El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) exige que el ejercicio profesional ante los tribunales cuente como mérito específico para acceder al Tribunal Supremo.
La propuesta, enviada al ‘Borrador de reglamento que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales’ busca corregir una anomalía: la escasísima presencia de abogados en el alto tribunal durante los últimos años.
La Comisión de Estudios, Informes y Proyectos de la Abogacía lo plantea sin rodeos: no pueden evaluarse igual los méritos de un abogado que los de otros juristas de reconocido prestigio. Y reclama criterios diferenciados que reflejen la realidad del ejercicio profesional.
Entre los méritos específicos que propone figuran el ejercicio efectivo como colegiado ejerciente, el servicio en procedimientos judiciales o administrativos como letrado director, la formación legal continua y especializada, la docencia universitaria en disciplinas jurídicas y las publicaciones científicas en materia legal.
«Se considera muy importante que se tenga en cuenta en la valoración de los candidatos abogados el ejercicio de la profesión ante juzgados y tribunales. Consideramos que resulta esencial un conocimiento práctico de la naturaleza y funcionamiento de los mismos», afirma el documento remitido.
La Abogacía justifica su exigencia: quienes acceden al Supremo deben haber tenido contacto directo con los tribunales, porque constituyen «una pieza esencial y la más cercana a la ciudadanía en el funcionamiento de la administración de Justicia».
Pero no se detiene ahí. También reclama modificar la composición de la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial: al menos uno de los vocales del turno de juristas debe ser necesariamente abogado, y su designación debería corresponder al Consejo General de la Abogacía Española.
Además, exige que dicha Comisión solicite información al Consejo sobre el censo y vida profesional de los candidatos para evitar, entre otros problemas, posibles casos de intrusismo y ejercicio irregular.
El Consejo ha aprovechado para reclamar también representación obligatoria de la abogacía en el futuro Consejo General del Poder Judicial, que nacerá del nuevo modelo de elección de vocales.
Ya lo trasladó a la Comisión de Asuntos Institucionales del Poder Judicial en una reunión reciente, y el mes pasado a la Comisión de Venecia durante su visita a Madrid para elaborar un informe sobre el tema.
