Soto del Real. La puerta de la cárcel como improvisado púlpito jurídico. Allí, con los muros del penal a su espalda, el abogado de José Luis Ábalos lanzó este lunes la primera andanada contra el fallo del Tribunal Supremo.
Marino Turiel no se anduvo con rodeos. Habló de «arbitrariedad» en el análisis probatorio de la sentencia que ha condenado al exministro socialista a 24 años de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 por el conocido como ‘caso mascarillas’. Una resolución que, recordemos, la Sala Segunda ha adoptado por unanimidad.
¿Y ahora qué? El letrado fue claro: la batalla cruzará fronteras. Anunció que elevarán el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El exministro de Transportes, aseguró, «sigue teniendo muchas ganas de lucha».
Dentro, en una celda donde permanece desde noviembre junto a Koldo García, Ábalos encajó el golpe con «muchísimo estupor». No esperaban algo así. No de esta dimensión. Turiel lo definió con dos adjetivos que pesan: una sentencia «dura y extrema».
Aquí entra la cuestión técnica, la que de verdad marca el terreno de juego. Al tratarse de un tribunal de última instancia, la defensa no puede «discutir la prueba».
Esa puerta está cerrada. Por eso el foco se desplaza hacia otro flanco: la «vulneración de derechos». Es la rendija por la que pretenden colarse hasta Estrasburgo.
Quedaba la pregunta incómoda. ¿Por qué Ábalos no colaboró con la justicia, como sí hizo Víctor de Aldama —el conseguidor de la trama, beneficiado por la atenuante muy cualificada y librado de pisar la cárcel?
Turiel devolvió la pelota con una pregunta propia: ¿qué se entiende exactamente por colaborar? Y blandió un principio elemental del derecho penal. Todo investigado tiene derecho a defender su inocencia.
La defensa traza su hoja de ruta. El Supremo ha dictado su última palabra en España. Pero Turiel ya mira más allá de los Pirineos.
