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X Congreso de ASUFÍN: “El consumidor financiero necesita una autoridad independiente que le proteja de manera eficaz”

Plano general del salón de actos del Edificio de los Registros de la Propiedad, donde tuvo lugar el X Congreso Asufín; en la foto el panel sobre el impacto jurídico. Twitter.
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El X Congreso de Asufin analiza desde forma transversal estos díez últimos años de nuestra actividad económica, donde esta asociación de consumidores ha tenido un protagonismo especial, sobre todo en defensa de los derechos de los particulares.

La intervención de Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil y experta en insolvencia,  en la mesa sobre mercado inmobiliario, apunto a que “no me cabe  duda de que la crisis de 2008 no será la última. No se ha mejorado la regulación que ha auspiciado el comportamiento irresponsable de los operadores del mercado. La regulación se está centrando en los abusos en la contratación bancaria cuando en realidad la crisis tiene por base, entro otros factores, la concesión irresponsable de préstamos y fallos en la supervisión”.

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Para esta jurista “es necesaria una regulación adecuada de la obligación de evaluar la solvencia cuyo incumplimiento tenga consecuencias contractuales eficientes y debe diseñarse un sistema de información crediticia en el que los prestamistas compartan datos positivos de solvencia, con objeto de reducir la información asimétrica e introducir disciplina en el mercado de crédito. Nada de esto se ha hecho en las reformas aprobada y en las que están en tramitación”.

Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil, durante su intervención, junto a Antonio Beltrán, broker hipotecario, Jesús Soria, director de Ser Consumidor, y Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN.

Y advierte que “el consumidor financiero necesita una autoridad pública independiente del Banco de España y de la CNMV que le proteja de manera eficaz, con capacidad sancionadora y no se limite a resolución de litigios de consumo. El control del préstamo responsable no debe residir exclusivamente en el supervisor bancario. Las normas aprobadas inciden en los mismos errores que las que dieron lugar a la crisis de 2008 y, por eso, no será la última”.

A lo largo de una jornada entera , magistrados, abogados de empresa, que defienden a los consumidores, registradores y expertos en finTech analizaron el pasado más reciente y la situación actual donde algunos de los intervinientes creen que podríamos vivir una crisis similar a la vivida en el 2008  de tanto calado.

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Complacencia preocupante

Los asistentes pudieron conocer la importancia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la normativa española y la mala acogida de la reforma hipotecaria, ahora en el Senado, por sus carencias evidentes.

Patricia Suárez,presidenta de Asufin, se muestra satisfecho con el desarrollo de este evento en el que se ha abordado la evolución de los últimos diez años desde diferentes perspectivas “Nosotros nacimos de la crisis económica como respuesta a un conflicto. Las instituciones y los políticos no nos daban soluciones y por eso fundamos esta asociación”.

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Después de diez años considera “que hay cierta complacencia que me preocupa. La mesa de los reguladores, CNMC, Banco de España no fue crítica con su papel en la crisis y ni siquiera han analizado con profundidad porque se habla de poner en marcha un nuevo regulador independiente”.

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Patricia Suárez junto a Andreu Missé, periodista y fundador de Alternativas Económicas, que abrió el X Congreso con una ponencia sobre consumidores versus crisis económica. Twitter.

Respecto a dicho nuevo regulador cree que “las noticias que nos llegan sobre su configuración no nos acaban de gustar. Dependería de un Ministerio de Economía y Empresa con lo cual su independencia sería limitada. Otro aspecto que habría que ver cómo se va a financiar y de qué medios va a disponer, También será importante como se nombran esos profesionales para que realmente trabajen y sancionen con independencia. Hay mucho por saber aun pero es evidente que si dicha autoridad independiente tuviera esa fuerza y potestad que requiere es posible que se mejorasen muchas cosas”.

Sobre este recién 2019, en un primer análisis advierte que es un año con muchos fallos judiciales importantes”.

“Estamos a la espera de conocer el fallo del TJUE sobre el índica IRPH y su legalidad, que se ha abordado en este Congreso donde tuvimos al magistrado del juzgado 38 de Barcelona Francisco González quien nos explicó porque interpuso dicha cuestión prejudicial y cómo se ha adaptado a la normativa europea su trabajo de juez. También esperamos otro fallo del TJUE sobre el vencimiento anticipado, la quiebra del Banco Popular, esta semana con el caso Bankia. Son muchas cosas las que se van a dilucidar. Veremos como acaba esta batalla”.

Un impacto jurídico que afecta miles de consumidores

Otro de los momentos de este Congreso fue la sesión del impacto jurídico con intervenciones destacadas de magistrados, abogados y asesores de entidades financieras moderada por Cristina Jiménez Savourido,presidenta de Fundación FIDE.

José Plaza, socio director del Bufete Rosales, se confesó como en el 2008 el despacho dio un giro a su estrategia ante las primeras preferentes “ Luego nos dimos cuenta que debíamos trabajar a éxito y con eso llegaron nuestros primeros 30.000 clientes en temas hipotecarios”.

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“El despacho ha logrado el 99% de éxito en sus sentencias”. En otro turno advirtió de la connivencia de los políticos con la banca. “

Sobre ese trato de favor a la banca recordó que “el decreto Guindos que se puso en marcha para buscar una solución extrajudicial fue un fiasco. Todo lo organizaba el banco y con posterioridad la creación de los juzgados uniprovinciales de cláusulas suelo ha generado un colapso importante de los tribunales, como ya se presuponía”.

También fue crítico con la actitud de la banca “siempre quieren ir a los tribunales, nunca se allanan pese a las sentencias que les llegan en contra”. Y recordó que habría que modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para permitir las demandas colectivas.

