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2 de noviembre de 2018: Día de la Independencia del Ministerio Fiscal

Carlos Berbell es director de Confilegal.
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La verdad es que no he podido resistirme a titularlo así. Dicen que lo evidente es lo que nadie ve hasta que alguien lo explica con claridad, y, por ello, me toca hacerlo aquí y ahora.

Porque la postura tomada por la Fiscalía tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional supone una declaración de independencia en toda regla, con respecto al Gobierno.

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Los cuatro fiscales de la causa del ‘procés’ en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal –Fidel Cadena, fiscal de Sala Jefe, Consuelo Madrigal -exfiscal general del Estado-, Javier Zaragoza -exfiscal jefe de la Audiencia Nacional- y Jaime Moreno, y los dos en la Audiencia Nacional -el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira– han mantenido con mano firme el rumbo en esta tormenta perfecta en la que está sumido el Gobierno de la nación y en la que está moviendo hilos para contentar a las fuerzas políticas separatistas.

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Porque lo que está en juego es la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2019 y sin sus votos los números no cuadran.

La Abogacía del Estado, órgano que depende jerárquicamente de la titular del Ministerio de Justicia, Dolores Delgado, se plegó a la consigna y rebajó su petición de rebelión -después de mantenerla hasta el pasado mes de agosto- a sedición para el exvicepresidente del gobierno autonómico catalán, Oriol Junqueras, y los exconsejeros Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad).

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Lo mismo que para Carme Forcadell, la expresidenta del Parlament, y para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de ANC y Ómnium Cultural, las dos asociaciones separatistas.

La petición para Junqueras es de 12 años de cárcel, por sedición y malversación de fondos públicos; para los exconsejeros, por lo mismo: 11 años y medio de prisión. Lo de Forcadell son 10 años de cárcel, sólo por la sedición, lo mismo que para ‘Los Jordis’.

Por lo que se refiere a la Audiencia Nacional, la Abogacía del Estado no está personada.

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Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado, y Javier Zaragoza, exfiscal jefe de la Audiencia Nacional, son 2 de los 4 fiscales que han elaborado el escrito de acusación contra los políticos separatistas. Carlos Berbell/Confilegal.

AUTONOMÍA ES IGUAL A INDEPENDENCIA

El anterior fiscal general del Estado, el magistrado del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, durante su corto mandato reivindicó dos cosas muy concretas: un presupuesto propio para la Fiscalía y “la independencia rigurosa del Ministerio Fiscal”.

“Observen que digo independencia, tal vez por mi procedencia judicial, que considero una palabra más rotunda todavía que autonomía e imparcialidad. El fiscal general del Estado no puede recibir órdenes ni instrucciones de ningún otro poder del Estado. Así lo diseña el artículo 124.2 de nuestra Carta Magna”, afirmó durante un desayuno de Europa Press el pasado mes febrero.

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Su sucesora, María José Segarra, siempre utilizó, desde el minuto uno de su nombramiento, en todos y cada uno de los foros en los que intervino -incluyendo el Congreso de los Diputados- la palabra «autonomía» del Ministerio Fiscal. Y reivindicó también la independencia económica -actualmente depende del Ministerio de Justicia-.

Pero el sentido de esa autonomía era el mismo que expresó Sánchez Melgar y que ahora los fiscales Cadena, Madrigal, Zaragoza, Moreno, Carballo y Rubira han materializado con sus respectivos escritos de acusación.

No han recibido órdenes del ejecutivo y si se han producido, han actuado como dice el artículo 3.6 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: en defensa de la legalidad y del interés público o social, por la que entienden que los políticos separatistas acusados y los responsables de la Policía autonómica catalana la han vulnerado con este intento de provocar la secesión de Cataluña de España.

Y de la forma con que lo llevaron a cabo encaja, a su entender profesional, en la rebelión.

Esta petición de rebelión aumenta sensiblemente las penas para los procesados en el Tribunal Supremo.

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De los 12 años de la Abogacía del Estado a los 25 que pide la Fiscalía; de los 11 años y medio de prisión a los exconsejeros a los 16 años del Ministerio Fiscal; de los 10 años para Forcadell y los Jordis a 17 años de cárcel solicitado por la acusación pública.

Para los casos de la Audiencia Nacional, el del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, el del director general de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler, y el del secretario general del Departament de Interior de la Generalitat, César Puig, la petición por el delito de rebelión es de 11 años de prisión; en el de la intendente Teresa Laplana Cocera, la calificación es de sedición, y la pena solicitada de 4 años de cárcel.

Con esta decisión, los fiscales de ambos casos han mandado un mensaje alto y claro al poder ejecutivo y al poder legislativo: Así es como van a seguir actuando una vez que asuman la instrucción, cuando se elabore una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal. En esta línea de autonomía, con independencia de criteri0 y de acción.

Un mensaje que marca un antes y un después en su relación con los otros poderes.

Casi nada.