El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, cuyo titular es Manuel Marquina Álvarez, ha admitido a trámite la demanda de juicio ordinario presentada por la Fiscalía contra Audasa, la concesionaria de la AP-9 que va desde Ferrol a la frontera portuguesa.
El auto se hizo público después de que este martes el Congreso de los Diputados tomase en consideración la Proposición de Ley para transferir la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico a la Xunta.
La demanda de la Fiscalía responde al ejercicio de la acción colectiva de cesación en defensa de los consumidores y usuarios por lo que considera prácticas «abusivas» de la empresa.
El Ministerio Público señala que cobró los peajes íntegros durante los «al menos tres años, entre febrero de 2015 y junio de 2018” que duraron las obras de ampliación de la autopista en el entorno del puente de Rande (Vigo), con las consiguientes retenciones y retrasos.
Llamamiento a los afectados a personarse
En su auto, el Juzgado de lo Mercantil también acuerda en el auto «realizar un llamamiento a personarse en el proceso a quienes tengan la condición de perjudicado por haber sido usuario del servicio que dio origen a la demanda con el objetivo de que hagan valer su derecho o interés individual».
Y teniendo en cuenta que los afectados pueden proceder de diferentes puntos del país, el juez Marquina Álvarez decreta la publicación de la admisión de la demanda en dos diarios y la suspensión del curso del proceso por dos meses, plazo que empezará a contar desde el día siguiente a la publicación en los diarios.
Práctica abusiva
La Fiscalía señala en su demanda que, dado que el peaje tiene carácter de contraprestación porque se entrega a cambio de recibir el uso «en perfectas condiciones» de fluidez, velocidad y seguridad de una vía de alta capacidad, es una práctica «abusiva» exigir la totalidad del importe del mismo peaje que cuando la autopista funciona de modo normal, aun cuando la concesionaria tenía «completa constancia» de que entonces no podía prestar el servicio en tales condiciones.
Solicita el reintegro de los peajes que fueron abonados en el tramo del entorno del puente de Rande entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018, con los intereses legales y que la concesionaria Audasa «cese en esta práctica y a abstenerse de utilizarla en lo sucesivo en cualquier autopista que gestione en España».
Además, pide que Audasa indemnice con el doble del importe del peaje «a todos los usuarios, conductores o pasajeros, que no sean profesionales de la conducción y/o titulares de empresas de transporte de mercancías o pasajeros», afectados por los atascos o retenciones superiores a los diez minutos.
En el caso de que no se pueda acreditar el número de viajeros en cada vehículo, propone que la indemnización se abone por vehículo no dedicado profesionalmente al transporte que acredite haberse encontrado en los atascos, todo ello mediante la aportación del comprobante del peaje o a través de cualquier otra prueba.
Según datos de la propia concesionaria, durante el periodo de obras, se produjeron unos 77 millones de tránsitos y la recaudación por peajes correspondiente a vehículos ligeros se situó en torno a los 90 millones de euros.
Tráfico «permanentemente afectado» durante 3 años
Durante al menos tres años, entre el 27 de febrero de 2015 y junio de 2018, la ejecución de obras en el entorno del puente de Rande «afectó de forma relevante y constante» a la fluidez del tráfico en la autopista, señala el Ministerio Público.
Se redujo el número de carriles en uso y los límites de velocidad. Esto unido a las sucesivas tareas de ejecución de las obras, «implicaron constantes atascos».
Es por eso que considera que todos los vehículos que circularon en ese tramo entre las fechas indicadas «recibieron un servicio de la autopista con insuficientes condiciones de fluidez y seguridad».
Sin embargo, «no sólo se ha mantenido el cobro íntegro del peaje en todo momento (…) sino que se incrementó» a partir del 1 de enero de 2018, tras una inauguración de las obras el 30 de diciembre de 2017 «aun cuando se continuaron realizando trabajos similares en la calzada con posterioridad a esa fecha».
