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Tres bufetes afirman que la actuación de la Administración española y los consulados violan los Derechos Humanos

De izquierda a derecha, Estela Marina Pérez Cabrera, socia directora de Grupo Aristeo, Neyvi Tolentino, socia directora de Tolentino Abogados, y Cristina Isacura, socia directora de Isacura Abogados.
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Tres importantes firmas de abogados especializados en extranjería, Grupo Aristeo, Tolentino Abogados e Isacura Asociados, anuncian que recurrirán a la vía judicial, incluyendo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si ven que esta situación se mantiene igual en los próximas semanas.

Las demoras se disparan y tienen bloqueada la administración de extranjería en nuestro país.

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“No nos dicen nada pero los plazos pasan”, apunta Estela Marina, socia directora del Grupo Aristeo, un conocido despacho especializado en extranjera e inmigración.

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«En los expedientes de arraigo familiar, la contestación no es a los tres meses como dice la Ley. Hay silencio administrativo negativo tras seis u ocho meses de espera», cuenta.

«En requerimientos, la Administración está obligada a contestar. Hay expedientes procedentes de la Unidad de Grandes Empresas del Ministerio de Trabajo y Seguridad social pendientes desde antes del verano», explica.

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«Los plazos se incumplen y eso hace que las renovaciones de los permisos de trabajo generan indefensión porque la administración tarda entre cuatro y cinco meses en contestar. En algunos casos puede generar el despido de los trabajadores al no poder presentar estos la tarjeta correspondientes», añade.

Cada día que pasa aparecen nuevos y mayores obstáculos que  provocan que miles de inmigrantes se enfrenten a la irregularidad y tengan que encarar injustamente graves problemas con las autoridades por no poseer la documentación que les corresponde por cumplir con todos los requisitos.

En esta tesitura algunos abogados han recurrido a la vía contencioso-administrativa para que realmente el juez que está obligado a contestar lo haga.

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Hay procedimientos que se resolvían en 20 días y con la interposición de ese recurso la contestación se hace en un año.

Estela Marina Pérez Cabrera afirma que la situación es insostenible. Fotografía: Carlos González.

En este contexto aunque  el principal afectado siempre es el migrante, despachos expertos en extranjería e inmigración dedican su labor a la ayuda y resolución de problemas de estos extranjeros también se encuentran en una situación de desespero por no poder avanzar en los trámites de sus clientes a causa de las injustificadas demoras de la Administración.

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Ante esta situación a la cual no pueden encontrar una solución satisfactoria, los tres despachos de extranjera mencionados, el Grupo Aristeo, Tolentino Abogados e Isacura Asociados muestran su preocupación por la situacion y buscan  juntos encontrar una salida a tal problema.

 Son bufetes que gestionan cerca de 400 expedientes al mes y aglutinan alrededor de 120 abogados expertos en extranjería. Para estas profesionales la actuación de la Administración de extranjería y de los consulados “es una violación de Derechos Humanos” encontrándose en un Estado de derecho como lo es España”.

Un cambio para mal

A su juicio, el problema se ha agravado con el cambio de Carlos Mora, subdirector General de Inmigración por Laura Minguito, nueva subdirectora, que no responde ni las llamadas ni los correos electrónicos que desde estos bufetes la envían. “Ahora no hay la disposición de antes para resolver muchas de las cuestiones que preocupan a nuestros clientes”.

“No sabemos por qué ocurre esto pero es perjudicial para el solicitante porque se queda en estancia irregular y se le caducan todos los documentos y en consecuencia, no pueden presentar su expediente de solicitud de residencia.”, explica Marina. “Solo se pide que se cumpla lo que dice la ley, no que se invente algo nuevo”, continúa diciendo

La socia directora de Grupo Aristeo explica que el gobierno “está actuando de mala fe” y existe una incompetencia en la Administración Pública.

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No hay citas para presentar expedientes y aquellos que consiguen ser presentados terminan negándose por criterios del funcionario que no se ajustan a la ley.

La Administración de extranjería no funciona

Para Neyvi Tolentino, directora general de Tolentino Abogados, hay  una serie de ejemplos prácticos que demuestran la grave y preocupante situación actual con respecto a la Administración de las oficinas de extranjería.

“He tenido que poner correos a la Unidad de Grandes Empresas (U.G.E) y poner en copia al cliente porque ellos se creen que es mentira, que no hacemos nada”, explica.

La Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos (UGE-CE), dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, es responsable de la gestión de las autorizaciones de residencia, residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, y residencia temporal y trabajo en el marco de una prestación transnacional de servicios.

Esas prestaciones se solicitan a favor de extranjeros en cuya actividad profesional concurran razones de interés económico, social o laboral, o relativas a la realización de trabajos de investigación y desarrollo, o docentes, que requieran alta cualificación, o de actuaciones artísticas de especial interés cultural.

