El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) –la asociación mayoritaria de los antiguos secretarios judiciales– ha puesto negro sobre blanco su posición sobre el nuevo proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim), aprobado por el Consejo de Ministros del pasado martes.
Reconoce avances, sí, pero advierte también de errores de calado que pueden comprometer la independencia judicial, la igualdad procesal y, en definitiva, la eficacia del sistema penal
La reforma, que sustituye a la vigente ley de 1882, apuesta por un modelo acusatorio “puro”: el Ministerio Fiscal dirige la investigación y el juez instructor desaparece.
En su lugar surge el Juez de garantías, encargado de velar por los derechos fundamentales. Todo muy europeo sobre el papel, pero el diseño, alerta el CNLAJ, cojea donde no debería: en el núcleo del sistema.
El problema es estructural. El fiscal sigue dependiendo orgánicamente del Gobierno —a través del ministro de Justicia—, y sin independencia real no hay sistema acusatorio que valga.
“El riesgo de influencia política es evidente”, señala el informe. Esa sombra, unida a la ausencia de planificación presupuestaria y organizativa, convierte una reforma ambiciosa en una arquitectura inestable.
Otro frente: la acusación popular. La propuesta la recorta hasta casi hacerla inoperante. Quedaría reservada solo para delitos como corrupción o medio ambiente, exigiendo además un “vínculo legítimo” y cauciones económicas que en la práctica expulsan a muchos ciudadanos.
Se veta, además, a partidos, sindicatos y entidades públicas. El CNLAJ lo deja claro: en un sistema donde el fiscal carece de independencia plena, limitar la acción popular es amputar un control constitucional esencial.
El proyecto suprime también las Audiencias Provinciales y las sustituye por Tribunales de Instancia. Un salto al vacío, advierte el Colegio: décadas de experiencia especializada no se reemplazan con una frase y una promesa de dotación futura. Y si a ello se suma la previsión de que los Tribunales Superiores de Justicia absorban las apelaciones, el resultado es una sobrecarga anunciada sin medios previstos.
En el plano técnico, tampoco convence. El fiscal dirige y custodia la investigación, la Policía Judicial queda supeditada a él, y la defensa debe mendigar diligencias. El “equilibrio de armas” —pilar del derecho procesal moderno— queda, cuanto menos, comprometido.
Más preocupante aún: ni una palabra clara sobre recursos humanos, calendario de implantación o presupuesto realista. Incluso tareas como la transcripción de grabaciones recaen en las oficinas judiciales, sin aprovechar herramientas de inteligencia artificial disponibles y sin margen material para asumir más carga.
Conclusión del CNLAJ: la reforma apunta en la dirección correcta en algunos aspectos (justicia digital, justicia restaurativa, principio de oportunidad), pero falla en lo esencial: independencia del Ministerio Fiscal, claridad institucional y seguridad jurídica en la transición. El resultado es una modernización aparente que deja grietas peligrosas.
El CNLAJ pide al Parlamento rectificar: blindar la autonomía del fiscal, restaurar la acción popular con controles en lugar de prohibiciones, automatizar transcripciones, precisar medidas cautelares y fijar recursos, plazos y responsables claros. No basta con buenas intenciones. La justicia penal no puede reformarse a base de titulares ni experimentos sin red.
