Vista general de la Sala Constitucional del Congreso durante la VI Cumbre de Mujeres Juristas. ICAM.
Las mujeres juristas abogan por una reforma constitucional que ‘blinde’ la igualdad
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24/11/2018 06:15
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Actualizado: 24/11/2018 01:40
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El Congreso de los Diputados recibía este viernes la visita de más de 200 mujeres juristas que desarrollan su labor en el ámbito de la abogacía, la magistratura, la política o la Universidad.
Algunas de ellas volvían a su casa porque estuvieron entre ‘las Constituyentes’, diputadas y senadoras de la legislatura de 1977 que fueron protagonistas del cambio político hacia la democracia en España.
Otras, que gracias a las primeras, también se sentaron en diferentes escaños a lo largo de estos 40 años y militaron activamente en el movimiento feminista.
Las más jóvenes, que tomando el relevo de las que cambiaron el modelo, continúan reivindicando un salto cualitativo en derechos efectivos para las mujeres.
Todas juntas han celebrado cuatro décadas en defensa del Derecho de Igualdad, como rezaba el título elegido por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) para la sexta edición de la Cumbre de Mujeres Juristas.
Pasado, presente y futuro con un mensaje común: la igualdad plena necesita un respaldo constitucional renovado y desde el consenso para superar carencias.
Bajo el título «Reformas pendientes», las juristas Ángeles Jaime de Pablo, Susana Martínez, Itziar Gómez y Carmen Delgado participaron en un panel moderado por la diputada del ICAM Ángela Cerrillos. ICAM.
Junto a esto, la necesidad de trasladar la perspectiva de género a todos los ámbitos, especialmente el jurídico y la educación, batallar contra la violencia de género y proteger a los menores, también víctimas del maltrato, dándoles voz en las futuras reformas legislativas.
Movimientos feministas
A lo largo de las intervenciones, se recalcó cómo la influencia de movimientos feministas cristalizó en importantes logros, desde el divorcio, el aborto, o el reconocimiento de la igualdad de todos ante la Ley. “Llegamos a 1975 con ganas de ser europeos”, señaló Inés Alberdi, catedrática de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.
Primera mesa de la Cumbre con la participación de Inés Alberdi, Begoña San José, Justa Montero y Rosario Carracedo. ICAM.
Para la abogada, la Transición, un periodo en el que los partidos estaban comenzando su andadura sin tener sectorizado al electorado, fue clave porque “escuchaban a todos, por eso, entre otros hitos, se consiguió algo que no había logrado ni la 2ª República: la igualdad en el matrimonio, acabando así con la obediencia al marido y la autoridad hegemónica del padre”.
Democracia por consolidar
La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Mª Eugènia Gay, recordó que “sin igualdad no hay democracia, y en estos momentos en los que no hay igualdad plena, estamos ante una democracia por consolidar”. Para Gay, encargada de moderar una de las mesas, “un país en cuyas leyes se vislumbra discriminación por razón de sexo es un país menos democrático de lo deseable”.
De izq. a dcha.: Consuelo Abril, Cristina Alberdi, María Eugènia Gay, Cristina Almeida y Purificación Gutiérrez. ICAM.
Por ello, la decana quiso valorar el “incansable esfuerzo y labor” de muchísimas mujeres que “han estado al frente y han luchado con todas sus fuerzas” para conseguir “un cambio de paradigma que ha demostrado que la igualdad real y efectiva puede ser posible”.
Turno de oficio «paralelo» para la violencia doméstica
La abogada y ex ministra de Asuntos Sociales Cristina Alberdi quien, tras hacer un repaso testimonial de sus inicios profesionales al frente de la defensa de la mujer, recordó que sus compañeros hombres consideraban que “feminizar era devaluar” el ejercicio profesional de la Abogacía.
Alberdi explicó cómo se organizó junto a otras compañeras para formar una red de colectivos jurídicos con la finalidad de defender a las mujeres víctimas de violencia de género: “Nos organizamos para defender a las mujeres en una especie de turno de oficio paralelo”, algo que no gustó nada a sus compañeros varones que “estudiaron denunciarnos por competencia desleal”, y que el antiguo decano del ICAM, Antonio Pedrol, frenó.
Consuelo Abril, por su parte, se refirió a la dimensión institucional de la violencia contra la mujer, «un tipo de violencia que, al no estar apenas regulada, tampoco se aplica». Y mencionó una sentencia muy significada, la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en diciembre de 2016, que pone de manifiesto “que la violencia contra las mujeres es una cuestión de seguridad pública, de la cual es responsable el Estado.”