Neyvi Tolentino denuncia la desprotección que tienen los ciudadanos en fronteras. Fotografía: Carlos González.

Las empresas e instituciones que presenten las solicitudes de autorizaciones de residencia y trabajo de sus empleados a través de la UGE-CE estarán exentas de acreditar que la situación nacional de empleo permite la contratación de un trabajador extranjero.

Entre algunas de sus experiencias, Neyvi apunta ejemplos como el del consulado de España en Canadá, que ha afirmado a sus clientes que “la autorización de residencia no lucrativa no existe”, algo que es totalmente incierto y provoca injustamente la existencia de enfrentamientos entre el cliente y el abogado que lleva su caso.

Se agrava la situación de falta de derechos de los extranjeros en fronteras, específicamente en el aeropuerto de Barajas, el cual, se ha denunciado varias veces, por la desprotección que tienen los ciudadanos.

Estas abogadas son conscientes que  los clientes no tienen conocimiento de esta situación y la desesperación por regularizar su estatus migratorio en España unido a la preocupación de haber contratado un abogado con el que no han resuelto nada les lleva a culpar directamente al letrado, sin darse cuenta de que éstos no son los responsables de la situación.

Las directoras de los tres despachos de extranjería quieren hacer un llamamiento a la Administración pero sobre todo al gobierno actual, con el fin de que cumpla con las leyes de extranjería que establece un Estado de derecho como España.

“Los letrados también han vivido esto y hemos tenido que poner reclamaciones porque es una falta de respeto estar más de cinco horas esperando para recibir un “yo no sé nada”. Nos tratan mal a los letrados y a los particulares”, afirma Cristina Isacura, directora de Isacura Abogados.

A su juicio,  se ha hecho creer a la sociedad española que los extranjeros son un problema que afecta principalmente a la situación laboral especialmente en la precariedad del empleo que se suscita actualmente, así como del miedo infligido a la población sobre la pérdida de identidad, cultura y beneficios sociales que se derivaría como consecuencia de otorgar derechos a los extranjeros.

Problemas con migración cualificada

Un grave perjuicio se ha evidenciado también en la resolución de expedientes cuyos supuestos se encuentran previstos en la Ley de emprendedores, específicamente aquellos destinados a profesionales altamente cualificados.

Pese a cumplir de forma clara d los requisitos establecidos en la norma y aún a sabiendas de que esta garantiza una inmigración formada, profesional y que eventualmente aportará al desarrollo productivo del país, el cambio radical de criterios en la UGE y las denegaciones inmotivadas han venido generando angustia e inquietud entre empresas y profesionales, dado que se obedece a valoraciones subjetivas y a fundamentos de resolución no previstos en la Ley.

Marina recuerda el caso de un directivo turco que se quiere contratar desde el pasado verano por una empresa española  pero que sin el permiso de la UGE sigue pendiente su contratación.

“Son problemas que están surgiendo y que están afectando a nuestra reputación como profesionales y eso no lo podemos permitir”, aclara.

Entre tantas salidas a la problemática que pueden ser viables, Cristina Isacura propone la posibilidad de que numerosos pueblos de España que actualmente están deshabitados sean repoblados con la gran cantidad de flujos migratorios que existen.

Estos pueblos cuentan con todas las infraestructuras y medios de vida necesarios para llevar un día a día normal y numerosos extranjeros pueden ser debidamente regularizados y enviados a estos pueblos o ciudades para que puedan desempeñar su profesión como cualquier otro español.

“Es simplemente voluntad política”, resume la abogada.

Cristina Isacura propone la posibilidad de que numerosos pueblos de España que actualmente están deshabitados sean repoblados con la gran cantidad de flujos migratorios que existen. Fotografía: Carlos González.

No descartan demandar a la Administración española

Los tres despachos de extranjería hasta ahora, a falta de voluntad por parte de la Administración, intentan resolver los casos de sus clientes con recursos contenciosos y pidiendo citas mediante colegios de profesionales, pero aseguran que éstas no son las mejores soluciones al problema y que si no se arregla todo desde la política cada vez será peor.

Estos despachos de abogados no descartan demandar a la Administración española por su pasividad  en una demanda colectiva para encontrar una solución a los temas de extranjería.

“Iremos hasta el Tribunal Europeo para forzar que la Administración cambie. Esto tiene que cambiar porque estamos para defender los derechos de nuestros clientes”, explican

En esa estrategia estas firmas se van a reunir con la Asociación de Extranjerismos y con el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, para ver la forma de resolver esto temas desde la Subcomisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Madrid y a través de la Subcomisión General del Consejo General de la Abogacía Española, que puedan ser mediadores ante esta grave problemática.

“Si estas reuniones no tienen efecto no nos quedará más remedio que ir a la vía judicial”, concluyen.