La Fiscalía del Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado y Vox, que ejerce la acusación popular en el ‘caso procés’, han informado en contra de que este procedimiento deba ser enjuiciado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), que es lo que solicita la defensa de los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez.
Así lo han manifestado en sus escritos de alegaciones ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.
La defensa de estos tres procesados, que lleva el despacho de Pau Molins, presentó el pasado 20 de noviembre un escrito pidiendo a la Sala de lo Penal de Supremo, que juzgará el caso, que se inhiba en favor del TSJCat al considerar que el Alto Tribunal no es competente para juzgar a sus clientes y a los otros 15 líderes catalanes. Han sido procesados 25, pero el resto están huidos.
Solicitó que la Sala de lo Penal celebre, de forma previa al comienzo del juicio, el denominado ‘artículo de previo pronunciamiento’, una vista en la que se dirimirá esta petición y el resto de las que presenten las defensas, dirigidas a evitar el juicio en el Supremo o bien directamente el archivo del procedimiento.
En un escrito de 32 páginas, el abogado pidió expresamente al Supremo que tenga por formulada declinatoria de jurisdicción y, previos los trámites legales y la correspondiente vista, “proceda a declarar su falta de competencia territorial para el conocimiento de los hechos enjuiciados y a inhibirse de tal conocimiento en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña” de acuerdo con el artículo 674 de la Ley de Enjuciamiento Criminal.
La defensa de Rull, Turul y Sánchez también presentó aquel mismo día un escrito ante el Alto Tribunal en el que pedía que el presidente de la Sala Segunda de lo Penal de este órgano judicial, Manuel Marchena, fuese apartado del tribunal que juzgue a los líderes independentistas.
La Sala del 61 ha rechazado hoy por unanimidad apartar al juez Marchena.
