El fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, ha calificado como “un despropósito” el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que trasladará la instrucción penal de los jueces a los fiscales.
A su juicio, la norma supone “un torpedo en la línea de flotación de la independencia judicial”, un pilar que considera “el armazón nuclear del Estado de Derecho”.
Durante el debate “Reflexiones desde la Justicia”, organizado por La Razón en Madrid, Zaragoza expresó su “enorme preocupación” por el rumbo de las reformas impulsadas por el Gobierno. “La independencia judicial está siendo cuestionada por la presentación o el intento de poner en marcha una serie de reformas”, advirtió con tono grave.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el proyecto de ley, que entraría en vigor en enero de 2028. La norma no solo modificará la instrucción penal, sino que también excluirá a los partidos políticos de la acusación popular y reformará el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ampliando de cuatro a cinco años el mandato del fiscal general del Estado.
Zaragoza considera que “no estamos en los mejores momentos para abordar” una transformación de tal calado. “La atribución de la dirección de la investigación a los fiscales, tal y como está planteada, no mejora su independencia ni cumple con los estándares mínimos que exige la Unión Europea”, subrayó.
El veterano fiscal concluyó con una advertencia rotunda: “La independencia judicial tiene que ser efectiva. No se pueden aceptar proyectos ni reformas que la menoscaben”.
Un mensaje claro, que resuena en un momento en el que la arquitectura institucional del Estado se encuentra, una vez más, bajo examen.
