VOX, el partido político que ejerce la acción popular en el juicio por el intento separatista protagonizado por el gobierno autonómico cesado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, solicita al tribunal de la Sala de lo Penal del Supremo que va a juzgar al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a los 8 exconsejeros procesados, que paguen de su bolsillo casi 4,3 millones de euros, la cantidad que consideran que malversaron con la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
«Oriol Junqueras i Vies, Joaquim Forn i Chiariello, Jordi Turull i Negre, Raúl Romeva i Rueda, Dolors Bassa i Coll, Josep Rull i Andreu, Meritxell Borràs i Solé, Carles Mundó i Blanch, y Santiago Vila i Vicente son responsables civilmente de forma solidaria del pago de la cantidad total de 4.279.985,03 euros, correspondiente a la suma malversada», dice el escrito, al que ha tenido acceso Confilegal.
TRIPLICAN LA PETICIÓN DE PENAS DE LA FISCALÍA
VOX solicita al tribunal 74 años de cárcel para Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, por dos delitos de rebelión (25 por cada uno), uno por pertenencia a organización criminal (15 años) y otro de malversación de causales públicos (12 años), más inhabilitación para cargo público durante 75 años.
Son 49 años más que los pedidos por la Fiscalía -25 años más otros 25 de inhabilitación absoluta- y 62 más que los planteados por la Abogacía del Estado (12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta).
En su escrito de acusación presentado ante el Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Confilegal, Vox pide las mismas penas por idénticos delitos para los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Raul Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull, triplicando así la petición de la Fiscalía: 74 años y 75 años de inhabilitación.
La Fiscalía, para estos mismos procesados, pide 16 años de cárcel y 16 años de inhabilitación; la Abogacía del Estado, 11 años y 6 meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación.
BORRÁS, MUNDÓ Y VILA
Para el resto de los exconsejeros, Meritxell Borràs i Solé, Carles Mundó i Blanch, y Santiago Vila i Vicente, Vox solicita 24 años de prisión (12 por un delito de pertenencia a organización criminal y 12 por un delito de malversación de caudales públicos) y multa de 108.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 40 años, como autores de un delito de organización criminal, otro de desobediencia y uno de malversación de caudales públicos.
La Fiscalía difiere de Vox, ya que considera que los tres deben ser castigados con 7 años de cárcel y 16 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de fondos públicos y una multa, cada uno, de 30.000 euros, por un delito continuado de desobediencia grave; una calificación con la que coincide la Abogacía del Estado en lo que a la petición de cárcel se refiere pero que en lo que se refiere a la inhabilitación es sensiblemente menor: 11 meses y medio.
FORCADELL
Respecto a la expresidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell i Lluis, Vox la considera autora de dos delitos de rebelión y un delito de rebelión, y por ello considera que debe ser castigada con una pena de 62 años de prisión más una multa de 108.000 euros.
La pena que debería imponérsele a Forcadell, desde el punto de vista de la Fiscalía, es la de 17 años de prisión, por un delito de rebelión. La Fiscalía solicita 10 años de prisión.
LOS «JORDIS»
Jordi Sánchez Pincanyol y Jordi Cuixart, expresidentes de Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, por su parte, deben ser condenados, según Vox, a 62 años de prisión cada uno por dos delitos de rebelión y uno de pertenencia a organización criminal.
El Ministerio Fiscal, por su parte, considera que sólo se produjo un delito de rebelión, por el que solicitan 17 años de cárcel para cada uno; la Abogacía del Estado, por un delito de sedición, 8 años de prisión cada uno.
MIEMBROS DE LA MESA DEL PARLAMENT
Para los 5 miembros de la Mesa del Parlament que facilitaron que se tramitaran y se aprobaran las llamadas «leyes de desconexión» -para las que el parlamento autonómico no tenía potestad-, Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet, y la expresidenta de la CUP en esa cámara, Mireia Boya Busquets, Vox solicita 12 años de prisión, por pertenencia a organización criminal, multa de 108.000 euros, por un delito continuado de desobediencia, e inhabilitación para cargo público por dos años.
