El gobierno autonómico catalán ha anunciado hoy que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado con el fin de que se investigue si el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes Serrano, y el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo Gimeno, pudieron cometer algún delito en la decisión que tomó el Pleno de la Sala sobre quien debería pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AIJD).
Elsa Artadi, la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, avanzó que presentarían la denuncia el próximo martes, 13 de noviembres, tras la reunión del ejecutivo.
De acuerdo con fuentes jurídicas consultadas por Confilegal, la denuncia del Govern no tiene ningún recorrido y está condenada al archivo inmediato por parte de la Fiscalía General del Estado. Otra cosa sería que el gobierno autonómico presentará una querella ante el Tribunal Supremo, que requeriría obligatoriamente abogado y procurador.
Una opción que, casi con toda seguridad, seguiría el mismo destino: el archivo.
Según las mismas fuentes, el anuncio de denuncia del gobierno autonómico catalán, que preside Quim Torrá, tiene como objetivo ahondar en la campaña de desprestigio de la justicia española de cara a la celebración del juicio contra los 18 políticos acusados de delitos como rebelión, sedición, malversación y desobediencia por la organización y celebración del referéndum ilegal del 1 de 0ctubre de 2017.
En sus declaraciones Artadi se refirió de forma expresa a ellos citando la petición de «más de 200 años de cárcel para quienes defienden la democracia».
VULNERACIÓN DE DERECHOS
Desde el punto de vista de la política catalana, se ha producido una «vulneración de los derechos de toda la ciudadanía», con unos «procedimientos» judiciales que considera dudosos, sugiriendo la existencia de «posibles intereses particulares» que habrían podido influir en la decisión.
Y la Fiscalía, en su opinión, está «obligada a investigar» si hay algún delito en el «cambio de una sentencia» firme, después de que la Sección Segunda de la Sala Tercera decidiera que el IAJD lo pagara la banca en vez del comprador, como había venido diciendo la jurisprudencia hasta ese momento.
En su afán simplificador comunicativo, la portavoz del gobierno autonómico se refiere a una sentencia, que en realidad son tres, como bien explicó en su momento Lesmes Serrano.
Artadi también parece desconocer que el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no debatió sobre esas tres sentencias sino sobre otras tres, nuevas, que presentaban las mismas características y que, por 15 votos a 13, votó a favor de mantener la jurisprudencia, de que continuaran pagándolo los compradores.
Una decisión que ayer corrigió el Consejo de Ministros con la aprobación de un Real Decreto-Ley que establecía que el IAJD lo paguen los bancos a partir de ahora.