Mesa sobre el impacto económico. De izquierda a derecha, Ignasi F. Senespleda, Miguel Sánchez, José Plaza, Carlos Garnica, Cristina Jiménez Savourido, Ignacio Canle, Patricia Suçarez, Simona Levi y Agustín Azparren. Twitter.

Por su parte, Agustín Azparren, ex magistrado y ahora impulsor de la mediación en el despacho de abogados ONTIER, recordó que “aunque siempre se dice que la mediación no funciona en este país porque falta cultura de entendimiento, esto no es así. En los últimos cinco años se ha avanzado a nivel financiero en su práctica. Ahora con el Anteproyecto que va al Consejo de Ministros de este viernes, esperemos que se logre impulsarla más y mejor, aunque la ‘vacatio legis’ que se plantea de tres años no tiene mucho sentido”.

También apuntó que en su relación con las entidades bancarias siempre advirtió el escaso interés de estas entidades por impulsar este método extrajudicial “En juzgados como los de Málaga un asunto de cláusulas abusivas puede llegar a tardar siete años, cuestión que en la mediación podríamos hablar de varias semanas”.

Desde el punto de vista práctico comento que con una entidad bancaria había realizado cerca de trescientas mediaciones lo que había hecho ahorrarse al propio banco cerda de millón y medio de euros.

Mesa sobre Registradores y Mercado Hipotecario: Rocío Perteger, registradora y directora del Servicio de Consumidores del Colegio de Registradores, Carlos Berbell, director de Confilegal, Carlos Ballugera, registrador de la Propiedad de Bilbao y Patricia Suárez. Twitter.

Asesores de banca piden seguridad jurídica

Ya no es aquel actor objetivo que nuestra legislación de 1984 lo definía de esa manera “ya no se habla tanto de un consumidor con capacidad jurídica que sabe bien lo que hace y firma, sino que presuponemos que no sabe nada, que es casi incapaz y que no sabe realmente lo que hace. Eso ha hecho que al lado del consumidor el concepto de diligencia haya desaparecido”,

A su juicio en esta crisis económica y en años posteriores “es muy importante hablar de la corresponsabilidad del consumidor junto con la banca de muchas de las situaciones que han surgido a nivel hipotecario”.

Esa corresponsabilidad, desde su punto de vista, es necesaria para que vuelva a entablarse una relación de confianza entre los propios clientes y sus entidades financieras.

Curiosamente cuando comentó  que no había tanta desconfianza respecto a las citadas entidades bancarias un comentario de desaprobación se oyó en toda la sala a nivel de queja por dicha afirmación.

Entre los asistentes, Pablo Rabanal, consejero delegado de Reclamador.es , uno de los portales online que mejor ha acercado la problemática de la justicia al consumidor, poniéndole fácil defender sus derechos a través de su página web “creo que se va a dar otra crisis como la del 2008 a nivel de burbuja inmobiliaria. Los grandes fondos avisan que en un año medio pasaremos por una. El sector público ha crecido de forma desmesurada, lo que le hace ineficiente, Sin el uso de la tecnología no avanzará lo que debiera”.

En cuanto a la protección de los consumidores cree que hay que mejorar bastante “sus derechos están poco protegidos. Esa comparativa la llevamos al Senado. En Centroeuropa se resuelve un pleito del consumidor en 160 días.

En España un pleito sobre cláusula suelo, gastos o hipotecario alcanza los 760 días, lo que es un auténtico disparate”.

A su juicio, el sistema protege al infractor y la penalización que se ofrece no es importante para frenar ciertos comportamientos y proteger los derechos de los consumidores”.

Carlos Balmisa, director de control interno de la CNMV, durante su intervención, junto a Fernando Tejada, director del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España.
Mesa sobre la influencia de la jurisprudencia del TJUE en España; de derecha a izquierda, Francisco González, magistrado, Patricia Suárez, Ana Samboal, periodista, Jesús Sánchez, abogado y secretario del Colegio de Abogados de Barcelona, y Cristina Vallejo. Twitter.

La protección penal del consumidor

El turno de intervenciones de este X Congreso de Asufin lo realizó el exfiscal general del Estado y ahora magistrado de la Sala Penal, Julián Sánchez Melgar, quien explicó a los asistentes el concepto de la protección penal del consumidor.

Recordó que en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado impulso la Circular 2/2018 sobre protección de derechos de los consumidores y usuarios siguiendo la estela del articulo 51 de la Constitución donde se habla de la protección de dichos consumidores por parte de los poderes públicos.

También recordó que en el 2014 se produce una modificación del texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios. Eso hace que al Ministerio Fiscal se le atribuyan cualquier acción tanto colectiva como individual en defensa de dichos derechos “Soy partidario de la especialización de los fiscales, siempre viene provocada por los cambios sociales, tecnológicos  y normativos. De esa forma se configuro la Fiscalía de Consumo que debe ahora regularse para ponerse en marcha”, aclaró.

Juan Sánchez Melgar, magistrado del Tribunal Supremo y exfiscal general del Estado, cerró la jornada del Congreso de ASUFIN. Twitter.

Para Sánchez Melgar, “los fiscales deben acceder a la información, actuar con posterioridad y formarse. Al mismo tiempo están mentalizados que deben proteger al consumidor más vulnerable, Creo que en consumo hay mayor sensibilización”.

Y recordó que en el Título XIII se habla de la protección penal del consumidor

“Hay delitos contra los consumidores y otros realizados por los propios consumidores”.

Entre ellos destacó los tipificados como la publicidad engañosa, la alteración de los precios de mercado o el uso fraudulento de las tarjetas de crédito que “relacionado con un tercero puede considerarse como una estafa, así lo recoge el nuevo 399 bis del Código Penal”.