La APFP critica que el Gobierno ha gastado "casi 56 millones y medio de las antiguas pesetas (373.000 euros) en abrir 25 piscinas para el disfrute de los internos y 29 millones de pesetas (173.000) en canapés y bebidas por La Merced", pero para los funcionarios y laborales, que llevan más de un año pidiendo un aumento de sueldo y más plantilla, "no haya dinero".
Interior gasta 173.500 € en aperitivos y 373.000 en piscinas, y los trabajadores penitenciarios en huelga
Según denuncia en Confilegal Francisco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP)
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16/11/2018 01:30
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Actualizado: 16/11/2018 08:17
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«Mientras los trabajadores penitenciarios se encuentran en huelga general reclamando unas mejoras salariales y profesionales que el anterior Gobierno y el actual prometieron y no han cumplido, vemos cómo el derroche del Ministerio del Interior no cesa». Así lo denuncia en Confilegal Francisco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).
Explica, por ejemplo, que el Gobierno gastó 173.466 euros» el pasado 24 de septiembre para celebrar la festividad de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, según le informó la semana pasada la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP), tras solicitar el sindicato esta información.
Cuenta que ese gasto fue «en los aperitivos, bebidas y canapés para los invitados a los actos, fundamentalmente autoridades y algunos funcionarios».
«Son más de 29 millones de las antiguas pesetas», subraya Llamazares, sin dar crédito todavía. Y señala que a esa cifra habría que añadirle, además, el gasto que hubo en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que este año celebró el acto en el Ministerio de Sanidad.
El presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones informa que La Merced se celebró en 68 centros penitenciarios -son 69-, y en 13 Centros de Inserción Social (CIS), dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Celebración de la patrona de Instituciones Penitenciarias en la prisión de Palma de Mallorca.
La fiesta más cara fue «la de la cárcel de Texeiro (A Coruña), que costó 6.632 euros; seguida de la del centro penitenciario de Puerto III, de Cádiz, que salió por 4.832 euros; la de la cárcel Alicante II, en Villena, que supuso 4.799 euros; y la de la prisión Algeciras, donde costó 4.438″.
Los Centros de Inserción Social -donde duermen los internos clasificados en tercer grado- que más han gastado son el de Huelva (2.722 euros); seguido del de A Coruña (2.400 euros) y el de Granada (2.000).
Además, Francisco Llamazares recuerda que el Gobierno también ha gastado 373. 211 euros en la apertura de 25 piscinas este pasado verano para el disfrute de los internos. Un gasto al que hay que sumarle el coste de los cursillos de socorristas para los internos que se encargaron de esas funciones.
Asimismo, Llamazares explica que la apertura de las piscinas también requirió destinar a funcionarios en la vigilancia y custodia de las mismas durante el tiempo que se encontraron abiertas, cuando “los servicios se están cubriendo bajo mínimos, y los centros no pueden perder o destinar funcionarios a la vigilancia y control de los internos y a su vez a la piscina”.
Piscina del centro penitenciario Puerto III, en Cádiz.
Recuerda que el anterior Ejecutivo, dirigido por Mariano Rajoy, ordenó en 2012 cerrarlas, al considerarlo “un gasto importante e innecesario”, pero también destaca que mientras hizo eso, por otro lado, «desembolsó 115 millones en privatizar la seguridad exterior de los centros penitenciarios» y que «el Gobierno actual mantiene».
Además, Llamazares destaca que aquella medida «se vendió con la excusa de colocar a los escoltas del País Vasco, pero que “en su día sólo el 10% de vigilantes de esas empresas eran guardaespaldas», y en la actualidad «ya no queda prácticamente ningún escolta en esas mercantiles que han ganado el concurso». Según informa, la empresa que más adjudicaciones ha tenido es OMBUDS.
LAS REIVINDICACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES
La APFP no ve de recibo que el Ministerio del Interior “derroche el dinero del erario público en fiestas y celebraciones ni en la apertura de piscinas”, mientras el colectivo de funcionarios y laborales de prisiones está demandando mejoras económicas y «no atiende a sus reivindicaciones», por las que llevan «más de un año luchando».
En los centros penitenciarios dependientes de la SGIIPP hay más de 59.400 presos y, según informa Llamazares, trabajan 21.000 funcionarios y unos 1.600 laborales (cocineros, electricistas, celadores, fontaneros, enfermeros…).
“Hartos de su precaria situación laboral”, los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, Acaip y CIG han convocado una nueva huelga general de mañana al próximo martes; la tercera, tras las celebradas los pasados 24 y 26 de octubre.
El colectivo reclama la subida de niveles, el pase del cuerpo de ayudantes al grupo B, las mejoras económicas del complemento específico, la reordenación y actualización de las actuales categorías de los centros penitenciarios dependientes de la SGIIPP, y la equiparación salarial con los funcionarios y trabajadores de Cataluña.
MARLASKA AFIRMA QUE ‘EL MINISTERIO TIENE LA MANO TENDIDA A LOS FUNCIONARIOS DESDE EL PRINCIPIO’
Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que su Departamento ha tenido “la mano tendida” a los funcionarios de prisiones “desde el principio”, ofreciendo y aprobando medidas para mejorar su situación y “con la voluntad cierta y real de seguir dialogando”.
Francisco Llamazares, presidente de la APFP (a la izquierda), junto al ministro Fernando Grande-Marlaska en su toma de posesión.
