Franco fue enterrado hace 44 años en el Valle de los Caídos. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
El Gobierno asegura que el ‘obstruccionismo’ del prior del Valle de los Caídos no impedirá la exhumación de Franco
Avisa de la mala imagen que esta decisión puede conllevar para la Iglesia
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03/1/2019 13:40
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Actualizado: 03/1/2019 13:53
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El Gobierno ha asegurado hoy que la posición «obstruccionista» del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, no impedirá que el Ejecutivo siga adelante con el proceso de exhumación de Francisco Franco.
El prior informó a Moncloa la semana pasada que negaba el acceso para proceder al traslado de los restos de Franco. Fuentes de la abadía benedictina han confirmado hoy que no facilitarán el acceso del Gobierno al Valle para la exhumación hasta que no se agote la vía judicial.
«La posición obstruccionista del prior Santiago Cantera no impedirá que el proceso siga su curso, pero evidentemente hará que la opinión pública pueda llegar a considerar que la Iglesia española avala la negativa del prior y la negativa de la propia familia Franco«, han manifestado fuentes del Gobierno a Europa Press.
Desde el Ejecutivo se achaca la posición del prior a una naturaleza ideológica. Argumentan que fue candidato a las elecciones generales de 1993 y a los comicios europeos de 1994 por el partido Falange Española Independiente antes de ingresar en la comunidad benedictina.
Moncloa afirma que, pese a los inconvenientes que pueda provocar el rechazo de éste, mantiene su decisión de seguir adelante con el proceso de exhumación, «respetando las garantías a las que tiene derecho la familia Franco por ley».
LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DESACONSEJA ENTERRARLO EN LA ALMUDENA
La Delegación del Gobierno en Madrid ha emitido un informe -difundido el pasado 28 de diciembre- en el que desaconseja, por motivos de seguridad y orden público, que los restos mortales de Franco sean enterrados en la Catedral de la Almudena, tal como pretende la familia Franco en caso de que no logre frenar la exhumación.
La familia de Franco tiene un panteón en la cripta de la catedral.
El informe alega entre otros problemas que la cripta de La Almudena no podría absorber el elevado volumen de visitas que atraería la sepultura, además de ver problemas desde el punto de vista terrorista, al ser un lugar emblemático y cercano al Palacio Real o la Plaza Mayor.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ve un «encargo» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este informe, y ha exigido «volver a hablar sobre leyes relativas al futuro», en vez de hablar de alguien «que murió hace 40 años».
El Ejecutivo ha presentado varias enmiendas a la reforma de la Ley de Memoria Histórica para impedir por Ley que Franco acabe enterrado en un lugar que se preste al enaltecimiento o a la exaltación del público como lo sería la catedral madrileña.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha manifestado que el Estado tiene herramientas para impedir que sea enterrado en la catedral madrileña aunque la reforma de la Ley de Memoria aún no haya sido aprobada.
Este proyecto de reforma deriva del decreto Ley de exhumación de Franco, que está en vigor desde su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre.
El plazo de enmiendas sigue abierto dado las sucesivas prórrogas pedidas por los grupos y se calcula que los cambios que pudieran introducirse no verán la luz hasta mayo, como muy pronto.
El pasado diciembre, el Tribunal Supremo rechazó por el momento paralizar la exhumación, lo que había sido solicitado como medida cautelar por la familia mientras se resolvía sobre el fondo del recurso que han presentado contra la orden del Consejo de Ministros que inició el proyecto para sacar los restos de la Basílica del Valle, donde se encuentran desde hace 40 años.
Desde que el Gobierno anunció al principio de su legislatura su intención de exhumarlo, las visitas al Valle de los Caídos se han incrementado.
Según ha informado hoy Efe, el año pasado recibió 378.875 visitantes, un 33,75 % más respecto al ejercicio de 2017, cuando acudieron 283.277 personas. Indica que sólo el pasado mes de diciembre fue visitado por 38.285.
LA FAMILIA AMPLÍA SU DENUNCIA POR PRESUNTA PREVARICACIÓN
A comienzos de diciembre, los siete nietos de Franco presentaron una denuncia contra los altos cargos que firmaron el pasado 14 de noviembre el proyecto de presupuesto de obra menor para llevar a cabo la exhumación.
Firmada por Jaime Martínez-Bordiú Franco, se dirige contra la subsecretaria de Justicia e instructora del expediente de exhumación, Cristina Latorre, el presidente del Consejo de administración de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, el funcionario del Museo del Prado Víctor Cageao Santacruz, que «se hizo pasar por director de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional», y contra el subsecretario de Presidencia, Antonio Hidalgo López.
La familia Franco considera que pueden haber cometido un presunto delito de prevaricación, además del supuesta usurpación de atribuciones y funciones.
El escrito expone que éstos «eran conocedores» de que Cageao «no ostentaba el cargo de director de Inmuebles de Patrimonio Nacional, pese a lo cual, para acelerar toda la tramitación, a sabiendas de la usurpación de funciones y de la falsedad de la ostentación de dicho cargo, firmó el proyecto de exhumación el 14 de noviembre de 2018».
El pasado viernes ampliaron la denuncia tras conocerse la designación de Cageao como director de Inmuebles y Medio Natural por parte de Patrimonio Nacional.
En el escrito, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3, solicitan que se cite a la subdirectora general de Recursos Humanos e Inspección de Servicios del Ministerio de Cultura, Antonia González Cano, por ser quien firmó la resolución del 15 de octubre por la que reingresaba al servicio activo a Cageao, «todo ello con aparente ausencia de competencias para tal acto administrativo».
Para los nietos de Franco, esta resolución «podría calificarse de manifiestamente arbitraria, caprichosa y dictada, supuestamente, para satisfacer esa voluntad caprichosa al margen de la legalidad».
Subrayan, además, que la legitimación para solicitar la exhumación corresponde «exclusivamente a los familiares» y que tras la negativa de la familia, el Gobierno publicó un real decreto para «imponer su voluntad».
También alegan que la basílica del Valle de los Caídos es «inviolable» y, además, que está en un estado de «grave deterioro», por lo que introducir maquinaria pesada para levantar la lápida, de 1.500 kilos, puede producir «graves daños en su estructura».
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