La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechaza paralizar cautelarmente la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, pero ha advertido que no se podrán trasladar los restos hasta que el Alto Tribunal resuelva el más que previsible recurso de la familia contra el acuerdo final del Gobierno, previsto para finales de enero.
Los nietos de Franco habían pedido que se suspendiera como medida cautelar mientras se resuelve el recurso que han presentado contra la orden del Consejo de Ministros que inició el proyecto para sacar los restos de la Basílica del Valle, donde se encuentran desde hace 40 años.
Tras dos horas y media de reunión, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, formada por los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata (presidente), Segundo Menéndez, Pablo María Lucas, Celsa Pico, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero, ha desestimado la solicitud de la familia, por lo que el Gobierno podrá continuar, por el momento, con el procedimiento de exhumación.
A juicio del tribunal, el acuerdo del Ejecutivo recurrido no justifica por sí mismo la exhumación de los restos ni produce una situación irreversible que haga perder la finalidad del recurso.
Para los nietos de Franco, se vienen produciendo “irregularidades” en todo el procedimiento, pues la orden de exhumación consecuencia del decreto que modifica la Ley de Memoria Histórica, “debiendo tener carácter colectivo respecto de todos aquellos inhumados en el Valle de los Caídos que no hubieran fallecido a consecuencia de la Guerra Civil, tan solo se ha incoado respecto de los restos mortales” de Franco.
El Abogado del Estado informó que la petición de la familia se refiere genéricamente a la ilegalidad del acto, pero sin concretar las causas. «Y los únicos vicios concretos que se aducen carecen de todo fundamento, pues no se ha quebrado el principio de igualdad ni se ha producido indefensión de terceros», añade el documento».
Por ello, reclama al Supremo que no acceda a la petición de la familia de Franco de paralizar el proceso de exhumación mientras se resuelve el fondo del recurso.
Sin embargo, la familia sostiene que se está aplicando así una política de «caso único», que además afecta a su «derecho a la intimidad personal y familiar», puesto que han «manifestado de forma unánime su frontal oposición a la exhumación de los restos de su abuelo» y aún así, se ha seguido adelante.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, manifestó el pasado 30 de octubre que los restos de Franco, una vez sea exhumado del Valle, «no pueden enterrarse en la cripta de la Catedral de la Almudena porque podría convertirse en un nuevo lugar de enaltecimiento del dictador».
Hasta entonces, el Gobierno había mantenido que si la voluntad de su familia era enterrarle en el nicho que tiene en la cripta de La Almudena, el Ejecutivo no se podía oponer pero, tras la entrevista que mantuvo Calvo el 29 de octubre con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, esta postura varió.
Calvo dijo que la colaboración de la Iglesia en este tema estaba siendo “absoluta e incuestionable” e incidió en que el Gobierno tiene que aplicar la Ley de Memoria Histórica, que impide que Franco acabe en un lugar donde pueda ser enaltecido.
Poco después, el portavoz del Vaticano, Greg Burke, precisó en un comunicado que durante la reunión entre el secretario de Estado del Vaticano y la vicepresidenta del Gobierno, Parolin “en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la exhumación”, aunque vio “oportuna” la solución de explorar otras alternativas al entierro en La Almudena a través del diálogo con la familia.
El Gobierno aboga porque sea enterrado en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid), donde la familia tiene un fanteón y descansan los restos de su mujer, Carmen Polo.
Francis Franco, nieto de Francisco Franco, dijo en verano que la familia no contemplaba enterrarlo allí, por motivos de seguridad.
