La Sala del 61 rechaza por unanimidad apartar a los jueces del ‘Caso procés’
Las recusaciones de los procesados fugados se han inadmitido y el resto han sido rechazadas
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05/9/2018 14:02
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Actualizado: 12/11/2018 17:33
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La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha rechazado por unanimidad los incidentes de recusación presentados por 11 de los implicados en la causa del ‘procés’ contra los cinco magistrados que juzgarán este asunto en el Alto Tribunal en los próximos meses.
Tras hora y media de reunión, esta Sala especial del Supremo ha desestimado 8 de las 11 peticiones de recusación contra los cinco jueces.
Otras tres, efectuadas por el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos Lluís Puig y Clara Ponsatí, no se han admitido a trámite.
La decisión ha sido adoptada por 13 de los 16 magistrados de esta Sala del Supremo, ninguno de ellos de lo Penal, ya que su presidente, Manuel Marchena, y el más antiguo de la misma, Andrés Martínez Arrieta, han debido ausentarse al ser integrantes del tribunal que juzgará el ‘procés’.
El más moderno, Vicente Magro, también se ha apartado al haber sido el instructor del expediente de recusación.
La decisión ha seguido el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que en su escrito calificó de «fraude procesal y atentado a la buena fe» las pretensiones de los procesados por rebelión para apartar a los cinco magistrados que juzgarán el caso en los próximos meses. En concreto, el tribunal juzgará a 18 de los 25 procesados, el resto están huidos.
El fiscal Jaime Moreno se opuso a apartarlos e incluso reprochó a los procesados que acudiesen a «este artificioso cauce» para «conseguir un tribunal a la carta» y retrasar la celebración del juicio.
Del expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont señalaba que constituye, además, «un sarcasmo que accione la recusación quien está huido de la Justicia».
LAS SEIS RECUSACIONES SE ACUMULARON EN UN MISMO EXPEDIENTE
El instructor de las recusaciones, el magistrado Vicente Magro, acumuló en un único expediente las seis diferentes recusaciones a los cinco magistrados.
Fueron presentadas por el expresidente catalán Carles Puigdemont; el exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Lluís Puig, y Clara Ponsatí; la expresidenta del Parlamento autonómico catalán Carme Forcadell; y los que exlíderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
Los incidentes se dirigían contra los cinco miembros del tribunal: el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral; si bien algunos procesados quieren expulsar a la totalidad.
Otros, como Rull y Turull, únicamente se dirigen contra los cuatro primeros, al no considerarlos neutrales, por ser éstos jueces los mismos que dictaron el auto por el que el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella que presentó la Fiscalía el 30 de octubre de 2017 contra los ahora procesados.
Por su parte, Junqueras y Romeva también dirigieron su recusación contra Del Moral al considerarle igualmente parcial para juzgarles junto con el resto de la Sala, por lo que finalmente el tribunal al completo se vio afectado por el incidente de recusación.
ES EL ÚNICO TRIBUNAL QUE PUEDE ILEGALIZAR A UN PARTIDO POR IR CONTRA LA CONSTITUCIÓN
Esta sala especial del Supremo se denomina «Sala del 61» por el número del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que la regula.
En su punto 2 dice que es competente sobre “los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo, o de los Presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una Sala. En este caso, los afectados directamente por la recusación serán sustituidos por quienes corresponda”.
Está formada por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y por cada uno de los presidentes de las cinco Salas del Supremo (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar), además del magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas.
Es el único tribunal que puede ilegalizar un partido político por ir contra la Constitución. En 2003 dictó la ilegalización de Batasuna.
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