La Fiscalía acusa a los líderes del ‘procés’ de rebelión y pide 25 años de cárcel para Junqueras y 11 para Trapero
Los acusados no tendrán que estar presentes en este trámite. Foto: EP

La Fiscalía acusa a los líderes del ‘procés’ de rebelión y pide 25 años de cárcel para Junqueras y 11 para Trapero

RECLAMA 17 AÑOS DE CÁRCEL PARA 'LOS JORDIS' Y FORCADELL, Y 16 AÑOS PARA LOS CINCO EXCONSEJEROS PRESOS
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02/11/2018 11:16
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Actualizado: 02/11/2018 15:13
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La Fiscalía acusa a los líderes del ‘procés’ de un presunto delito de rebelión y pide 25 años de prisión para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras; 17 años para ‘Los Jordis’ y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, y 16 años para los cinco exconsejeros presos.

Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional también acusa al mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero de rebelión, y reclama 11 años de cárcel. Había sido procesado por sedición y organización criminal por la juez Carmen Lamela.

Para los responsables políticos de la policía autonómica catalana Pere Soler y César Puig, solicita también 11 años de condena, y para la intendente Teresa Laplana, a quien el Ministerio Público atribuye un delito de sedición por el que solicita cuatro años de prisión.

Así de desprende de sus escritos de acusación provisionales contra los líderes del procés que van a ser enjuiciados en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional próximamente, y que han sido presentados hoy.

Por su parte, la Abogacía del Estado acusa a los líderes separatistas de un delito de sedición y de otro de malversación. Descarta el de rebelión, que conlleva penas de cárcel mucho más graves, al entender que no se dieron los episodios de violencia suficientes. Pide 12 años para Junqueras, 11 y medio para los exconsejeros y 8 para ‘Los Jordis’.

Para Carme Forcadell pide 10 años de cárcel y 10 de inhabilitación por un delito de sedición, el mismo que atribuye a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Para los exconsejeros Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila reclama 7 años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta por malversación y desobediencia grave.

Para los exmiembros de la Mesa Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anná Simó y Ramona Barrufet, reclama una multa de 30.000 euros e inhabilitación especial para cargo público de un año y ocho meses por desobediencia grave. El mismo delito que atribuye a Joan Josep Nuet y a la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya, para quienes pide 24.000 euros de multa, y un año y cuatro meses de inhabilitación.

VOX, que ejerce la acusación popular en la causa que juzgará el Supremo, presentará su escrito el próximo lunes. No ha avanzado el sentido de su acusación, pero desde el inicio de la instrucción sus letrados han afirmado que los líderes del ‘procés’ han incurrido en rebelión.

LAS ACUSACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO, AL DETALLE

La Fiscalía acusa al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras por un delito de rebelión agravado por malversación de caudales públicos por su presunta participación en el proceso independentista. Solicita la pena más alta para él por considerarle el líder de la rebelión y añade a la petición de prisión 25 años de inhabilitación absoluta.

Para la expresidenta de la Cámara catalana Carme Forcadell, el exlíder de ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, la Fiscalía pide 17 años de cárcel por rebelión y otros 17 de inhabilitación absoluta por considerarles también «promotores y/o jefes principales».

A Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa los acusa de un delito de rebelión agravado por malversación y reclama para ellos 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación absoluta.

Para los exconsejeros Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila el Ministerio Público pide 7 años de prisión por un delito de malversación y un delito continuado de desobediencia grave cometido por autoridad pública, 16 años de inhabilitación absoluta y una multa de 30.000 euros.

Respecto al exresponsable de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 11 años de cárcel para él en calidad de subalterno de los promotores de delitos de rebelión, sostiene que éste cooperó de forma «decisiva, consciente e intencionada» con los independentistas tanto en los sucesos del 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía catalana como durante el referéndum ilegal del 1 de octubre.

LA FISCALÍA ACUSA A LOS LÍDERES DEL PROCÉS DE ‘ORILLAR LA LEY PARA ‘OBLIGAR A ESPAÑA A ACEPTAR LA SEPARACIÓN’ DE CATALUÑA

Los dos escritos de la Fiscalía inciden en que, con su actuación, todos ellos pretendían orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, con el fin último de declarar la independencia y «obligar al Estado a aceptar la separación» de esta comunidad.

«Finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional», destaca el Ministerio Público.

El relato de hechos en ambos se enmarca en un «contexto fáctico común», constituido por la estrategia planificada y las actuaciones desarrolladas por los acusados «a fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como nuevo Estado en forma de República, segregándola de España, mediante la acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos: el parlamentario, el ejecutivo y el social».

La Fiscalía de la AN expone que el 20 y 21 de septiembre y el 1 de octubre de 2017 «se produjeron numerosos actos de violencia sobre las personas y las cosas generándose un clima de tensión y enfrentamiento susceptible de generalizarse» y «en todo ello cobró especial relevancia relevancia el papel desempeñado por los Mossos».

«Su capacidad investigadora e intimidatoria al servicio de la organización y de los fines independentistas era imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum, dedicándose a funciones impropias de un cuerpo policial como la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y en algunos casos, incluso oponerse físicamente», detalla la Fiscalía.

LA FAMILIA DE JUNQUERAS: LA FISCALÍA PEDIRÁ ‘TANTO TIEMPO’ DE PRISIÓN ‘COMO PUEDA’

Antes de conocer la pena reclamada por el Ministerio Público, la familia de Junqueras había dicho esta mañana que cree que pedirá «tanto tiempo» de prisión «como pueda» para los responsables del ‘procés’.

En una entrevista en Rac1, su esposa Neus Bramona y su padre Artur Junqueras han explicado que el exvicepresidente catalán «cree que pasará años en prisión».

El padre de Junqueras ha afirmado que su hijo no valoró irse al extranjero y estaba muy decidido «a quedarse aquí, acompañar a su pueblo y no dejarlo por nada».

Además, Neus Bramona ha dicho que no le sorprende las personas que han ido a visitar a su marido en prisión, sino las que no han ido, y aunque no ha dado nombres ha asegurado que tiene «una lista hecha».

También ha negado que los políticos presos tengan privilegios: «Tienen los mismos derechos y deberes que los otros».

TORRA VE HUMILLANTE ‘VENDER COMO GESTOS’ LAS PETICIONES DE PENAS QUE HAGA LA ABOGACÍA

El presidente de Cataluña, Quim Torra, se ha pronunciado sobre las penas que pedirá la Abogacía del Estado. Torra considera humillante «vender como gestos» estas peticiones.

«La última de las humillaciones es pretender vendernos ‘gestos’ que no son sino agravantes de las posiciones iniciales», ha manifestado en un tuit en el que contesta a Gonzalo Boye, que coordina la defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos.

«Nos enfrentamos a lo intolerable para un demócrata; a lo inaceptable para un pueblo que se ha autodeterminado», ha añadido Torra.

Boye ha señalado que «acusar por sedición, en lugar de por rebelión, no es un gesto sino una trampa para legitimar un proceso judicial impropio de cualquier estado democrático». Afirma  que «el 20-S y el 1-O sólo se produjeron hechos que toda democracia debe tolerar… libertad de expresión, reunión y manifestación».

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