La llamada reserva de información durante la instrucción—es decir, la prohibición de difundir datos sobre una investigación penal mientras el caso está en fase judicial preliminar— vuelve a estar en el centro del debate con el nuevo proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado por el Gobierno el pasado martes en Consejo de Ministros.
En teoría, esta reserva busca proteger la investigación penal, evitar filtraciones que puedan entorpecerla y preservar la presunción de inocencia.
Sin embargo, cuando se aplica de forma indiscriminada o se usa como excusa para restringir el acceso a la información, se convierte en una herramienta peligrosa contra la libertad de prensa, que es lo que ocurre con este proyecto de LECRim. El acceso a la información que tienen a día de hoy los profesionales de la información se acabará. Todo irá a negro, como se dice en televisión.
No es una idea nueva. Su origen se remonta a la Inquisición europea de los siglos XII y XIII, cuando el llamado Santo Oficio prohibía informar al público sobre el desarrollo de sus procesos.
Todo ocurría bajo el más estricto secreto: ni los acusados sabían quién los denunciaba ni el pueblo conocía los motivos de las condenas. Aquel sistema, diseñado para controlar y silenciar, dejó huellas que aún hoy perviven en algunas prácticas judiciales.
Incluso Napoleón Bonaparte, en su Código de Instrucción Criminal de 1808, mantuvo esa primera fase de investigación bajo el velo del secreto —de ahí su carácter “inquisitorial”—, aunque introdujo un cambio fundamental: el juicio oral debía ser público, siguiendo el ejemplo del sistema inglés, basado en el jurado y la transparencia ante los ciudadanos.
En pleno siglo XXI, sin embargo, mantener la reserva de información en la fase de instrucción y en la intermedia, como se plantea en este proyecto de Ley, cuando no existe peligro para la investigación, ni riesgo para las víctimas o los bienes afectados, carece de sentido democrático.
LA CIUDADANÍA TIENE DERECHO A CONOCER
Si no hay un secreto del sumario decretado de forma expresa por el tribunal competente, la ciudadanía tiene derecho a conocer lo que ocurre. La transparencia no debilita a la justicia. Al contrario, la fortalece.
Por eso resulta preocupante que, en el actual contexto político, y coincidiendo con investigaciones judiciales que afectan a familiares del presidente del Gobierno, haya surgido una propuesta legal como esta que pretende reforzar esas restricciones informativas, sin precedentes. Con este proyecto de LECRim no se conocerá nada hasta la fase del juicio oral.
Una iniciativa que parece menos orientada a proteger la justicia que a limitar el control público sobre el poder. Un control que ejercen los periodistas de los medios de comunicación.
En una democracia, los jueces deben ser independientes y los periodistas, libres. Cualquier intento de blindar la información judicial con argumentos vagos o supuestos peligros para la investigación no defiende el Estado de derecho, sino que lo debilita.
La libertad de prensa no es un lujo ni una concesión del poder: es el núcleo que sostiene la democracia. Y sobre esto se pretende pasar por encima con este proyecto de Ley que, en materia de derecho a la información, no presenta bondad ninguna.
Quienes intentan imponer nuevas mordazas olvidan que la opacidad siempre ha sido el refugio de los sistemas autoritarios. Afortunadamente, la sociedad española ya ha aprendido que la transparencia es el mejor antídoto contra los abusos.
Una transparencia que este proyecto de LECRim intenta suprimir, como se desprende de la lectura de su articulado.
