La Sala del 61 del Supremo está formada por cada uno de los presidentes de las cinco salas del Supremo y por el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas; en este caso, Marchena y Andrés Martínez, el más antiguo de la Sala II, han quedado excluidos por afectarles el procedimiento. Confilegal.
La Sala del 61 rechaza por unanimidad apartar al juez Marchena del ‘caso procés’
DESESTIMA EL EXPEDIENTE DE RECUSACIÓN PRESENTADO POR 8 PROCESADOS CONTRA MARCHENA, y LA PETICIÓN DE CUIXART, QUE LO EXTENDÍA AL TRIBUNAL QUE LOS JUZGARÁ
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05/12/2018 11:33
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Actualizado: 05/12/2018 14:46
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La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha rechazado hoy por unanimidad apartar al presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, Manuel Marchena, del ‘caso procés’ y a los otros seis magistrados que juzgarán este asunto en el Alto Tribunal a partir del próximo enero.
Tras hora y media de reunión, los 14 magistrados han desestimado las solicitudes de recusación. No ven tachas de imparcialidad.
En los próximos días se dará a conocer el contenido de la resolución, de la que será ponente el magistrado de la Sala de lo Militar del TS, Jacobo Barja de Quiroga.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y la acusación ejercida por VOX se habían opuesto a las recusaciones.
Las presentaron por el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y la exmiembro de la Mesa de la cámara catalana Anna Simó; ocho de los 18 líderes separatistas que serán juzgados por el Alto Tribunal.
Pedían la recusación del presidente del tribunal que les juzgará, Manuel Marchena, mientras que Cuixart extendió la solicitud a todo el tribunal, integrado por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Antonio del Moral García, Luciano Varela Castro, Andrés Palomo del Arco y Ana María Ferrer García.
El tribunal ha seguido el criterio de la Fiscalía, que dijo que no hay «sombra de culpa» en Marchena en relación al acuerdo entre el Gobierno y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, por lo que «presumir que los seis magistrados recusados (todos menos Marchena) son parciales por mera ósmosis y por extensión no solo es contrario a la presunción de imparcialidad del juzgador (…) sino que carece de fundamento absoluto».
El magistrado Manuel Marchena también proclamó en su escrito de alegaciones su independencia para juzgar el caso y afirmó que jamás ha concibido el ejercicio jurisdiccional como instrumento al servicio de una opción política.
Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que juzgará a los líderes independentistas catalanes. Carlos Berbell/Confilegal.
“No puedo aceptar la recusación promovida porque carezco de todo interés directo o indirecto en la presente causa y no tengo ni he tenido nunca un interés directo o indirecto en el desenlace de una causa penal”, expuso en un escrito de cinco páginas.
Marchena calificó de “inaceptable” los argumentos que éstos utilizan: el acuerdo político para el reparto de vocales en el órgano de gobierno de los jueces y el whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.
En el citado mensaje, Cosidó señalaba a los senadores de su partido que dicho acuerdo permitiría controlar la Sala enjuiciadora.
El juez Marchena también recordó que es la séptima vez que las defensas cuestionan la imparcialidad de magistrados del Supremo en este órgano, y dijo que recusar por el hecho de que en España el Parlamento elija a los miembros del CGPJ sería tanto como descalificar las justicias de otros países como Bélgica, Portugal o Francia, donde los políticos también participan en la designación de miembros del Poder Judicial.
El magistrado considera las recusaciones son “una estrategia defensiva” que obliga a ese tribunal a “razonar su distanciamiento respecto del objeto del proceso”.
«La imparcialidad de un magistrado ha de vincularse a sus propios actos o resoluciones. No puede hacerse depender de la opinión de terceros que expresan su personal criterio acerca de las consecuencias políticas de un determinado pacto entre dos fuerzas parlamentarias», subrayó.
El pasado julio, hasta 11 de los implicados en la causa también presentaron un incidente de recusación contra Marchena y los magistrados Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio Del Moral.
El 5 de septiembre esta Sala especial del Supremo rechazó por unanimidad apartarlos.
La decisión siguió el criterio de la Fiscalía del TS, que en su escrito calificó de “fraude procesal y atentado a la buena fe” las pretensiones de los procesados para apartar a los magistrados.
El fiscal Jaime Moreno se opuso a apartarlos e incluso reprochó a los procesados que acudiesen a “este artificioso cauce” para “conseguir un tribunal a la carta” y retrasar la celebración del juicio.
Junqueras y Romeva también presentaron en mayo un recurso ante la Sala de lo Penal del Supremo contra el auto del juez Pablo Llarena que acordó procesarlos por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos en el proceso para impulsar la hoja de ruta unilateral a la independencia de Cataluña. Fue desestimado.
En él sostenían que el “verdadero campo de debate” en la causa por el ‘procés’ es “si España tiene o no una democracia madura y si los tribunales penales son capaces de entender que el conflicto político debe ser solucionado por medios políticos”.
El 20 de noviembre Jordi Sànchez y los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull pidieron al Supremo que se inhiba a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) para que el ‘procés’ se juzgue en Cataluña.
Hoy ha trascendido que la Fiscalía del Alto Tribunal, la Abogacía del Estado, y VOX, que ejerce la acusación popular en el caso, se oponen.
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