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El PP en un dilema: Renovar el CGPJ entre enero y febrero o esperar a después de las elecciones generales
Carlos Berbell es director de Confilegal.
02/1/2019 06:15
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Actualizado: 02/1/2019 01:07
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La postura del PP es difícil y muy incómoda. Máxime cuando el pasado mes de diciembre dio un giro de 180 grados, apoyando la elección de los 12 vocales jueces directamente por los 5.500 miembros que conforman la carrera judicial. Como se hizo en el primer Consejo General del Poder Judicial de la historia, en 1980.
El reciente revés sufrido en el Congreso de los Diputados, después de acordar con Ciudadanos esa fórmula, inunda de zozobra al partido de la gaviota blanca sobre un fondo azul. Porque ante sí lo único que tiene es una espesa niebla de incertidumbre política.
Se desconoce, primero, cuándo se celebrarán las próximas elecciones generales.
Si el 26 de mayo, junto con las europeas, autonómicas o locales, en octubre o noviembre -si así las convocara el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez– o si, por el contrario, en un alarde de osadía optara por retrasarlas hasta febrero o junio de 2020.
Y, segundo, se desconoce el resultado que se podría obtener.
Las encuestas hablan de un parlamento dividido en cinco partidos, PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y Vox y luego los autonómicos ERC, PdeCAT, PNV, EH Bildu, Compromís o Coalición Canaria. Que puede ser que sea así o que no. Porque de unos años a esta parte las encuestas electorales se asemejan más a una escopeta de feria que a otra cosa.
Por su eficacia a la hora de acertar.
Visto lo visto, después del referido revés, se habló, dentro del PP, incluso, de una posible renovación para junio.
El PSOE y Podemos lo buscan. Pero es improbable que se pudiera hacer entonces.
El resultado de esas elecciones va a marcar el devenir político nacional. En función de los resultados Sánchez, con toda seguridad, adelantará o atrasará los comicios. Según le vengan bien o mal. Es su potestad.
Por ello, sólo quedaría una ventana de oportunidad, que se enmarcaría en estos primeros dos meses y medio de 2019.
El PP tendría que elegir entre mantener la política de confluencia con Ciudadanos, bloqueando la renovación del CGPJ hasta después de las próximas elecciones generales, en la esperanza de que se produzca un pendulazo político que propicie el regreso al poder en alianza con la marca naranja y el apoyo de VOX, al estilo andaluz.
O regresar a la postura anterior y negociar con el PSOE la renovación del CGPJ, mediante la elección de los 20 vocales por parte del Parlamento, pero ciñéndose estrictamente al mandato constitucional: Permitiendo que esos 20 vocales elijan libremente al sucesor -o sucesora- de Carlos Lesmes Serrano al frente del órgano de gobierno de los jueces.
Sin componendas, a diferencia de como sucedió con la selección de Manuel Marchena.
Como tendría que haber sido, y que no fue en los últimos tres elegidos: Carlos Dívar, Gonzalo Moliner y Carlos Lesmes.
A favor de esta salida juega el hecho de que un CGPJ no renovado adolece de legitimidad.
Su tiempo político ha caducado. Así lo percibe la carrera judicial, que, mayormente, no se identifica con su órgano de gobierno.
En contra, que el PP podría ser tachado de veleta.
Hace dos meses, pacta con el PSOE, luego rompe el pacto, tras el escándalo del WhatsApp de Ignacio Cosidó, se alinea con Ciudadanos. Apoya la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y pierde en el Congreso. Y vuelve, otra vez, a la elección por la Cámara Baja.
¿Aguantar hasta las próximas elecciones o renovar ahora, como le propone el PSOE?
Ese es el dilema. Y no es fácil.
Nada fácil.
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