“Hemos hecho en poco tiempo bastantes actuaciones que no se habían hecho antes”, ha insistido recientemente, enumerando la oferta de empleo público de 1.000 plazas, el amparo por la Abogacía del Estado a los funcionarios que sufran agresiones o el reconocimiento del periodo de prácticas para que sea computado para el pase a segunda actividad.
Marlaska vinculó ayer la subida salarial de los funcionarios de prisiones a que haya Presupuestos Generales del Estado para 2019 y reclamó a los partidos que apoyen las cuentas públicas para hacerlo posible.
Preguntado sobre las declaraciones del ministro, el presidente de la APFP reconoce que el Gobierno ha aprobado una Oferta de Empleo Público para este año de 831 plazas para el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, pero dice que es “insuficiente y ridícula” y apunta que tampoco es una OEP extraordinaria, como afirma el ministro.
Explica que en el conjunto de los centros penitenciarios dependientes de la SGIIPP -en Cataluña están transferidas las competencias en materia penitenciaria- «hay un déficit de 3.479 plazas vacantes, de efectivos que se han perdido en los últimos años», y dice que «lo que haría falta es precisamente una oferta de empleo extraordinaria para cubrirlas».
«Reclamamos unas mejoras económicas como las que han tenido los compañeros del mismo Ministerio del Interior, la Policía, la Guardia Civil, y Tráfico, y de las que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias no pueden quedar al margen”, añade.
Además, Llamazares indica que no sólo son mejoras salariales lo que reivindican, sino que también se quejan por «la falta de formación, y que los funcionarios de prisiones no estén reconocidos como autoridad ante las agresiones que sufren a diario».
LA APFP PIDE AL MINISTRO QUE RECTIFIQUE UNAS DECLARACIONES O EJERCERÁ ACCIONES LEGALES
Por otra parte, Llamazares critica que el ministro diga que son logros del Gobierno el amparo por la Abogacía del Estado a los funcionarios que sufran agresiones y el reconocimiento del periodo de prácticas para que sea computado para el pase a segunda actividad.
Son unas declaraciones que Marlaska realizó el pasado 25 de octubre a los medios de comunicación y que, según la APFP, volvió a repetir el pasado 5 de noviembre en el programa ‘Herrera en Cope’.
En esta segunda ocasión, según esta asociación, el ministro dijo que «su Gobierno ha acordado que los trabajadores penitenciarios en caso de agresión en el ejercicio de sus funciones sean representados por la Abogacía del Estado, que se adelanten las indemnizaciones por parte del Estado cuando corresponda”, y afirmó “que los tiempos que han permanecido como funcionarios en prácticas sean tenidos en cuenta cuando pasen a la segunda actividad”.
Francisco Llamazares cuenta que su sindicato registró la semana pasada una carta ante el Ministerio comunicándole a Grande-Marlaska que están “atónitos» por dichas declaraciones.
¿El motivo? “Ambas afirmaciones, la del principio de indemnidad, y la del reconocimiento del periodo de prácticas como tiempo efectivo a efectos del pase a la segunda actividad, corresponden a sentencias ganadas por los servicios jurídicos de la APFP, y en ningún momento son guiños materiales para reconocer su trabajo y profesionalidad, sino sentencias de obligado cumplimiento para la Administración”, expone Llamazares.
Subraya que “no es un logro del Gobierno, sino de la APFP para los trabajadores penitenciarios”.
Por ello, el sindicato ha solicitado al ministro una rectificación de esta información difundida, «dado que es inexacta” y avanza en Confilegal que de no hacerlo, el sindicato ejercerá las acciones legales oportunas.
HOY HARÁ UNA CONCENTRACIÓN ANTE LA SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
La APFP ha convocado una concentración de trabajadores para hoy, de 12:15 a 15:15 horas frente a la SGIIPP, ubicada en la calle Alcalá, 38-40, de Madrid.
Manifestación en Sevilla el pasado 26 de octubre, coincidiendo con la celebración de Consejo de Ministros en dicha ciudad./ CSIF
Esta concentración se realiza el día previo a la huelga general y también denunciará «la grave y preocupante situación por la que atraviesan los funcionarios y laborales de Instituciones Penitenciarias».
Llamazares argumenta que han convocado esta movilización por la «falta de diálogo por parte del Ministerio y de la SGIIPP como consecuencia de la situación por la que atraviesa el colectivo de trabajadores penitenciarios, la falta de personal, las condiciones laborales, sociales, y económicas que afectan a todos los trabajadores, la falta de consideración de agentes de autoridad, las continuas agresiones, y que pese a la disposición que ha tenido el Gobierno a dialogar ahora se niegue a negociar unas mejoras que había anunciado la propia Administración».
La APFP denuncia «falta de voluntad política para hacer frente a la situación por la que atraviesan los trabajadores penitenciarios» y afirma que «este desinterés y falta de compromiso ha sido el detonante para que el colectivo de funcionarios y laborales de prisiones se encuentren, en estos momentos, inmersos en una huelga general».
Asimismo, resalta que «el actual Gobierno había propuesto unas enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado del 2018 presentados por el PP, y sin embargo, una vez ganada la moción de censura las retiraron», algo que para este sindicato, «demuestra una doble vara de medir por parte de los políticos, que venden una cosa en la oposición y luego hacen otra estando en el Gobierno».
Por último, insiste en que los trabajadores penitenciarios, no sólo exigen mejoras económicas, sino también «dignidad, respeto y unas óptimas condiciones laborales para poder ejercer con garantías el trabajo diario dentro de un centro penitenciario».
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