La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) considera que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en materia de «Violencia contra la Mujer», publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 29 de diciembre, es «insuficiente», según ha informado a Confilegal su portavoz nacional, Raimundo Prado.
La AJFV ha lanzado hoy un comunicado en el que la Comisión de Igualdad de la asociación hace una serie de consideraciones respecto a dicha reforma.
Una de ellas es que «se dirija fundamentalmente a profundizar en la formación de los miembros de las carreras judicial y fiscal en materia de igualdad y violencia contra la mujer, así como a establecer una prueba de especialización para acceder con preferencia a los juzgados exclusivos sobre esta materia, dejando de lado otras medidas de vital importancia y que vienen siendo reclamadas desde hace tiempo no solo por la Carrera Judicial, sino por el resto de operadores jurídicos en materia de Violencia contra la Mujer».
Esta asociación «no duda de la vital importancia de la formación continua de las carreras judicial y fiscal en materia de Violencia contra la Mujer, que abarca no solo formación jurídica, sino en otros ámbitos, dada la específica sensibilidad que comportan los asuntos propios de esta especialidad», pero considera que «la reforma soslaya toda referencia a formación y especialización del resto de profesionales de la administración de Justicia, que intervienen activamente en estos procesos, cuando dicha medida también está contemplada en el Pacto de Estado contra la violencia de género».
Destaca que «tampoco se adopta medida alguna respecto a la necesaria concentración en los juzgados especializados en violencia sobre la mujer de todas las denuncias sobre esta materia, retirando la competencia de los juzgados de primera instancia e instrucción, habitualmente sobrecargados por el trabajo en otras materias y sin los medios materiales necesarios para atender adecuadamente a la víctima, pese a los acreditados esfuerzos de los titulares de tales órganos».
Afirma que «la reforma persigue la especialización de los jueces como un fin en sí misma, sin tener en cuenta la experiencia acumulada de los magistrados que durante años han servido en este tipo de órganos, dotándoles de una perspectiva que ningún curso puede ofrecer».
«Se desliza con ello la idea de que lo que falla en el sistema es la labor de jueces y fiscales, cuando otros factores, como la acuciante falta de medios y el desinterés real de las administraciones competentes en la dotación de los juzgados, dificultan en mayor medida la labor de jueces y fiscales y, en definitiva, redundan en una menor protección y seguridad de las víctimas cuando se enfrentan a estos duros procesos», concluye en su texto la asociación.
«Desliza la idea facilona de que la violencia de género se debe en parte a nuestra falta de formación cuando, gracias a nuestro trabajo, las cosas funcionan en la medida de lo posible», recalca en declaraciones a este diario Raimundo Prado, y recuerda que “el Pacto de Estado contra la Violencia de Género dice que hay que formar a los jueces y fiscales, pero también al resto de profesionales de la Administración de Justicia, y en la reforma solo se habla de jueces y fiscales».
Prado insiste en que «la formación siempre es bienvenida, pero no puede tratarse de forma aislada», y subraya que «hay muchos otros problemas más importantes que ningún Gobierno soluciona, como que haya juzgados mixtos con casos de violencia de género que se encuentran saturados y sin medios, por lo que atienden en condiciones contrarias a la ley tanto a las víctimas como a sus hijos».
También afea que para esa nueva especialización «no se tenga en cuenta la experiencia de compañeros que llevan 15 años trabajando en juzgados especializados en violencia de género”.
Por ello, la AJFV pide que se tengan en consideración todas estas reflexiones porque «no se puede hacer descansar toda una reforma en materia de violencia de género en el ámbito estrictamente jurisdiccional».
