La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), la tercera de las tres asociaciones del Ministerio Público, ha dirigido una carta a la fiscal general del Estado, María José Segarra, en la que le reprochan que ni ella ni los máximos responsables de las Fiscalías provinciales afectadas por los cortes de carretera de los Comités para la Defensa de la República (CDR), acaecidos el pasado sábado, no hubieran tomado medida legal alguna.
«Ante conductas que parecen encajar perfectamente en delitos graves, no podemos comprender cómo desde las jefaturas de las Fiscalías afectadas y en última instancia V.E. misma, no adoptaron de manera inmediata medidas ante delitos que se estaban consumando a plena luz del día, a la vista de todos y difundidos en toda suerte de medios de comunicación», afirma la APIF en su misiva.
Esta asociación dice haber observado «con no poco descontento, cómo durante al menos 15 horas del día de antes de ayer, numerosas carreteras que unen la Comunidad Autónoma de Cataluña con otras limítrofes eran cortadas con total impunidad por componentes de los autodenominados CDR (Comités para la Defensa de la República), mientras ninguna autoridad ni policial ni judicial hacía absolutamente nada».
Y añade: «No podemos comprender cómo nadie procedió a identificar a los autores y a desmantelar esas barricadas, que impedían el legítimo ejercicio del derecho fundamental a la libertad deambulatoria a infinidad de familias que viajaban o a profesionales que hacían sus labores».
La APIF termina su carta a la fiscal general del Estado en modo respetuoso, rogándole que Si las fuerzas policiales correspondientes no actúan por
propia iniciativa, no tenemos que recordarle que V.E. puede darle ordenes directamente a sus jefes superiores.
Esta asociación termina con una frase, que es claramente una puya: «Si las fuerzas policiales correspondientes no actúan por propia iniciativa, no tenemos que recordarle que V.E. puede darle ordenes directamente a sus jefes superiores».
