el campo de la justicia, la investigación criminal y la comunicación institucional.