El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y el exconsejero de Exteriores y diputado de ERC en el Parlamento catalán, Raül Romeva.
Junqueras y Romeva recusan a 5 de los 7 magistrados que tienen que juzgarles por el caso «procés»
Por supuesta falta de imparcialidad
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30/7/2018 13:50
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Actualizado: 07/6/2022 15:47
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El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el exconsejero autonómico, Raül Romeva, han presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo un escrito de recusación por supuesta falta de imparcialidad contra 5 de los magistrados que deben enjuiciarles en la causa del ‘procés’.
Alegan que sus «valores, creencias e ideología» podrían entrar en «colisión» con los de los procesados y afectar a su imparcialidad, ya que se «someten» a una Constitución que los separatistas «quieren cambiar».
Se trata de los miembros que componen la sala que juzgará el referéndum ilegal del 1-O, el presidente Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio Del Moral.
Según fuentes judiciales, cuando se acuerde la apertura del juicio es probable que se sumen otros dos jueces, que casi con toda probabilidad serán Ana María Ferrer y Andrés Palomo.
En el escrito, el abogado de los políticos separatistas, Andreu Van den Eynde, afirma que la causa tiene un componente político indiscutible y la ideología de los jueces «podría llegar a suponer una barrera» para dictar sentencia.
Y advierte de no atender los argumentos de la recusación que plantea supondría la «violación y vulneración» de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley, y a un proceso público en «plena igualdad» y con «todas las garantías», el derecho a un «tribunal imparcial» y a un «efectivo recurso».
La defensa cita como uno de los principales motivos del cuestionamiento el sistema de elección de la cúpula judicial española.
«Ha sido criticado internacionalmente por su permeabilidad a las decisiones políticas», recoge el texto.
También destaca que el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, está «fuertemente criticado» por su «politización» y «alienta la actividad jurisdiccional con un único norte: la unidad indisoluble la de nación española».
Además, critica que hayan asumido que el Alto Tribunal tiene las competencias para juzgarles, una decisión que «no sólo es indebida y vulneradora de derechos fundamentales relevantes, sino que está en la clave de toda la estrategia de indefensión».
TAMBIÉN CUESTIONARON LA ACTUACIÓN DE LLARENA
El pasado 15 de mayo Junqueras y Romeva también presentaron un recurso ante la Sala de lo Penal del Supremo contra el auto del juez Pablo Llarena que acordó procesarlos por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos en el proceso para impulsar la hoja de ruta unilateral a la independencia de Cataluña. Fue desestimado.
Ambos sostienen que el “verdadero campo de debate” en la causa por el ‘procés’ es “si España tiene o no una democracia madura y si los tribunales penales son capaces de entender que el conflicto político debe ser solucionado por medios políticos”.
Criticaron las resoluciones dictadas por el juez al considerar que en sus autos afirma que la independencia no puede defenderse pacíficamente y, a juicio de su defensa, “demuestra una valoración política”.
La defensa de los dos exconsejeros plantean que el conflicto catalán debería abordarse por la vía política y no la judicial: “Si España tiene o no una democracia madura y si los tribunales penales son capaces de entender que el conflicto político debe ser solucionado por medios políticos”.
DENUNCIA COLECTIVA
A esto se suma, un colectivo autodenominado QuerellatsXRepública ha presentado recientemente una denuncia colectiva por presunta prevaricación contra Llarena y los tres magistrados de la Sala de Apelación del Alto Tribunal, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro, que criticaron la resolución del tribunal alemán que cuestionó la existencia de violencia en el “procés”.
Este grupo separatista acusa a los cuatro magistrados por dictar resoluciones injustas sabiendo que no lo son.
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