Aunque en el campo de la violencia de género se han producido notables avances, como el Pacto de Estado “que ha significado una voluntad política para erradicar la violencia de género y también ha incorporado la violencia sexual, la económica, la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados”, para la abogada no se visibiliza suficientemente que estamos ante una vulneración de Derechos Humanos en la que el Estado puede ser responsable, por acción o por omisión.
Un ejemplo de esta omisión se encontraría en la aplicación de la ley de igualdad, que indica que “todos los operadores tienen que tener perspectiva de género y el Estado es responsable de dar la formación adecuada”, algo que estaría incumpliendo en la actualidad.
Reivindicar la condición de abogada
Desde su triple condición de laboralista, feminista y militante política, Cristina Almeida apeló en su intervención al valor del título de abogada como “la mejor arma para defender la libertad y la democracia”.
Cristina Almeida interviene en presencia de Mª Eugènia Gay y Purificación Gutiérrez. ICAM.
Dirigiéndose específicamente a las mujeres juristas, y desde sus más de 50 años de trayectoria profesional, Almeida destacó la importancia de reivindicar la condición de abogada como una forma de “visibilizar la capacidad de las mujeres para ganarse su propio espacio, un espacio distinto en el que practicamos la abogacía con nuestro propio estilo.” En ese espacio, concluía, es fundamental que las abogadas empaticen profundamente con la problemática de sus representadas.
Por su parte, la que fuera directora del Instituto de la Mujer, Purificación Gutiérrez recordó en primera persona cómo era el derecho penal vigente en el momento de su incorporación al ejercicio de la abogacía. “Los bienes que se protegían en el derecho penal del franquismo era la institución familiar, el honor de los varones, padres y maridos”.
Y aunque el objetivo último de las mujeres juristas era cambiar todo el andamiaje legal construido durante el régimen franquista, se centraron en algunas de las cuestiones más flagrantes como la supresión del delito de adulterio, la despenalización de los métodos anticonceptivos, la derogación del delito de aborto o la inclusión de los malos tratos como delito en el Código Penal.
‘Las Constituyentes’
Las diputadas constituyentes María Izquierdo, Carlota Bustelo y Teresa Revilla, junto a la senadora Dolores Pelayo se congregaron para recordar aquellas el trabajo que hicieron como parte de las 27 mujeres que llegó a ser parlamentarias en las primeras elecciones democráticas.
Desde entonces, «hemos avanzado hasta un gobierno paritario de representación femenina en las Cortes”, recordó la vicedecana del ICAM, Begoña Castro.
Mesa «Las parlamentarias», moderada por la vicedecana Begoña Castro con la intervención de María Izquierdo, Carlota Bustelo,Dolores Pelayo, y Teresa Revilla. ICAM.
Tras partir una lanza a favor de la Constitución española —“estos 40 años han demostrado que es una buena Constitución, el pluralismo democrático llegó”—, María Izquierdo reconoció la necesidad de emprender medidas para mantener su vigencia y representatividad.
Con dos retos fundamentales: “su aplicación y desarrollo pleno, y pensar nuevas reformas constructivas que actualicen y suplan sus carencias”. Respecto al primero, Izquierdo destaca la igualdad y la diversidad como mayor de los desafíos: “es necesario aplicar y desarrollar en toda su amplitud y eficacia ese valor superior del ordenamiento jurídico que es la igualdad”, algo que pasa necesariamente por implicar a los hombres.
En cuanto a las reformas constitucionales, «hay que lograr que los derechos sociales pasen a ser considerados derechos fundamentales para que sean garantizados por los poderes públicos y dar respuesta a la demanda de diversidad de algunos territorios garantizando al mismo tiempo la cohesión y solidaridad del conjunto de los pueblos de España».
Pelayo también defendió la Constitución. “No solo porque me sienta coautora, reconozco sus errores pero entonces fue el modelo constitucional más progresivo que había en Europa y ello, procediendo de una dictadura tan grave, fue un salto cualitativo importantísimo”, declaró.
La senadora que, entre otras, es responsable de que a los contrayentes de matrimonio sea obligatorio leerles los artículos aplicables del Código Civil, sí reconoció que “hay que modificar la estructura y es el momento preciso. La sociedad está cambiando y ahí las mujeres del mundo tenemos que estar unidas y decidir qué valores nuevos, humanos globales, queremos para el nuevo mundo”, reivindicó.
Los cambios necesarios para Revilla se refieren a la ley electoral. “Nuestra CE dice que los parlamentarios no están sometidos a mandato imperativo, y sin embargo es impensable votar en contra del partido, como sí hacen en Francia, Inglaterra, o EEUU”, por ello, para la diputada, “hay que estudiar y desde luego modificar la norma electoral”.
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